Lilia Arellano
“El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos”: Platón
● “Ley Cienfuegos” y reforma a Banxico, entrampan a AMLO
● Preocupa al fiscal W. Barr, blanqueo para apoyar terrorismo
● Reculan senadores ante las fuertes reacciones internacionales
Ciudad de México, 13 de diciembre de 2020.- La modificación del marco jurídico nacional para ajustarlo a los deseos personales del presidente López Obrador, a los fines exclusivos de la auto denominada cuarta transformación y, además, en beneficio particular de sus aliados políticos, provoca a México más problemas que beneficios por las consecuencias de las leyes aprobadas con la aplanadora legislativa de Morena y sus satélites, sin contemplar la opinión de los sectores involucrados y los entes e instituciones reguladas. Son los casos de la llamada “Ley Cienfuegos”, es decir, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, y de las nuevas modificaciones a los reglamentos de operación del Banco de México, las cuales benefician a grupos y personas específicas con todo el peligro que ello implica al considerar expertos se convierte al banco central en una auténtica “lavadora”. Lo aprobado repercute en una serie de obstáculos a la relación bilateral con los EU en un momento clave del mandato del tabasqueño y al arrancar una nueva administración en el vecino del norte.
Existen peligrosas consecuencias en la aprobación de ambas iniciativas. Al buscar el historial nos encontramos con una nueva farsa. Las actividades de agentes y personal ligado a dependencias del gobierno norteamericano como la CIA, la DEA y otras, ya se encontraban perfectamente reguladas. Así, se despiertan sospechas del contenido total y de las intenciones, más allá de lo mediático en esta actuación. Lo aterior se liga, un par de días después, con lo aprobado en cuanto a la recepción y cambio de dólares a pesos, sin investigación sobre su procedencia de por medio, unido al depósito directo a una institución bancaria, convierte la operación en un lavado de dinero oficial, realizado nada más y nada menos que por el Banco central mexicano.
Estas determinaciones han provocado, en principio, una fuerte reacción por parte de los Estados Unidos. El fiscal general de ese país, William Barr, asegura solo se beneficia al crimen organizado con las reformas a la Ley de Seguridad: “La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las organizaciones trasnacionales violentas y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta y haría que estuvieran menos seguros los ciudadanos tanto de México como de Estados Unidos”. Por si no fuera suficiente recordó a las autoridades mexicanas la reciente liberación del general Salvador Cienfuegos, lo cual, subrayó, se dio con base a la cooperación bilateral misma “que tiene lugar en el marco de nuestra ya establecida estructura diseñada para atender conjuntamente nuestros desafíos comunes”.
Lo dicho por Barr, confirma la farsa de una inexistente regulación, pero la advertencia también está inserta en sus expresiones: “organizaciones trasnacionales violentas”, “menos seguros los ciudadanos tanto de México como de Estados Unidos”. Se ha visto que, aún y cuando se habla mucho de narcotráfico, la mirada de EU está puesta en el terrorismo y el hecho de poder blanquear dinero modificando la estructura de Banxico y la reforma a la Ley de Seguridad los pone alertas sobre la posibilidad real de financiamiento hacia esta actividad. Al respecto el General John F. Kelly, ex jefe de gabinete de Donald Trump, advirtió de las relaciones del cartel de Sinaloa con Hezbollah y Al Qaeda. Douglas Faraj, del Instituto de Estudios Estratégicos del United States Army War College, destacó que los Zetas y el grupo de Hezbollah tenían el mismo blanqueador de dinero: Ayman Joumaa.
Barr recordó puntualmente: en ánimo de colaboración regresaron al ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvado Cienfuegos, tras ser detenido por agentes de la DEA. “Como siempre, nuestra cooperación se da dentro del contexto de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos: por eso, por ejemplo, recientemente, Estados Unidos devolvió al ex secretario Cienfuegos a México, para permitirle ser investigado allí”. Precisamente este caso impulsó al presidente López Obrador, el viernes 4 de diciembre pasado, a remitir al Senado su propuesta de Ley Nacional de Seguridad, disque para regular las labores de los agentes extranjeros en nuestro país, ignorando tal vez la existencia de todos los protocolos vigentes.
Dicha reforma, denominada popularmente como “Ley Cienfuegos”, avalada ya por el Senado, pasó a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. La nueva legislación establece una supervisión permanente del cumplimiento por parte de “agentes extranjeros” de las nuevas disposiciones creadas, se les obliga a revelar sus identidades encubiertas al gobierno mexicano, y se exige la entrega mensual de reportes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, las tareas emprendidas y deben compartir la información recopilada en el país. En el artículo 70 también se establece: si servidores públicos de los estados y municipios sostienen alguna reunión, intercambian información, sostienen llamadas telefónicas o comunicaciones con agentes extranjeros, deberán entregar un informe por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la de Seguridad Pública.
La preocupación sobre las derivaciones de la llamada “Ley Cienfuegos” llevaron a los funcionarios de Estados Unidos, a través de su embajada, a convocar a servidores públicos del gobierno de López Obrador a reuniones en las últimas dos semanas, realizadas en la sede de la Cancillería, para analizar los alcances de la nueva Ley de Seguridad Nacional aprobada por el Senado, especialmente lo relacionado con la inmunidad diplomática de los agentes de ese país. Los funcionarios de la embajada estadounidense externaron su preocupación por la pérdida de inmunidad diplomática de sus agentes desplegados en México en tareas de inteligencia y aplicación de la ley. Funcionarios mexicanos intentaron convencer a sus contrapartes de EU sobre el propósito de la nueva ley, enmarcando no se trata de reducir la cooperación bilateral, sino está en el interés del gobierno de México fortalecer los canales y mecanismos de cooperación. También expusieron se busca con estas acciones elevar a legislación los acuerdos informales que se tienen con Estados Unidos desde hace años en la materia y se persigue también un propósito de reorganización interna al respecto.
La posibilidad de retornar a la calificación expedida por EU, existe, como también se etiquete al país por no presentar un frente firme al terrorismo, siendo éste el verdadero “coco” para gobierno y ciudadanos estadounidenses y ahora… también mexicanos.
DEA EN MÉXICO
La DEA tiene una oficina central en la Ciudad de México y cinco regionales ubicadas en Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; Mazatlán, Sinaloa; Mérida, Yucatán; y Monterrey, Nuevo León. Desde el gobierno de Felipe Calderón, a quien se le obligó a firmar el Plan México o Iniciativa Mérida, los EU han aportado miles de millones de dólares en equipo y entrenamiento a fuerzas mexicanas para presuntamente fortalecer la seguridad y justicia en el país, a cambio recibieron carta blanca para actuar en territorio mexicano. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 9 de abril de 2015, el Congreso avaló una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para permitir a agentes extranjeros la portación de armas. Ante las críticas, la Sedena precisó: los permisos extraordinarios son únicamente para servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, así como personal de seguridad en labores de protección a jefes de Estado en vistas oficiales.
BANXICO ENTRA AL CAMPO EXPECULATIVO
Tras el aval a la nueva Ley del Banco de México, cumpliendo los senadores las órdenes del presidente López Obrador, y luego de las observaciones y críticas de integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico y expertos financieros internacionales, ahora los coordinadores de grupos parlamentarios del Senado manifestaron estar abiertos a modificar la reforma aprobada el pasado 9 de diciembre. En un comunicado, señalaron: “En un régimen democrático, ningún tema debe estar limitado para su análisis y discusión. Todas la voces deben participar hasta alcanzar la mejor solución para el país”. Indicaron estár abiertos al proceso legislativo a desarrollar, pero sí es el caso, recibirán de manera abierta las modificaciones consideradas viables o aquellas provenientes del Ejecutivo para ser incorporadas si con ello se perfecciona el contenido para mejorar la situación económica y social del país.
En la Cámara de Diputados hasta el ex dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, indicó: dicha reforma debe ser motivo de una gran discusión nacional, y por ello no puede salir por la “vía rápida”. La reforma a la ley del Banxico no responde a ninguna urgencia nacional y, acotó, es falso se ayude a las familias de los mexicanos en el extranjero. En su cuenta de Twitter, explicó la reforma sólo apoya a bancos que se niegan o no pueden tener corresponsales para repatriar o transferir monedas extranjeras, como es el caso de Banco Azteca.
Jonathan Heath, uno de los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico, señaló en Twitter: “Son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la Ley del Banco de México. Uno de los más importantes es que no se vale reformar una ley para favorecer a una sola empresa, en especial con antecedentes negativas con la SEC de EEUU”, en clara referencia al magnate Ricardo Salinas. Lo que hace esta reforma, en una palabra, es poner al Banco de México al servicio de Salinas.
El Senado de la República aprobó la nueva Ley del Banco de México, la cual busca actúe como última instancia y compre los dólares excedentes del sistema financiero mexicano, para repatriarlos de manera segura a Estados Unidos, con el fin de ser parte de las reservas internacionales. Si se aprueba en la Cámara de Diputados, el Banco Central advirtió está dispuesto a defenderse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente en la compra de dólares se busca se observen estándares mínimos de seguridad entre clientes y usuarios, procesos de verificación, monitores de operaciones inusuales, evaluación de riesgos y generación de reportes de información que soporten las operaciones de dólares en efectivo para su envío al Banco de México.
De aprobarse la iniciativa en su texto actual, se permitirá a los narco dólares llegar a las reservas internacionales, alertaron diversos analistas. En un caso extremo, llevaría a la Reserva Federal de EU o alguna otra autoridad internacional a solicitar el congelamiento, la confiscación y/o la prohibición a instituciones de otros paises para realizar operaciones con el Banco de México. La iniciativa propone expresamente sea Banxico quien absorba los dólares incautados por el gobierno, provenientes, inclusive, de actividades prohibidas.
Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, advirtió a los diputados federales que si insisten en los cambios lesivos a su legislación se sentará un mal precedente en su operación como organismo autónomo, trasladándole, además, los riesgos vinculados al lavado de dinero. El Banco Central, mientras tanto, se prepara para interponer una controversia constitucional ante la SCJN, con el objetivo de detener los cambios a su legislación que pretende el Poder Legislativo.
Las adversas consecuencias de esta ley son: vulnerar la autonomía del Banco de México porque por ley se le ordena comprar activos, cuando precisamente por su autonomía es el propio instituto el que toma esas decisiones; al ponerse en duda la reputación de Banxico, estaría imposibilitado de procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso y de ejercer su función como agente financiero del gobierno mexicano. No está claro por qué poner en riesgo la potestad sobre los casi 200 mil millones de dólares de reservas internacionales que ejerce Banxico, lo que minaría la principal ancla de confianza que tiene México a los ojos de los mercados locales e internacionales.
DE LOS PASILLOS
Aunque no lo reconozcan y lo hayan dejado de lado, la Ciudad de México, su área metropolitana y el Estado de México ya están en semáforo rojo por la extensión de la pandemia por Covid-19. Este fin de semana se rompieron récords de contagios y fallecimientos. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a cumplir cinco reglas básicas para cortar la curva de contagios en la capital del país: 1) Quedarte en casa, si no tienes que salir no salgas; 2) Si es indispensable salir, usar cubrebocas y mantén sana distancia siempre; 3) No fiestas, no posadas, ni reuniones con amigos o familiares; 4) Las compras las debe realizar una sola persona por familia; y 5) Si eres positivo a Covid-19, aíslate 15 días y llama a Locatel para seguimiento médico…
De acuerdo con los propios datos oficiales, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el costo de la delincuencia en México a consecuencia de la inseguridad y delitos en los hogares y negocios ascendió en conjunto a 508 mil millones de pesos en 2019, lo cual equivale a 2.73 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Este monto incluye pérdidas económicas a consecuencia de los delitos y gastos en medidas preventivas, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE). El año pasado, 30.5 por ciento de las unidades económicas fue víctima de algún delito, es decir, 1.5 millones de negocios, destacó Julio Santaella, director del Inegi. El delito con mayor prevalencia delictiva en estos negocios fue el “robo hormiga”, seguido de robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes y la extorsión. Se estima que durante 2019, 34.2 por ciento de las unidades económicas del sector comercio fue víctima de algún delito, 25.4% del sector industrial y 27.8% del sector servicios. El año pasado ocurrieron 3.9 millones de delitos; el delito con mayor incidencia fue la extorsión, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes.
ULTIMA HORA: En la Fiscalía poblana están de plácemes, su titular Gilberto Higuera Bernal, tiene ya la carpeta de investigación relacionada con la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación por la supuesta comisión de un fraude por 254 millones de pesos en perjuicio de la Universidad Autónoma de Puebla. Según fuentes de esa dependencia el rector José Alfredo Esparza Ortíz podría pasar navidad privado de su libertad.
