Lilia Arellano.
“Algunos están destinados a razonar erróneamente; otros a no razonar en absoluto, y otros a perseguir a los que razonan”: Moliere
• Lo que nos faltaba: ¡la bota!
• ONU y CIDH rechazan consumar militarización de México
• Podría utilizarse la fuerza militar contra inconformes: ONG
• Evaluar y compaginar todas las leyes, advierte la Coparmex
• Advierte Solalinde sobre las próximas represiones y abusos
• A tarjetazos, periodicazos y chips, quieren tumbar a AMLO
Ciudad de México, 5 de diciembre de 2017.- Con la ola de violencia en su más alto nivel histórico en esta administración federal, la ciudadanía, organizaciones civiles así como activistas y defensores de derechos humanos, además de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, sostienen no es la respuesta adecuada la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en México. Esa legislación fue aprobada por el PRI y sus aliados en la Cámara de Diputados y está en discusión en el Senado de la República.
Reconocidos abogados coinciden: la Ley de Seguridad Interior (LSI) es hipócrita y desleal hacia el personal militar y los obliga a seguir subsidiando las insuficiencias institucionales. No es, además, una solución al problema de inseguridad. Carece de claridad en el rumbo, no hay reglas. Advierten los problemas gravitan en dos grandes temas que la LSI no resuelve. Por un lado, la seguridad pública debe estar en manos y mandos civiles por medio de instituciones democráticas y esta aprobación desmantela las instituciones locales y fortalece la capacidad de intervención de la Federación.
El segundo tema refiera la capacidad de intervención de la Federación en temas de seguridad interior, aclarando se tienen problemas de soberanía dentro de los estados y se cuenta con enormes presupuestos en materia de seguridad pública que no se destina a las entidades y, cuando llegan, no se aplican de manera efectiva. Fuerzas federales y armadas permanentes tendrán capacidades de sustitución de autoridades locales a través de un comité cuyas reglas y definiciones no están claras, independientemente de tener a partir de esa aprobación un Presidente de la República con capacidades meta-constitucionales de intervención en los estados en caso de declaratoria para este ejercicio.
De ahí se considere una antigüedad de conceptos; violaciones al principio de necesidad; papel indebido de las fuerzas armadas; sometimiento de la autoridad civil al mando militar; ausencia de controles; ausencia de políticas de fortalecimiento a las instituciones; indebida regulación del uso de la fuerza; indebida protección a uniformados; afectaciones a la protesta social; ausencia de transparencia; lesiones a la autonomía; inconstitucionalidad e inconvencionalidad; ámbito de excepción del derecho procesal administrativo y ausencia de explicitud de los principios rectores. Tales puntos han sido suficientemente subrayados por el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
A todas estas revelaciones se une la certeza de ser ésta LSI el medio requerido durante el último año de gobierno del mexiquense para crear el escenario de terror necesario a fin de paralizar a la población, de ir con los regimientos que se requieran para evitar movimientos con los cuales se ponga en peligro la llegada de José Antonio Meade a Los Pinos. Ha sido todo un fracaso el renglón seguridad y, más aún, lo referente a la captura de secuestradores y asesinos de miles de mexicanos carentes de fama y abonaría a la impunidad, pues en más de tres años, la gestión de Enrique Peña Nieto no ha querido ni podido esclarecer los crímenes cometidos contra los seis asesinados y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los casos de Tlatlaya, de Tanhuato, de Apatzingán, de Ostula ni de Nochixtlán, en los cuales intervinieron directamente diversas corporaciones policiales y miembros del Ejército con uniforme de Policía Federal.
Más de una década después de que las fuerzas armadas fueron desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, destacó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, quien pidió al gobierno de México no aprobar la legislación para consagrar la función de las Fuerzas Armadas en tareas de cumplimiento de la ley. Ese proyecto legislativo, destacó, podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones.
El gobierno de Enrique Peña Nieto y la propia Cámara de Diputados ignoraron los llamados del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de Washington para América Latina, Amnistía Internacional y muchos otras organizaciones nacionales y extranjeras. El proyecto de ley aprobado en la Cámara baja y a discusión en el Senado de la República, suscita una serie de preocupaciones en torno a la militarización del país, las cuales son compartidas por una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, entre otros la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el UNICEF-México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios, quienes consideran se podría utilizar a la fuerza militar contra manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones de 2018.
Este martes, manifestantes bloquearon las calles de París y Madrid, aledañas al Senado de la República, en contra de la Ley de Seguridad Interior, aprobada la semana pasada en la Cámara baja. Los inconformes fueron encabezados por el padre Alejandro Solalinde y el ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quienes sostuvieron esa ley es violatoria a los derechos humanos. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, el gobierno lo sabe muy bien, por eso es que quiere esta Ley de Seguridad Interior, para tener un arma contra el pueblo que debería servir para protegerlo, y que en realidad es el principal enemigo de él… Tenemos un gobierno criminal, un gobierno genocida que está en contra del pueblo, por eso en lugar de dialogar y basarse en él se apoya en el poder y las Fuerzas Armadas, porque sabe que no tiene la razón”, señaló Solalinde.
La estrategia de mantener a militares en las calles ha provocado abusos contra la población. “Si vemos estadísticas de esa fecha, 2006, para acá, han aumentado como nunca las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, antes no era así”, señaló Solalinde, mientras Fernández Noroña pidió difundir las fotos de legisladores quienes votaron a favor para abordarlos en lugares públicos o reclamarles en redes sociales. “Que sean corridos por la sociedad, sean exhibidos en púbico por ser traidores”, pidió.
ONU CONTRA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
En 2015, cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó México, las autoridades le informaron el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía mejor preparadas, tanto en el plano federal como estatal. Pero el proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de reemplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía, observó Ra´ad Al Hussein.
A la ONU le preocupa el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados pues contiene varios elementos inquietantes, como el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas. Además, la autorización para asignar a la milicia la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados; y la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza. “La ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria,”, manifestó.
En vez de seguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana, consideró Zeid.
ONGs RECHAZAN MILITARIZACIÓN
Mexicanos Unidos y la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo destacaron los riesgos de la Ley de Seguridad Interior, entre los cuales mencionaron que el Presidente de la República pueda pedir la intervención del Ejército si determina que las protestas sociales son amenazas a la seguridad interior o a la seguridad pública. “Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema, y ellos ya están pensando cómo reprimir las manifestaciones de fraude que ya se prevé”, señaló Enrique González de Mexicanos Unidos.
La Ley de Seguridad Interior deja en estado de indefensión a los ciudadanos mexicanos, aseguró Porfirio Martínez, también de Mexicanos Unidos, mientras Francisco Gallardo, de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo, aseguró se quiere legalizar las actuaciones del Ejército que han sido arbitrarias. Al leer un posicionamiento, afirmaron la función de las Fuerzas Armadas no es la de perseguir delincuentes, sino la de defender la integridad territorial y la soberanía nacional en caso de amenaza o ataque de alguna fuerza o potencia extranjera.
“SOLUCIÓN INCOMPLETA”: IP
Para el sector patronal, de no aprobarse también la Ley General de Seguridad Pública, la cual permite la creación de un mando policial mixto, se daría una solución incompleta al problema de inseguridad en el país. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró dicha ley debe acompañar a la Ley de Seguridad Interior, cuyo decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre.
El líder empresarial subrayó: “al aprobar únicamente la Ley de Seguridad Interior y al mismo tiempo desechar la iniciativa de Ley General de Seguridad Pública, que había aprobado el Senado, la Cámara de Diputados está construyendo una propuesta de solución incompleta a los desafíos del país en materia de seguridad pública”. A través de esta vía, se atacan los efectos y no las causas de la inseguridad, subrayó.
La decisión de los diputados no va al fondo de la problemática y limita la posibilidad de contar con policías capacitados, sostuvo De Hoyos, quien insistió: ambas iniciativas deben ser aprobadas e implementadas de manera paralela. La legislación aprobada por los diputados “contiene aspectos que deben ser analizados a fondo por el Senado de la República”. Es preciso, indicó, un análisis profundo debido a que el documento debe garantizar la certeza jurídica, el irrestricto respeto a los derechos humanos y la trasparencia en la función de seguridad. Consideró debe ser enmendado “todo aquello que ponga en riesgo la normalidad legal” y, si es necesario, que sea devuelta a la Cámara baja para que sea modificada.
Mientras en el Senado, legisladores de oposición de las comisiones encargadas de analizar la Ley de Seguridad Interior (de Marina, Defensa Nacional, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda) pidieron un debate amplio y no como ocurrió en la Cámara de Diputados, donde el PRI y sus aliados mayoritearon.
Miguel Barbosa, de la Comisión de Marina y Defensa Nacional, advirtió: “si en el Senado pasa lo que pasó en la Cámara de Diputados, habrá una farsa de discusión. Vamos a exigir que se dé oportunidad de un discusión en la que se permita la participación de la sociedad civil”. Para Ernesto Ruffo, de la Comisión de Marina, primero se debería abordar la estructura de las policías civiles. “Una vez definidos éstos, entonces en el marco tiene que estar descrito con toda puntualidad el rol de las fuerzas militares”, precisó y consideró: “no es el momento jurídico de hacerlo, hasta no definir el tronco fundamental de la seguridad pública antes de llegar al de la seguridad interior”.
SEGURIDAD NO DEBE ENFRENTARSE CON MÁS VIOLENCIA: AMLO
De gira en Oaxaca, el aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo: el problema de la inseguridad no se debe enfrentar con más violencia. El tabasqueño aseguró el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, ordenó a los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de la Marina, Vidal Soberón, a lanzarse en su contra. “Quiero responder a quienes se ofuscaron por que hice un planteamiento para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, yo sostengo que por la corrupción que impera, que reina en nuestro país, se desató la inseguridad y la violencia”.
López Obrador aseveró la estrategia anticrimen impuesta ha resultado fallida al querer resolver un problema originado por el abandono del pueblo. “Querer enfrentar le problema sólo con el uso de la fuerza, veo que no se pude enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego”, explicó.
Vale la pena subrayar las expresiones vertidas sobre sus pronunciamientos y algunas farsas montadas para el desgaste. Nunca dijo el tabasqueño que habría amnistía para las mafias, hacerlo dejaría en libertad a los que han saqueado a nuestro país y caería en una gran contradicción ya que una de las grandes mafias es la del poder que tanto ha denunciado. Pero a esa tarea se dedicaron los medios de comunicación electrónicos, principalmente las cadenas protegidas y bastante bien aceitadas desde Los Pinos.
Montaron en las últimas 24 horas una frase: López Obrador entró en pánico cuando se enteró sería Meade el candidato priista. Otros se dieron el lujo de afirmar con chillona voz “entró en shock cuando supo quien sería su rival en las boletas electorales”. A continuación sale don “Clavillazo” habilitado de dirigente nacional tricolor para anunciar girará por todo el país del brazo del abanderado tricolor. Ya veremos la guaruriza en todos los mítines y si tiene un poco de tiempo observe los rostros y así verá a los mismos, a los mexicanos acarreados de un lado para otro a cambio de la comida del día y unos cuantos pesos.
Si tan seguros están de ser convincentes ¿para qué necesitan la bota militar?
DE LOS PASILLOS
A punto de hacer agua, de irse a pique, el barco del recién formado Frente Unido por México. El PRD destapó a Miguel Ángel Mancera como su candidato y tal elección no parece contar con el visto bueno de los panistas quienes consideran llevan mano al tener un mayor número de gubernaturas bajo sus siglas, lo cual les da también cifras superiores a las del Sol Azteca de militantes y simpatizantes. De pronóstico reservado será el encontrón porque Mancera no se ve dispuesto a ceder en sus pretensiones. Quien podría quedarse sin “chicha y sin limonada” es Dante Delgado. Los otros satélites hoy se congratulan de no haber pactado hasta no ver el final. Total, para eso se inventaron los fast track y las patadas por debajo de la mesa, ¿o no?
Las audiencias de los 21 aspirantes a dirigir la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) iniciaron en el Senado de la República, en lapsos de 45 minutos por aspirante. La Comisión de Justicia se encarga de desahogar las sesiones, tras lo cual, a más tardar el viernes, deberá de enviar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un listado, fundado y motivado, de los candidatos quienes reúnan las condiciones de elegibilidad… Héctor Marcos Díaz-Santana, quien fuera coordinador de asesores durante la gestión de María de los Ángeles Fromow al frente de la Fepade, fue el primero en defender su candidatura. Consideró el debate del Fiscal Electoral debe ser en los tribunales y no en los medios de comunicación, en referencia a Santiago Nieto, recién destituido de la Fiscalía…
Autoridades de Estados Unidos detuvieron a cerca de 454 mil inmigrantes en 2017 con la intención de deportarlos a sus países de origen, reportó el Departamento de Seguridad Nacional en Washington. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportó 310 mil 531 arrestos, de los cuales cerca de 304 mil se produjeron a lo largo de la frontera con México. Adicionalmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevó a cabo 143 mil arrestos. Así lleva Donald Trump su cuenta.
En Coahuila, varios campos agrícolas tienen condiciones “esclavizantes”, aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien denunció el poco interés de las autoridades locales y federales, quienes conocen el problema, pero no hacen nada por solucionarlo. “Este organismo nacional advierte con preocupación que el gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y diversas dependencias federales, incurren en responsabilidad institucional porque frente a una problemática recurrente y conocida, como es el caso de las personas jornaleras agrícolas, han omitido cumplir sus atribuciones de inspección así como adoptar medidas legislativas, administrativas, económicas, educacionales y sociales para la atención de las personas jornaleras agrícolas”, estableció la CNDH.
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