Por Aurelio Contreras Moreno
La liberación este miércoles del ex secretario de Seguridad Pública del duartismo, Arturo Bermúdez Zurita, constituye un agravio de proporciones épicas para todos los veracruzanos.
A partir de diversas argucias legaloides, el ex funcionario estatal obtuvo el beneficio de la libertad bajo caución a pesar de estar acusado de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas. Además de otros que le fueron imputados durante el proceso que se le siguió, como enriquecimiento ilícito.
El tinglado para soltar a Bermúdez fue cuidadosamente armado para hacerlo pasar como una supuesta víctima. Incluso, le fue permitido conceder una entrevista para el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva en la que estuvo a punto de llorar al relatar las “torturas” que afirmó haber sufrido a manos de su sucesor en el cargo, Jaime Téllez Marié, y otros funcionarios. Las víctimas del periodo duartista no vivieron para contarlas.
Horas más tarde, salió de la cárcel, luego de que la misma juez que ordenó su aprehensión en febrero de 2017, Alma Aleida Calleja, dispuso el cambio de las medidas cautelares para que el “hombre fuerte” del sexenio de Javier Duarte pueda continuar con su proceso fuera de prisión. Las imágenes de Bermúdez riéndose al salir del penal lo dicen todo.
De inmediato, la indignación explotó en redes sociales, alcanzando ineludiblemente al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. No es para menos. En apenas cinco días de su incipiente administración, salieron libres y por su propio pie tres ex integrantes de la camarilla duartista. En política no hay coincidencias. Ni caben las ingenuidades.
Pero por más argumentos legalistas que mandaron incrustar en las redes y en los medios para lavarse las manos y culpar de todo a la Fiscalía General del Estado y al anterior gobierno, resulta inverosímil que la cascada de liberaciones, una tras otra en un lapso de tres días consecutivos, no sea producto de una negociación política de quienes ahora tienen el poder en Veracruz con los duartistas que, cada vez con menor discreción y a mayor volumen, se ufanan de haber apoyado a la “cuarta transformación” en las elecciones pasadas. Por lo menos, en el estado. Cuentas que están cobrando de inmediato.
“No es un asunto político, sino jurídico”; “la Fiscalía integró mal los expedientes”; “es un asunto del Poder Judicial”, fueron algunas de las justificaciones ofrecidas por los defensores del gobierno estatal. Pero tan está inmiscuida la política en esto, que el propio titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, salió a ofrecer una conferencia de prensa –donde no se permitieron preguntas de los reporteros, como en el sexenio de Duarte- en la que quedó peor.
Según él, como ya fueron juzgados –lo cual es falso. Ni Bermúdez ni los demás duartistas han recibido sentencias- él ya no podrá hacer nada en contra de quienes saquearon a Veracruz y lo ahogaron en sangre.
Pero claro que puede hacer algo. Para empezar, si las pruebas de que el fiscal Jorge Winckler Ortiz negoció la justicia con Bermúdez y los demás son contundentes, debe proceder en su contra y no convocar a que los habitantes del estado “decidan” si debe seguir en el cargo, como anunció en su alocución con los medios.
Y por lo que respecta a los duartistas, pruebas de su conducta criminal sobran. Tanto de los desfalcos que cometieron como de las abominaciones en que incurrieron en contra de la población. Por lo menos, debe buscar que no queden impunes. Existen mecanismos jurídicos para ello. Los procesos, como sea, continúan.
Lavarse las manos y que al final nadie pague por lo que pasó en el estado los últimos años solo confirmaría el aberrante pacto de impunidad que se afirma hizo el nuevo gobierno con los asesinos de Veracruz, que ya andan sueltos, riéndose a carcajadas de todos nosotros.
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