CIUDAD DE MÉXICO, 19 agosto, (Almomento MX).- Durante la segunda jornada de las mesas de trabajo “Legislación, Derechos Humanos y Género: avances, obstáculos y propuestas para una agenda legislativa”, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, informó que se convocará a una reunión nacional con organizaciones sociales para responder a los requerimientos de las mujeres mexicana y fortalecer sus derechos humanos.
“Hoy más que nunca se necesita una visión crítica, objetiva y realista. Aunque es un alcance la paridad en el Congreso de la Unión, no se resuelve el problema. Lo que trascendería sería la historia que hagamos para transformar la vida de las mujeres fuera”, detalló.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Ángela Quiroga Quiroga, destacó la necesidad de contar con tipos penales homologados en materia de feminicidios. Además, señaló que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debe contener una estrcutura mínima de atención ministerial y especificar cómo deben ser las fiscalías especializadas para garantizar la operatividad de la ley.
Durante su ponencia “Desafíos en la implementación estatal y municipal en los protocolos de actuación para prevenir la trata de personas, búsqueda y localización, criterios para homologar tipos penales”, propuso etiquetar recursos para garantizar acciones concretas y específicas de operatividad y legislar tipos penales básicos de violencia contra la mujer.
La funcionaria resaltó que de no incorporar la homologación del feminicidio, se corre el riego de que cualquier día se cambie, dependiendo del momento político y la coyuntura de cada entidad. Es por ello, que la importancia de tener tipos penales homologados desde la ley general, para contar con mejores herramientas de sanción, puntualizó.
Añadió que en la procuradurías no hay comunicación entre ola materia penal y la familiar. Ejemplificó: un padre que abusó de su hija, sigue un proceso penal pero, al mismo tiempo, hay un ordenamiento en un juzgado familiar para que ambos tengan convivencia porque tienen ese derecho, “el resultado es una mamá que huye con su hija a un cuarto de hotel para que nos las encuentre. Es insensato”, lamentó.
En tanto la secretaria de la Comisión de Justicia, María Gloria Hernández Madrid, durante su ponencia sobre “Modelos de Atención de los Centros de Justicia para Mujeres. El caso Hidalgo” habló sobre la necesidad de contar con recursos suficientes para fomentar talleres de contención para que los operadores de los centros de justicia cuenten con atención psicológica e incluso, agregó, que continúen con talleres de masculinidad, donde se atienden a quienes realizaron conductas violentas.
Mientras tanto, en la Mesa “Igualdad de Género y Legislación en México: Balance, Avance Obstáculos y Propuestas para una Agenda Legislativa”, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, afirmó que en México cada cuatro hora se consuma el asesinato de una mujer, lo que totaliza seis al día, 180 al mes y dos mil 160 al año.
Detalló que entre 1984 y 2014 se cometieron más de 47 mil homicidios con presunción de feminicidio, cuyas hijas o hijos quedaron al cuidado de abuelas y abuelos. Pidió medidas de atención para ellos y que desde la legislación civil de todas las entidades, el feminicidio de la pareja sea motivo suficiente y automático para que pierda la patria protestad el agresor sobreviviente.
Finalmente, la coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez Hernández, pidió al legislativo sumarse mediante un punto de acuerdo a la exigencia de que las autoridades garanticen la seguridad y protección de las presidentas municipales que han sido amenazadas o agredidas por el hecho de ser mujer.
Contextualizó sobre el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, víctima de la quema de su casa y violencia política, quien se vio obligada a renunciar a su cargo por decreto del Congrso de Chiapas y que, por sentencia del Tribunal Electora, debe ser restituida.
De esta manera, la coordinadora cuestionó a los agresores que se encuentran detenidos o bajo proceso frente a los 219 mil casos de violencia que se han registrado en toda la República, “existen cientos de medidas cautelares, cursos de capacitación e iniciativas de ley, pero cuántos agresores se han encarcelado”, señaló.
AM.MX/dvb
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