Joel Hernández Santiago
Los políticos ven con desprecio a los periodistas. Los acusan de exponer públicamente sus errores y los someten al escrutinio público. No es de hoy, ni de ayer, desde que la prensa apareció en nuestro país así ha sido.
Pero si es hoy y desde hace algunos años en los que uno suponía que las cosas abrían de cambiar y que nuestras libertades y derechos constitucionales serían fortalecidos bajo toda circunstancia: No ha sido así.
Cada vez que un político está en campaña para conseguir un puesto de elección popular subraya día a día y en cualquier lugar del espacio que quiere gobernar, que será respetuoso de la Libertad de Expresión y de pensamiento y de imprenta y del derecho a la información. Todo eso que está en la Constitución mexicana y que nos constituye -precisamente- como una nación libre, soberana, con derechos y libertades.
Pero no. Todo parece ir a la inversa y ya volvemos a los tiempos de la gran censura, de los viajes de rectificación que hacían políticos mexicanos para que los periodistas se desdijeran de lo que publicaron como crítica de gobierno.
Hoy en Jalisco, Tamaulipas, Campeche, Puebla y otras entidades del país hay persecución a la libertad de expresión. Podrán decir mandatarios federales, gobernadores o presidentes municipales que no, no y no, que ellos respetan tal derecho, pero en los hechos las cosas son distintas.
Bajita la mano, políticos y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno acosan a periodistas críticos, aquellos que dan a conocer lo que los políticos quieren ocultar en perjuicio del país y de los mexicanos; lo que desde el ámbito de la función pública va en contra de los intereses sociales y nacionales.
Tan sólo en Campeche, por citar un ejemplo, la gobernadora Layda Sansores se sintió ofendida por las críticas que hizo de su gobierno el periodista Jorge Luis González Valdez. Fue denunciado ante la autoridad acusado de “discurso de odio” e “incitación al odio y a la violencia”. Una juez le dio la razón y el acusado tendría que dejar de ejercer el periodismo por un tiempo determinado y pagar una multa de aproximadamente 2 millones de pesos para “resarcir los daños causados”.
En Puebla el gobernador Alejandro Armenta Mier promovió una “Ley de Ciberseguridad” para castigar a quienes hagan crítica a través de las redes sociales. Naturalmente esta ley está dirigida a quienes critiquen a su gobierno y a su gabinete. De hecho, la Ley que promueve ha sido denominada como “Ley Censura” en la entidad y fuera de ella.
Pero estos son dos ejemplos de atentado a la libertad de expresión que más a la vista están por ser recientes y porque provienen de la máxima autoridad estatal.
Y lo dicho. Esta persecución y acoso no son nuevas y no es exclusivo de nuestro país. Existe y muy extrema esta asechanza en países dictatoriales, totalitarios, no democráticos e inconstitucionales.
Pero es nuestro caso lo que importa. Porque precisamente día a día el discurso político acusa a los críticos y opositores de atentar contra el gobierno, contra la soberanía, contra la seguridad, contra la verdad -esa verdad que es desde el punto de vista de los gobiernos es la que ellos poseen, única y exclusivamente—y en contra de la paz social…
Pero es todo lo contrario. La paz social depende de las políticas de gobierno para desentrañar los peligros y atacarlos y acabarlos en bien de los habitantes del país. Pero no ocurre así y eso que no ocurre es por falta de fortaleza, de conocimiento de la ley que establece que el ciudadano en ley debe estar por encima de intereses políticos o de grupos de interés económico o criminales.
Porque no se puede jurar que se respetará la Constitución y las leyes que de ella emanen y hacer todo lo contrario cuando se entra en funciones políticas o de función pública.
Otra forma de atentar contra le libertad de expresión es aniquilando al mensajero, que es el periodista que da a conocer lo que pasa y lo que ocurre. Tan sólo de 2000 a la fecha, la agrupación “Artículo 19” ha documentado 172 asesinatos de periodistas en México”. La mayoría de ellos en relación con su labor periodística. Y en la mayoría de los casos son actores de gobierno los que han atentado en contra de ellos.
Los mensajes de Layda Sansores y Alejandro Armenta, así como los que envían otros políticos y funcionarios estatales y municipales, son el presagio de lo que están tejiendo en el gobierno de Morena-4-T en para acallar la Libertad de Expresión.
No basta ya con los controles que ya ejercen mediante la suspensión de pautas de propaganda política en distintos medios de todo el país; o mediante la cooptación de personajes sin escrúpulos, de distintos medios, conocidos o desconocidos, que se someten al recurso económico antes que al ejercicio de su labor y ética periodísticas.
El peligro en contra de la libertad de expresión en México está a la vista. Pero por mucho que intenten. Por mucho que acosen. Por mucho que persigan. Por mucho que dañen, el periodismo-verdad seguirá firme, siempre presente, siempre diciendo al mundo lo que pasa y lo que ocurre para su información y para salvar, asimismo, al sistema democrático mexicano.
