En un ambiente de creciente inseguridad en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, busca apoyo en su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mientras se inicia un proceso de revocación de su mandato.
El 24 de octubre, coincidiendo con la llegada de un grupo de ciudadanos al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) para solicitar la revocación de su mandato, Rocha se reunió en la Ciudad de México con legisladores de su partido y aliados, como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Su objetivo era pedir respaldo en cuestiones de seguridad, especialmente tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, que ha desatado una ola de violencia en la entidad.
El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, declaró ante los medios que el gobernador solicitó la confianza del Congreso de la Unión, afirmando que “él no traiciona al pueblo ni los principios de nuestro movimiento y todos le creemos”. Este respaldo se suma al apoyo que Rocha recibió durante una visita previa al Senado.
En su reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Rocha también abordó la crítica situación de inseguridad en Sinaloa. Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su apoyo en la lucha contra la delincuencia y reafirmó el compromiso de trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad de los sinaloenses.
Sin embargo, el panorama no es alentador. Este mismo día, un grupo de entre 30 y 40 ciudadanos acudió al IEES para iniciar el proceso de revocación de mandato, citando como motivo la creciente ola de inseguridad en el estado. Según el Consejo Estatal de Seguridad Pública, más de 200 homicidios se han registrado en el estado en el último mes. “Hoy es una urgencia quitar al gobernador Rubén Rocha Moya. Es una necesidad que miles de empresarios y ciudadanos están pidiendo”, expresó uno de los manifestantes, resaltando la frustración colectiva ante la situación.
Según la Ley de Revocación de Mandato, la única causa para revocar el mandato es la “pérdida de confianza”. Para proceder, al menos el 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal deberá participar en el proceso, abarcando un mínimo de 11 municipios.
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