CIUDAD DE MÉXICO.- Con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI, la diputada María Wendy Briceño Zuloaga hizo un llamado a diversos Congresos estatales a adecuar la legislación civil y/o familiar para el reconocimiento del matrimonio igualitario, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A través de un punto de acuerdo, la legisladora de Morena planteó en la Comisión Permanente que los congresos de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, reformen sus estatutos a fin de reconocer la unión entre personas del mismo sexo.
Informó que actualmente Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y la Ciudad de México, tienen avances en la materia mediante sus Códigos Civiles o en sus Leyes Familiares, en donde el matrimonio igualitario se encuentra reconocido expresamente y cuyo ejercicio es posible conforme al principio de no discriminación.
En los casos de Guerrero y Querétaro, dijo, se celebran matrimonios igualitarios solo en algunos de sus municipios.
Insistió en que es necesario que todas las entidades federativas realicen un análisis minucioso de su normativa actual, no únicamente en materia de matrimonio igualitario, sino también de aquellas leyes vigentes que pudieran resultar discriminatorias hacia las personas LGBTI y que no se han adecuado al marco internacional y a los estándares nacionales, que de manera progresiva, han reconocido los derechos de este grupo poblacional.
La legisladora de Sonora señaló que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de estigmatización y discriminación, violencia social y estructural, abusos de autoridad, negación de prestación de servicios privados y públicos, lo cual atenta contra su dignidad y constituye una serie de violaciones a sus derechos humanos.
Vemos que al paso de los años, la discriminación por orientación sexual es, quizá, una de las formas de exclusión que más prejuicios culturales y sociales trae aparejada y una de las que menos se ha combatido en México, agregó.
Reconoció que son muchos los espacios de la vida pública y privada en los que persiste la segregación y la discriminación en contra de este grupo poblacional, como la homofobia, la falta de investigación a crímenes de odio, despidos por orientación sexual, criminalización de las demostraciones de afecto, violencia física o emocional y ausencia del reconocimiento de uniones civiles de parejas del mismo sexo ante el Estado.
Hizo hincapié en que el respeto a los derechos humanos y el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, debe incluir el matrimonio igualitario como una acción de gobierno, tendiente a reconocer la igualdad jurídica de personas LGBTI para suscribir un contrato social, como lo es el matrimonio civil.
Briceño Zuloaga insistió en que el matrimonio igualitario debe ser una política institucionalizada, producto de una convergencia estratégica de voluntades civiles y gubernamentales, que resuelva un problema de discriminación hacia grupos de gays, lesbianas y personas transexuales y bisexuales, tradicionalmente marginados en el espacio público.
El punto de acuerdo, se turnó a la Primera Comisión de la Permanente del Congreso.
AM.MX/fm
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