Javier Peñalosa Castro
Cuando uno pensaría que lo ha visto todo, y que, por excepción, las fuerzas del bien se confabularían para frenar en seco la corrupción, la impunidad y el descaro, a partir de un caso emblemático como dar marcha atrás a la destitución del titular fiscal especial para la Atención de Delitos Electortales, resulta que Santiago Nieto, defenestrado hace una semana supuestamente por el encargado del despacho del Procurador —que no contaba ni con la personalidad jurídica ni con las atribuciones para hacerlo— y que puso de cabeza durante algunos días a la fracción verdepriista en el Senado, decidió que siempre sí aceptaba la destitución, dio las gracias al frente formado coyunturalmente por legisladores del PAN, el PRD y el bloque PT-Morena en la Cámara Alta y decidió acatar el manotazo de quien ordenó realmente su destitución, sin aclarar si le llegaron al precio, fue amenazado al estilo mafioso del salinismo o simplemente discurrió, como Jesús Murillo Karam —tras la matanza de los 43 de Ayotzinapa y sus secuelas—, que ya estaba cansado.
Al menos hasta ahora, Nieto no ha cumplido con las exigencias del evidentemente influyente exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de declararlo inocente y disculparse. Sin embargo, aparentemente dejó pavimentado el camino para que alguien más las satisfaga.
Con el retiro definitivo de Castillo, quedan acéfalas la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la Fiscalía del Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General, para la que estaba más que apuntado el exprocurador Raúl Cervantes, a quien popularmente se conocía como El Fiscal Carnal. Parece difícil que los partidos políticos, que son los que finalmente negocian estas posiciones entre sí y con el Ejecutivo, se pongan de acuerdo en el corto plazo para la designación de los encargados de estas dependencias clave para el combate de la criminalidad, de la corrupción y de garantizar que los procesos electorales se conduzcan por vía de la legalidad democrática por la que la mayoría de los mexicanos apuestan.
Mientras tanto, día con día aumenta la cifra de asesinatos, secuestros, violaciones y robos, con el sangriento signo distintivo y la impunidad que los caracteriza, sin que aparentemente exista la esperanza de poner fin a esta situación, o al menos de paliarla. La ineptitud y la corrupción campean en las procuradurías o fiscalías (el nombre es lo de menos) estatales y de la República, lo cual no nos permite soñar con expectativas favorables. Sin duda, en el mejor de los casos, la situación se mantendrá tan mal como hasta ahora en estos importantes ámbitos del Estado. De mejorías, mejor no hablamos.
Amagados con procesos de extradición y juicios penales, los principales exponentes de la cleptocracia en los estados esperan pacientemente a que se cumpla el plazo y se dé carpetazo a las acusaciones de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada que pesan en su contra, ya sea por errores en el proceso o por expedientes mal formulados. Mientras, quienes les sucedieron en el negocio (o el cargo, es lo mismo), ya se afilan las uñas para emular a sus ídolos.
En el campo electoral, la esperanza de muchos era tener una fiscalía fuerte, capaz de actuar en casos como los sobornos de Odebrecht, que habrían servido para sufragar parte de la campaña presidencial de 2012 y los turbios manejos de fondos públicos para financiar al PRI en que habrían incurrido los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte, de Veracruz, Javier Duarte y algunos otros, si bien nada pudo hacer en los casos de las campañas por las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, donde resultó imposible probar las irregularidades cometidas por Riquelme y del Mazo, que estuvieron a la vista de todos.
Lamentablemente a Castillo se le recordará como el payaso de las cachetadas o como el patiño de la dupla Lozoya- Coello Trejo en esta trama. Sin embargo, deberá agradecer que las cosas queden ahí, y no como ocurrió en el caso del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, en el que definitivamente los demonios estuvieron sueltos, como dijera el difunto (¿?) Mario Ruiz Massieu. A la distancia, el episodio parece haber sido olvidado, e incluso la hija de José Francisco ocupa hoy día la misma posición que tenía su padre al ser eliminado por la nomenklatura salinista: la Secretaría General del PRI.
Aunque afortunadamente para los protagonistas, durante este episodio no ha habido derramamiento de sangre, definitivamente se nota la mano de quien, junto con su eterno cómplice, Diego Fernández de Cevallos, operó el intento de desafuero de López Obrador y acordó con Carlos Ahumada la campaña de descrédito en contra del tabasqueño.
Aparentemente los años le han permitido refinarse y ahora contrasta con el entorno sangriento en que han convertido prácticamente todo el país el grupo en el poder.
Estimados lectores. Esta colaboración dejará de publicarse la semana próxima. Nos encontramos de regreso el sábado 11 de noviembre.
