Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Desde que asumió el poder el morenato obradorista hace poco más de seis años, uno de sus principales objetivos fue limitar la libertad de expresión en redes sociales y medios de comunicación.
Ello fue patente y explícito desde el mismo comienzo del régimen. La estrategia de denostar sistemáticamente a todos los críticos desde el “púlpito” presidencial mañanero, la toma por asalto de los medios públicos para convertirlos en vergonzosos difusores de propaganda del más ínfimo nivel y la promoción –con recursos públicos- de aduladores, textoservidores, youtubers, bots y troles replicadores de las versiones oficiales –por inverosímiles e idiotas que fuesen-, contaminó hasta grados irreversibles el intercambio público, con el objetivo de apoderarse de la narrativa e imponer la visión gubernamental.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se horadó la estabilidad de medios y periodistas críticos, a quienes les aplicaron la máxima lopezportillista del “no pago para que me peguen”, como si el presupuesto de comunicación social fuera para pagar paleros en lugar de para rendir cuentas e informar sobre las acciones del gobierno, además de que se les expuso al escarnio y el linchamiento público desde las conferencias presidenciales matutinas, que también se financian, hasta la fecha, con recursos públicos.
López Obrador selló su legado autoritario ordenando, luego de la elección de Estado de junio de 2024, la desaparición de todos los organismos que limitaban –con sobrada razón- el poder descontrolado del gobierno central y lo obligaban a rendir cuentas, especialmente el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, lo que ha implicado un retroceso de proporciones históricas, que nos deja a los ciudadanos en una condición de indefensión que no se conocía desde principios de la década de los 90. Aunque hay quien la ubica en la circunstancia del México de los años 50.
Precisamente, tras la desaparición del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, que regulaba a los medios electrónicos y al espectro radioeléctrico, el régimen se vio obligado a encontrarle un sustituto rápidamente. Pero no uno que gozara de autonomía como el “difunto” IFT, sino uno que estuviese totalmente controlado por el gobierno.
Eso mismo es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el organismo contemplado en la iniciativa de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada al Congreso de la Unión por Claudia Sheinbaum, que este jueves fue aprobada en comisiones del Senado sin moverle una coma, y que pretenden sacar sin mayor discusión a principios de la semana entrante.
Una de las funciones que se le confieren a la Agencia es la de “bajar el switch” a las concesiones de radio y televisión comercial, para lo cual, les vino “como anillo al dedo” la extraña y muy “oportuna” difusión de propaganda antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos en Televisa/Nmás y TV Azteca este fin de semana. Potestad que, valga hacer la precisión, siempre ha tenido el Estado mexicano, aunque nunca la ha usado contra los principales consorcios de comunicaciones del país.
Pero el punto central es otro. La iniciativa de marras establece, en su artículo 109, que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por cumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que le sean aplicables. La agencia emitirá los lineamientos que regulan el procedimiento de bloqueo a una plataforma digital”.
Esto no significa otra cosa que el gobierno se arroga la facultad de ejercer, de manera discrecional y hasta arbitraria, la CENSURA contra las “benditas redes sociales”, cuya narrativa cada vez le resulta más difícil controlar; y contra los medios informativos digitales. De la misma manera que sucede en países como Rusia, Corea del Norte, China y Venezuela –aunque se revuelquen por la comparación-, cuyos gobiernos han aplicado esa medida para acallar críticas y aplastar las voces de oposición.
Según Claudia Sheinbaum, no hay intención de ejercer censura y que más bien “hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales, en todo caso hay que corregir la propia redacción”. Eso lo dijo por la mañana de este jueves. Pero el dictamen de la iniciativa se votó y aprobó por la tarde, sin modificarle absolutamente nada. Lo que buscan es muy claro.
El periodista Daniel Moreno Chávez lo sintetizó muy claramente en su cuenta de X: “Por años presumieron que eran todos unos demócratas. Hablaban de libertad de expresión, defendían el periodismo y las redes sociales, crearon medios, escribieron hartos textos… El tiempo ha probado que eran solo autoritarios sin poder”.
La #LeyCensura, como ya se le motejó, se trata, sin exagerar, de la amenaza más abierta y grave contra la libertad de expresión en México de los últimos 50 años. El “zarpazo” que le faltaba al régimen para terminar de demoler la frágil y fallida democracia de este país.
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