* En tan solo dos meses en el cargo, la nueva edil está haciendo añicos las promesas de su toma de posesión, en el sentido de que su gobierno sería transparente, sin abusos de poder ni corrupción; en la asignación de los nuevos cargos, todo ha quedado repartido entre unas cuantas familias, permitiendo que los regidores también designen a familiares en más de 30 puestos, la nómina que casi llega al millón mensual se ha otorgado a cercanos y consanguíneos de la alcaldesa y su círculo cercano, cometiendo un evidente delito de nepotismo. Además, regidoras de oposición pedirán a la Contraloría del Estado, abra una investigación por ejercer gastos no autorizados ni presupuestados
SILOGISMOS
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Bastaron dos meses para que la alcaldesa de Tulancingo, Lorena García Cázarez, mostrara el cobre y echara abajo toda la retahíla de promesas expuesta durante su toma de protesta, el 4 de septiembre pasado, cuando se comprometió a impulsar un gobierno municipal con transparencia donde no habría “lugar para la corrupción ni el abuso de poder”.
Redondeó así su demagógica tesis: “Mi administración trabajará con transparencia, rendición de cuentas y estrecha colaboración con la ciudadanía”.
Pero en solo 60 días, sus compromisos de esfumaron y la corrupción y el abuso de poder brotaron con todo su esplendor a la hora de repartir los cargos en el ayuntamiento, donde García Cázarez, se ha convertido en la peor antítesis de lo expuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de no favorecer desde el poder a los parientes, amigos, esposas o consanguíneos, tal como fue denunciado en la mañanera por parte de los jueces y magistrados del Poder Judicial, que por años se sirvieron con la cuchara grande a la hora de ubicar en la nómina a sus familiares.
Diríase que la edil de uno de los municipios más importantes del Estado, sencillamente ni ve ni oye a la Jefa del Ejecutivo, pues en los más de 30 cargos de primer orden en su gobierno, colocó a sus parientes cercanos, permitiendo además a sus cercanos, hacer lo mismo, de tal forma que la nómina de la Presidencia Municipal, se convirtió en automático en una generosa bolsa de trabajo para unas cuantas familias, según consta en documentos y pruebas dadas a conocer por el medio regional, RUTA.
Pero en contrasentido y a pesar de también haber prometido que evaluaría a los mejores servidores públicos para ayudarla a engrandecer a su administración, ya dio de baja y sin las evaluaciones prometidas, a 80 empleados municipales, a los cuales, OJO, despidió sin las prestaciones de ley.
Muchos de ellos laboraron los 4 años completos y otros con más antigüedad, pero solo han recibido como finiquito 30 y 45 días de sueldo, cuando la ley establece que una liquidación justa equivale a tres meses de sueldo, más 20 días por año laborado, sin mencionar que no se les está argumentado la causa de su baja, lo que puede representar un despido injustificado. Y de irse a juicio, seguramente lo ganarán abonando un verdadero problema de entrada a la autoritaria edil y a sus torpes asesores que, o son neófitos del tema, o la están mal asesorando en temas laborales.
Otro de los asuntos que ya le reventó a la morenista –que más bien parece ejercer el cargo con una actitud propia de panistas o priístas–, es que siendo mujer no respetó el tema de la paridad de género al que está obligada a respetar; solo dos mujeres aparecen como titulares de las dependencias municipales, el resto son hombres.
“El pez por su propia boca muere”, dicta el refrán, y Lorena García debe dar gracias al creador de no serlo, porque ya a estas horas sería historia. Y lo decimos porque su promesa de transparencia ya resultó seriamente averiada luego de que está solicitando a su Cabildo le autoricen licitaciones por adjudicación directa por un monto de 2,5 millones de pesos, sin los procedimientos de ley correspondientes.
Además, las liquidaciones a los trabajadores despedidos se han liberado sin la firma de la presidenta municipal y del síndico jurídico. Estos destrozos ocurrido tan en poco tiempo, están acompañados de su actitud arrogante y prepotente, de no recibir a nadie y empezar a gobernar a puertas cerradas, cuando otras políticas de su partido como la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, realiza todos los martes audiencias públicas en la plancha del zócalo capitalino.
¿Será acaso que la edil no se asoma a los portales de noticias o a las redes sociales de su propio partido para enterarse cuál es la nueva dinámica de gobernar realmente a favor del pueblo, sin corrupción ni nepotismos?
Y si de asuntos de corrupción se trata, cuatro regidoras están solicitando a la Contraloría del Estado, le abra una investigación por autorizarse gastos de manera indebida, ellas son: Elena Lazcano Delgadillo de Movimiento Ciudadano; Lorenia Lira Amador, del PRI; Benita Manilla del PAN, y, Dora Luz Guzmán del PT.
Con pruebas en mano, las integrantes del cuerpo edilicio están solicitando que la alcaldesa morenista explique el sobregiro por 2 millones 403 mil pesos que Lorena García se autorizó de manera unilateral para los eventos de Toma de Posesión, Fiestas Patrias y Día de Muertos, mismos que solo tenían presupuestado un millón 464 mil pesos.
Pero la munícipe no solo a ha faltado a su palabra de cero corrupción y transparencia en el manejo de recursos, porque el nepotismo está a todo lo que da en el municipio de Tulancingo, pese a ser sancionado tanto a nivel federal por la Ley de Responsabilidades Administrativas en su artículo 63 Bis, pero también por las leyes locales en la materia en su artículo 62, prohibiendo de manera expresa colocar en cargos públicos del alcalde en turno, a consanguíneos hasta por cuarto grado, incluyendo a esposo, esposa o concubinos.
En el reportaje difundido por RUTA, se detalla cómo desde el cargo de la alcaldesa hasta las regidurías, diversas direcciones hasta las administraciones de las cafeterías, todo el personal es de familias como García Cázarez, Cadena Martínez, Cadena Aguilar, Balderas Castro, Jiménez Rosales, Olvera Guzmán, Ivey Beltrán.
Con salarios que van desde los 50 mil pesos, pasando por los 40 mil 33 mil, 20 mil, 16 mil hasta los 8 mil pesos en cargos de mantenimiento, el descarado nepotismo consentido por la alcaldesa, le va a costar a los habitantes de Tulancingo 861 mil 292 pesos. Nada mal para los parientes y allegados de esta casta de privilegiados que engañaron a los votantes diciendo que respetarían los postulados morenistas de no robar, no traicionar y no mentir al pueblo.
Lorena García, se asignó un sueldo de 50 mil 314 pesos, colocando a su pareja –se dice que es su concubino–, Fernando Vital Licona, como su Secretario Particular y Comisario en la Comisión de Agus y Alcantarillado de Tulancingo (CAAMT), con un salario de 28 mil 400 pesos; otros ejemplos son: Jessica Garrido Cázarez, sobrina de la alcaldesa y Directora de Seguridad Alimentaria, con un sueldo de 17 mil 720 pesos; a su nuera, Sandra Franco Miranda, la nombró Directora de Licencias y Certificados, con un salario de 12 mil 340 pesos.
La directora de Administración de la CAAMT, colocó a su esposo, José María Guevara Hernández, como Secretario de Tesorería y Administración, con el nada despreciable sueldo de 33 mil 744 pesos; el Secretario de Fomento Económico, Enzo Balderas Castro, es hermano de Eréndira Balderas Castro, Directora de Administración; el primero gana 33 mil 744 pesos al mes, y la segunda, 31 mil 088 pesos.
Los regidores también han aprovechado el cargo y las facilidades otorgadas por la edil para ubicar a sus consanguíneos en la nómina: Alberto Campillo Santos, Secretario de Desarrollo Humano y Social, es sobrino del Regidor Gastón Santos y gana 33 mil 744 pesos; Juan Alberto Santuario Elías, aparece con el cargo de Secretario de Servicios Municipales y es esposo de la Regidora Abril Chávez, y un sueldo de 33 mil 744 pesos; el Subdirector de Turismo, Abraham Tapia Vargas, , es hijo de la regidora Bronia Vargas, con un sueldo de 15 mil 064 pesos.
La lista difundida por RUTA, es extensa y la investigación del medio expone otra grave irregularidad como lo es el nombramiento con la aprobación de la mayoría de miembros del Cabildo, de Miguel Ángel Romero Mejía, hijo de Elsa Mejía Gómez, presidenta municipal suplente, como titular del Órgano de Control Interno. Lo que representa un innegable conflicto de intereses, como ya visibilizaron las regidoras denunciantes.
Ante esta red de complicidades, ya pueden los ciudadanos de Tulancingo, y de todo el Estado, suponer que con tales nexos familiares, se antoja imposible que pueda darse una verdadera transparencia y combate a la corrupción, porque todo lo que se haga en lo oscurito, sencillamente quedará en familia.
El clamor ciudadano se pregunta: ¿Quién entonces les cuidará las manos y les cortará las uñas a la alcaldesa y sus funcionarios?
La violación a las leyes de responsabilidades, en cuanto al delito de nepotismo, es clara y contundente y justifica que la Contraloría del Estado pida a Lorena García, una amplia explicación del por qué ha convertido en negocio de familia a la nómina de Tulancingo. Las cuatro regidoras ya dieron el primer paso y ahora la decisión estará en la cancha del órgano fiscalizador.
