La ministra Lenia Batres Guadarrama ha sido acusada de utilizar recursos públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para asistir a eventos en los que se defendió la reforma judicial impulsada por el partido Morena.
Según información obtenida por Latinus a través de solicitudes de transparencia, Batres realizó una serie de viajes a diversas ciudades del país, incluyendo San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Mérida, Monterrey, San Cristóbal de las Casas, Oaxaca, Tijuana, Mexicali y La Paz.
Los informes de comisión y gastos presentados por la ministra indican que estos viajes ocurrieron durante julio y agosto. Las fechas coinciden con publicaciones en sus redes sociales donde mostró su participación en foros organizados por funcionarios y legisladores de Morena.
En total, la Suprema Corte desembolsó casi 160 mil pesos en viáticos para Batres y su asesor, Eduardo Murillo Torres.
La ministra ha defendido públicamente la reforma judicial, argumentando que es necesaria para corregir fallas estructurales en el sistema judicial mexicano. Durante un mitin reciente, Batres afirmó que el Poder Judicial ha sido «caro, elitista y con fuertes sesgos racistas y clasistas».
Sin embargo, el uso de recursos públicos para actividades políticas ha generado controversia. Críticos argumentan que esto podría constituir un abuso de poder y una falta de ética en el ejercicio del cargo público. La situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad del Poder Judicial y su papel en la política mexicana.
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