CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la STPS se reunió con las autoridades estatales donde iniciará la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo un llamado a las autoridades estatales para inducir a las organizaciones sindicales de cada entidad a modificar sus estatutos antes del próximo mes de abril, ya que de lo contrario todos los actos que realicen los organismos gremiales estarán fuera de la ley, esto durante una reunión con autoridades de los estados de México, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Durante el encuentro con titulares de las Secretarías del Trabajo u Homólogos, los Tribunales Superiores de Justicia y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de las primeras 10 entidades federativas donde comenzará la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo federal, resaltó que cualquier sindicato del país que no modifique sus estatutos no queda eximido de cumplir la ley.
Recordó que el Nuevo Modelo Laboral da un plazo de hasta 240 días hábiles, a partir del pasado 1 de mayo, para la modificación de estatutos de las organizaciones gremiales; es decir, que tienen hasta finales de abril del próximo para ajustar sus normas a la democracia sindical, transparencia y equidad de género.
En el encuentro, celebrado en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo la primera vez que el Poder Judicial Federal y el Poder Ejecutivo lideran coordinadamente un esfuerzo de implementación como éste, Alcalde Luján destacó que, a nivel federal, ya son mil 638 organizaciones sindicales las que han modificado sus estatutos, lo que representa el 81% de un total de 2 mil 22 sindicatos activos.
Sin embargo, dijo, a nivel local, es indispensable que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje orienten y prevengan a los sindicatos para que adecuen sus estatutos antes del plazo legal establecido y, asimismo, informen al Consejo de Coordinación sobre los avances en este sentido.
Al respecto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas, destacó que es importante hacer hincapié categóricamente a los sindicatos que tienen obligación por el propio transitorio de la reforma laboral de adecuar sus estatutos, sin importar que no tenga “dientes”, porque al final podrá tenerlos por el incumplimiento de las obligaciones del sindicato a la norma.
Por su parte, Alfredo Domínguez Marrufo, Subsecretario del Trabajo, refirió que se trata de garantizar el derecho de los trabajadores al voto personal, libre, directo y secreto para la elección de sus dirigentes sindicales y para la aprobación de sus contratos colectivos de trabajo y sus revisiones, lo que es una garantía de que habrá democracia al interior de sus organizaciones.
La encargada de la política laboral del país agregó que también hay que sensibilizar y trabajar con las empresas, ya que con el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá existe la posibilidad de crear paneles en contra de aquellas que no respeten la libertad sindical y la negociación colectiva.
Asimismo, la funcionaria federal pidió a las autoridades de los diferentes estados que se integran a la primera etapa que la armonización legislativa esté en el centro de sus preocupaciones; así como mantener un acercamiento para ser claros en la definición de los presupuestos.
En la reunión estuvieron presentes también el Magistrado Consejero Sergio Javier Molina Martínez; Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral; Soledad Aragón Martínez; secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y representante de la CONASETRA.
Además, Rafael Guerra Álvarez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Mario Fernando Ramírez Retaloza, Secretario del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y representante de la CONAGO; María Eugenia Navarrete Rodríguez, Presidente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y Carolina Ortiz Porras, Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo.
AM.MX/fm
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