Lilia Arellano.
“Reformar el poder significa hacer del sistema de impartición de justicia, una instancia independiente de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República”: Colosio
• Ley de Réplica a todo vapor
• Doble lenguaje y entrelineados, la mejor defensa
• Trasnacional refresquera es la “espía intelectual”
• Grupo de Emilio Gamboa ligado al espionaje: FR
• Denuncian amenazas de Peña Nieto vs activistas
• “Ley de Cuates” daña al TEPJF, dicen ciudadanos
• En Q. Roo: legisladores se hacen de la vista gorda
Ciudad de México, 28 de junio de 2017.- Quienes deseen permanecer vivos y libres y estén dedicados a la información en cualquier de sus modalidades, como ejercicio periodístico, a través de las redes, reporteando, analizando, llevando a cabo reportajes, firmando editoriales, construyendo las notas de color, brindando opiniones personales plasmadas en la tinta y el papel o a través de las señales satelitales, deberán seguir puntualmente lo publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 4 de noviembre del año pasado, pero con entrada en vigor el pasado 26 de junio. La reforma al Artículo 6º, párrafo primero de la Carta Magna, mejor conocida como “Ley de Réplica”, es todo un hecho, un gran suceso con el cual se borran los discursitos de la libertad de expresión y esas lindezas ajenas al gobierno actual, llámense municipal, estatal o federal.
La Ley reglamentaria va para todo el país, se dirige y apunta a todos los rincones sin excepción. Los jueces de Distrito serán los encargados de aplicar las multa que van, en promedio, de los equivalentes entre 500 y cinco mil días de salario mínimo a quienes dañen la imagen pública de profesionistas, a los críticos, cuando los citados se sientan agraviados en sus vidas y fama, a los que difundan informaciones falsas o inexactas sobre diversas actividades, incluyendo por supuesto las referentes al gobierno e inclusive a los entes privados. Sin que el lenguaje utilizado en este documento se admita de total limitación, al unir, como en un rompecabezas, cada uno de sus renglones, se impone un cerco, por cierto muy fácil de brincar si se evitan los adjetivos y se hacen señalamientos propios del humor negro o de la lectura entre líneas.
Entran particulares, gobierno y hasta partidos políticos, así como también todos los medios de comunicación conocidos, los que falte por conocer, esos por supuesto, no. Más o menos así tendrá que ser el lenguaje próximo a utilizar, se dice todo en medio de una nada y no como lo hizo Carlos Mimenza, quien se expresó como lo hizo y alcanzó fama más allá de las fronteras quintanarroenses, justo el día de la entrada en vigor de la Ley de Réplica. Si se lo demandan ante un Juez, tendrá que darle cabida en su página de Internet al o los funcionarios mencionados que exijan una reparación del daño hecho a su eficientísima labor, la cual ha permitido solamente se cometa en promedio un crimen por día y no 22 como en Veracruz.
Van a reclamarle al cozumeleño, consecuencias hasta en tres generaciones, porque sus nietos solamente sabrán de estas impugnaciones y no del ardua labor desempeñada dentro del desempeño exitoso, honesto, puntual, en los cargos públicos asignados. Eso si, es lamentable no contemos los ciudadanos con el revire, con uno similar en el cual se pudiera garantizar la imparcialidad y atención de los jueces sobre las denuncias presentadas en contra de quienes ejercen la función pública, el gobierno, de aquellos cuya responsabilidad gira en torno a la aplicación de la justicia o en la elaboración de leyes que hacen posible el Estado de Derecho.
Este será otro nuevo espectáculo. Aunque se puso en el escenario desde el mismísimo martes, al darle respuesta a los señalamientos de Mimenza a través de un boletín surgido del gobierno estatal, en donde aparece en un primer término, como lo más relevante a desmentir, lo que, quiérase o no, está en el dicho de la mayoría de habitantes del estado acompañado de la incertidumbre sobre el futuro al dañarse con hechos sangrientos y con la inseguridad sufrida por habitantes y visitantes, a la actividad central y todavía única: la recepción turística. Lejos de dar explicaciones satisfactorias o reiterar compromisos o hacer otros nuevos o, darles atole con el dedo como acostumbran, se fueron directo en contra del mensajero. Si tiene recabadas firmas que bueno, si no las tiene, también, porque lo cierto es que, por decir lo menos, la percepción ciudadana coincide con sus apreciaciones.
Puede ser Quintana Roo, otra vez, el ejemplo a lo imposible de aplaudir o seguir. Aunque tal vez El Bronco sea quien merece el reconocimiento de la primera piedra con su demanda al grupo de la familia Junco. Porque, por si no lo habíamos notado tan claramente, estos asuntos muchos tienen de familiares y obviamente de caciquiles.
COCACOLEROS DE CORAZÓN
Nuevas revelaciones llevan a considerar que el reportaje de The New York Times en el cual se acusaba al gobierno mexicano de utilizar un programa de espionaje llamado Pegasus, del fabricante NSO Group, para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, está mal enfocado. El autor intelectual del espionaje es otro, muy diferente, y todo parece indicar se trata de la filial de una compañía trasnacional comercializadora de Coca-Cola en México, Femsa. De raíz, los objetivos del espionaje tenían un denominador común: se habían manifestado públicamente a favor de un impuesto nacional a los refrescos en México.
Los encargados de investigar y escribir el reportaje “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, Azam Ahmed y Nicole Perlroth, revelan en una nueva publicación del NYT detalles que llevan a esa conclusión. A principios del 2017, Ahmed se reunió con Mario Patrón, un abogado director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien le explicó: “Están monitoreando nuestros teléfonos”. Amplió que él y dos abogados más de su equipo en el Centro Prodh, entre ellos el que representaba a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, habían sido blanco de un programa espía muy sofisticado que puede intervenir un teléfono celular, incluido el micrófono”.
Dicho software era Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group. Amed y Perlroth pensaron que también sus teléfonos eran blanco de Pegasus, el sistema de rastreo móvil que vigilaba de manera invisible las actividades del teléfono, con acceso a llamadas, conversaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, calendario y detalles bancarios que el usuario revisaba. “Mi teléfono fallaba seguido. Llamaban y colgaban, las llamadas no se conectaban, las aplicaciones se cerraban de pronto. Me desespere tanto que borré el contenido de mi teléfono”, cuenta Ahmed.
NSO Gruop siempre había dicho que sus herramientas sólo se utilizaban para rastrear actividades criminales y terroristas, y que seguían un estricto proceso de investigación para determinar a qué gobiernos les venderían su herramienta. Pero la realidad indica esto no se cumple al 100 por ciento. En México, cada vez más personas eran objetivos del programa espía de NSO Group y no son criminales ni terroristas. “En la mayoría de los casos, eran expertos en política y defensores con buena reputación, algunos de los cuales habían trabajado en el gobierno, pero todos tenían algo en común: se habían manifestado públicamente a favor de un impuesto nacional a los refrescos en México”, destacaron los autores del reportaje.
Una investigación de nuestro colega, Francisco Rodríguez, amplía estos hechos a partir de las interrogantes: “¿A quién interesaba saber qué llamadas recibían o hacían, qué mensajes intercambiaban los activistas Simón Barquera, director e investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Manuel Encarnación, ex director de la Fundación Mídete; y Alejandro Calvillo, fundador de El Poder del Consumidor? ¿Al gobiernito de EPN? ¿O a los refresqueros, quienes se sentían afectados por la iniciativa que éstos empujaron? ¿Tiene algo que ver el hecho de que el vendedor de Pegasus y de otros software espías sea Rodrigo Ruiz de Teresa, hijo del ex coordinador de Puertos y Marina Mercante, miembro de la pandilla que capitanea Emilio Gamboa y en la que son tenientes (Genaro) Borrego y (Jorge) Juraidini?”
Ruiz de Teresa, destaca, es también el agente vendedor de otro programa intrusivo conocido como Remote Control System (RCS) de la italiana Hackin Team, el más comprado por dependencias del gobierno federal, gobiernos estatales y empresas privadas. “Es más que probable, sí, que el gobiernito haya mandato a espiar a algunos de los blancos que se han hecho públicos, pero a partir de la información recabada entre expertos, más pareciera que se trata de un esfuerzo “personal” o “institucional”, en donde los enanos le crecieron a Peña Nieto, a quien han dejado sólo”, subraya Francisco Rodríguez.
Mientras todas estas interrogantes finalmente llegan a aclararse, el escándalo sigue en los niveles internacionales. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el FBI y otros organismos internacionales apoyarán la investigación del presunto espionaje a periodistas y activistas, pero a la fecha la Embajada de Estados Unidos en México no tenía conocimiento de una solicitud en ese sentido del gobierno mexicano. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Branda Velázquez Valdez, presentó una denuncia ante la PGR por “las amenazas perpetradas contra los periodistas y activistas que han acusado al gobierno como culpable de diversos ataques a la privacidad de sus comunicaciones utilizando el malware Pegasus”.
El Ejecutivo federal juzgó y ordenó una investigación contra quienes han denunciado ser víctimas de espionaje, por lo cual la legisladora estimó que “está actuando con excesos de su función, al tratar de intimidar a los profesionales de la comunicación” y subrayó: “no se puede permitir que se siga violando de manera impune el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión”.
Para los integrantes de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción la respuesta del gobierno mexicano a los señalamientos en contra de algunas dependencias de realizar espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos no puede limitarse a persecución penal bajo el enfoque de afectaciones a la libertad de expresión. Lamentan que Peña Nieto haya desestimado la denuncia de varios afectados por un presunto espionaje, pues con ello “se evidencia que los gobernantes mantienen una política de responsabilizar a las víctimas de las violaciones de que son objeto”.
Organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana y defensores como Abel Barrera o Edgar Cortez, consideraron que las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal “pretenden ignorar que es estricta responsabilidad de las instituciones de procuración de justicia y administración esclarecer hechos como los denunciados y deslindar responsabilidades. En este caso la acusación recae directamente sobre el Ejecutivo y la única posibilidad existente es pedirle al mismo que investigue”.
El grupo de apoyo técnico para las indagatorias -anunciado el lunes por la PGR- “se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control de daños, pero no el esclarecimiento de los hechos”, señalaron. También exigieron que los órganos internos de control de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la visitaduría general de la PGR, “realicen las respectivas investigaciones internas para determinar qué funcionarios, e incluso particulares, tuvieron acceso al uso de cualquier programa de espionaje y la utilización realizada del mismo”. Asimismo, demandaron se transparenten los contratos respectivos a fin de determinar su apego al marco jurídico y saber quiénes fueron las personas que pudieron acceder a esta información.
FEMSA, la embotelladora más grande del país, tuvo en sus filas, como empleado vendedor al ex presidente Vicente Fox; se recordará fue expulsada por el finado presidente venezolano Hugo Chávez; contar con toda la información recabada ¿a quién le sirve? ¿Nada más al gobierno mexicano? ¿A uno por uno nos están rematando, vendiendo, alquilando? ¿El poder económico que representan le impide al mexiquense actuar? ¿Cuál ha sido el papel desempeñado por sus socios cuyas plantas se encuentran en diferentes entidades del país? ¿Alguien quiere pedir chamba en este grupo o se prefiere la imaginaria con el teléfono colgado y tal vez descompuesto?
DE LOS PASILLOS
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la llamada “Ley de Cuates” para prolongar el mandato de los nuevos magistrados electorales, fue condenada por activistas y representantes de la sociedad civil, quienes advirtieron esa acción daña la credibilidad de la Corte y deja “tocado” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para calificar las elecciones presidenciales del 2018… La política le ganó al derecho, consideró Luis Fernández, presidente del consejo de Participando por México. Quienes avalaron la constitucionalidad de la reforma que “apapachó” a los nuevos magistrados presentaron argumentos muy frágiles. Consideró que la decisión manda una muy mala señal frente a las elecciones del próximo año, ya que el respaldo a dicha ley pone en evidencia que las designaciones se realizan con una lógica de cuotas… Una voz reconocida, la de Alfonso Zárate, al referirse a esta prolongación de los magistrados hasta en las próximos dos elecciones sexenales, sostiene lo difícil para un investigador serio, capacitado, culto, pasar de recibir un sueldo de tal vez 30 o 40 mil pasos a uno doce veces mayor. ¿A quien o quienes se les agradece semejante favor? La imparcialidad y una verdadera democracia es lo que está en juego…
Por desviar hacia el PRI 14.6 millones de pesos, cuatro ex funcionarios del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, fueron vinculados a proceso por un juez federal. Ante la Secretaría de la Función Pública, el ex secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral; el director de Egresos de esa dependencia, Jesús Olivas Arzate; el titular de la dirección de programación y control de pagos, Miguel Ángel Mexquitic Aguirre, y el secretario de administración y finanzas del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, fueron acusados de retener indebidamente un porcentaje del salario de empleados del gobierno estatal, a favor del PRI. Presuntamente, participaron en el desvío de por lo menos 14 millones 609 mil 583 pesos que habrían sido entregados al Revolucionario Institucional… La desviación hacia un partido político ¿los convierte en delincuentes electorales? O tal señalamiento es de uso exclusivo en tiempos en los cuales se celebran comicios… Porque es poquito, es una suma chiquita y con eso del nuevo sistema de justicia y la puesta en marcha de la Ley de Réplica finalice el asunto con una disculpa de los ciudadanos otorgada de manera pública, en un gran templete, en el punto más concurrido en Chihuahua y todos sean testigos de la devolución, con intereses obviamente, de la multa injustamente impuesta. Eso sí, inocentes no serían.
En tanto, el ex gobernador César Duarte está acusado de haber ocasionado un desfalco para el estado de cerca de 5 mil millones de pesos… Cifra mucho mayor a los 200 millones referidos por Javier Duarte como parte del quebranto denunciado por Miguel Ángel Yunes y por lo cual el veracruzano se mostró muy sonriente, finalmente hablaron de una cantidad por la que está dispuesto a revelar quien dio la orden de pasarla de una cuenta del gobierno a otra sin su conocimiento, intervención y aprobación. En la solicitud de extradición si solamente esa aparece en la exhibición estatal, ya se salvó de todas las demás y de ahí estuviera burlón y sonriente. Dicharacheros como son, habrá pensado en su interior: “me la acaban de pel…”. En menos de dos semanas contando desde hoy, sabremos de la risita y de las prebendas en su nuevo hogar en donde la ley de la oferta y la demanda, del libre mercado, del autogobierno y los premios a la corrupción, el aplauso al delincuente mayor y las visitas conyugales sin interrupciones, auguran una estancia feliz, sobre todo si quienes podrían lanzar algún reproche o llorar las desventuras y la mala fama están detrás del “gran charco”.
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