El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Lamentablemente México mantiene el liderato en el ranking mundial de actividades ilícitas. Si el régimen de la 4T no cree haber perdido la gobernanza en buena parte del país, el estudio del índice global de crimen organizado demuestra todo lo contrario. En el informe ocupamos el primer lugar, por encima de Myanmar, Irán, Nigeria, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Brasil, Kenia, Sudáfrica, Rusia y Tailandia. También estamos peor que Turquía, Ecuador, Paraguay y Camboya.
La delincuencia organizada mantiene la supremacía en mercados criminales, trata de personas, tráfico de personas (migración), extorsión y cobros ilegales de protección, tráfico de armas, comercio de productos falsificados y comercio ilícito de consumo sujetos a impuestos especiales (huachicol).
El informe no contempla secuestro, desplazamiento de comunidades, desapariciones forzadas ni homicidios dolosos, expresiones de la violencia que se ha recrudecido, sobre todo la violencia política.
A propósito del próximo proceso electoral, diversas instituciones internacionales han conminado al gobierno mexicano a extremar las medidas preventivas que garanticen el ejercicio libre de los ciudadanos al voto y permitir que el árbitro electoral cumpla con su función de transparentar los comicios y mantener la democracia.
Sin embargo, en este año se ha recrudecido la violencia, no solo con más de 180 mil muertos a manos del crimen organizado, sino con el asesinato de aspirantes a cargos de elección popular, lo que ha inhibido la participación de políticos y la decisión de abstenerse de seguir en la contienda. Recordemos que fue evidente la participación de las mafias en las elecciones intermedias de 2021, cuando mataron a candidatos, secuestraron o intimidaron a aspirantes, amedrentaron a autoridades electorales, impidieron la instalación de casillas, destruyeron o sustrajeron urnas, impusieron candidatos, incluso al cargo de gobernador y financiaron campañas como forma de lavar dinero.
Ese es el riesgo que se corre en la jornada cívica del 2 de junio, pero el régimen de la 4T no reconoce que perdió la gobernabilidad, que está en peligro el pacto social y el Estado de Derecho y que un Estado híbrido se encuentra en la disyuntiva de caer en el totalitarismo apoyado por las balas o convertirse en un gobierno fallido por el empoderamiento de los criminales.
La Iglesia misma ha llamado a garantizar la paz como único camino para mantener la cohesión social y dar vigencia a la democracia -sistema permanente de vida-, donde el ciudadano pueda decidir libremente qué gobierno quiere tener.
Es evidente que la política de abrazos y no balazos fue una estrategia fallida que dio impunidad a los delincuentes y hace sospechar que las autoridades pecan de omisión o de franca connivencia. Porque ya no es creíble que el origen de nuestros males esté en los anteriores sexenios y culpemos al pasado de nuestros problemas presentes. Los 180 mil mexicanos asesinados en menos de seis años no es una herencia, como tampoco lo es que haya más de cien mil compatriotas desaparecidos y este gobierno no quiere ayudar a las madres buscadoras, que continúen las masacres o los levantamientos y que el peregrino pretexto justificatorio sea: fue un enfrentamiento entre grupos rivales.
Este gobierno no ha querido combatir al crimen organizado y su omisión o connivencia lo lleva incluso a negar la fabricación, transportación y comercialización de fentanilo y tampoco reconoce que a través de las remesas se lava dinero del narcotráfico.
La única opción que tenemos los ciudadanos es evitar la continuidad de la 4T y démonos la oportunidad de lograr otro proyecto de nación. Es triste mantener un primer lugar manchado de sangre por los criminales, quienes arrebatan la vida de muchos mexicanos no solo en masacres, levantones o desapariciones forzadas, sino con la muerte lenta que provocan las adicciones.
Apostilla: A propósito de cárteles inmobiliarios, estos no son privativos de autoridades de la alcaldía Benito Juárez. Vecinos de Coyoacán denunciaron a una constructora que envenena con plagas árboles casi centenarios, los cuales se secan y luego talan los fraccionadores. Esto es en las calles de Alba y Ocaso en Insurgentes Cuicuilco. Los residentes han presentado denuncias en la Secretaría del Medio Ambiente y no les hacen caso. Ello demuestra que los contubernios entre malos funcionarios y constructoras no solo es con permisos delegacionales, ya que también autoridades de la 4T están en el ajo, como sucede con la construcción del centro comercial Mitikah o las casas de 300 pesos en Iztapalapa.
