La Comisión Permanente solicitó al Gobierno Federal y a las autoridades de las entidades federativas, coordinación en la implementación de políticas públicas para mejorar la operación de los centros penitenciarios del país.
En el dictamen aprobado, se advierte que “el sistema penitenciario es parte fundamental en las estrategias de seguridad pública, toda vez que –como lo establece la Constitución– se da paso a la reinserción de aquellos sujetos que han sido participes de hechos socialmente nocivos”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 375 centros de reclusión albergan 216 mil 831 personas privadas de la libertad, distribuidas en 278 cárceles estatales y 17 federales; 13 dependen del Gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales.
Según el reporte, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Comisión Permanente, el pasado 17 de mayo, la capacidad instalada total es para 212 mil 144 personas, por lo que existe una sobrepoblación relativa de cuatro mil 687 personas.
En el mismo documento, se destacan algunos acontecimientos que se han registrado en los centros de reclusión, como el ocurrido el 11 de febrero de 2016 cuando se suscitó un motín en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, con resultado de 49 muertos y 12 heridos.
Los legisladores subrayaron que el proceso de reinserción social “puede darse únicamente cuando se cuenta con un marco normativo adecuado, una situación que atiende el tema de los recursos humanos en las prisiones a la altura de su misión y con las instalaciones que garanticen permanentemente la seguridad de las personas”.
“El principio de reinserción social es un mandato, cuyo cumplimiento significa aprovechar el tiempo de las personas privadas de la libertad, para que puedan desarrollar capacidades y actitudes, aprender un oficio y trabajar”, puntualizaron.
