Por Aurelio Contreras Moreno
Como si se lo merecieran, en la penúltima sesión del periodo ordinario de sesiones de los diputados de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, éstos aprobaron las modificaciones al Código Electoral y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que puedan buscar la reelección a sus cargos a partir del próximo proceso electoral, en 2018.
No es un albazo ni una medida ilegal. Es la adecuación de los ordenamientos legales locales a la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión, que permitirá la reelección en sus cargos no sólo de los legisladores federales y locales, sino de los ediles de todo el país.
Se trata de una reforma largamente buscada por la clase política del país, a la que le urgía desaparecer el antiguo candado ideológico del “sufragio efectivo, no reelección” en el que basó su existencia el sistema político mexicano emanado de la Revolución Mexicana, que con el paso de los años se convirtió en un mero convencionalismo para rubricar documentos oficiales.
El principal “argumento” para permitir la reelección de legisladores y ediles es el de la supuesta profesionalización de los servidores públicos, de manera que las autoridades municipales y los representantes populares puedan optar por dar continuidad a su trabajo, que sería “premiado” en las urnas si éste ha sido bueno. Y en teoría, eso suena muy bonito.
Sin embargo, en los hechos lo que podría suceder es la eternización en los puestos de elección popular de los políticos que mejor sepan afianzar cacicazgos en sus demarcaciones y hacerse de recursos para hacer campaña y para operar la coacción del sufragio durante jornadas electorales, limitando en cambio, la renovación de los actores que dentro de sus mismos partidos aspiren a una posición.
Ésa es la realidad en un país como México, donde la transición a la democracia se extravió en el camino y después de un muy corto periodo en el que parecía que de verdad se había logrado un cambio en las prácticas políticas, de nueva cuenta somos testigos del resquebrajamiento de las instituciones por culpa de una partidocracia a la que eso de la democracia sin adjetivos no le viene bien, y la prefiere asociada a la simulación. Y a la rampante corrupción.
Volviendo al caso de Veracruz, la reforma aprobada permitirá la elección de diputados locales hasta por cuatro periodos consecutivos. Lo cual, si se voltea a ver a la actual Legislatura, resulta terrorífico.
Diputados que han demostrado fehacientemente su ausencia de compromiso con las causas ciudadanas, que aprueban leyes para favorecer oscuros intereses, que evaden la transparencia, que disponen de los recursos presupuestales para beneficio particular, y cuya frivolidad y total ignorancia han sido su marca distintiva, podrían quedarse calentando la curul durante otros diez años, tomando en cuenta el que le falta a la actual Legislatura. Una expectativa para ponerse a llorar.
Para que la reelección pudiera ser un mecanismo que no perpetúe las peores prácticas y a los peores políticos, tendría que haberse legislado también en materia de revocación de mandato.
Pero eso, ni locos.
El PAN, en contra de las mujeres
Mucho les pesaron a los diputados locales de Acción Nacional las amenazas e injurias que les lanzó la Iglesia Católica a través de su fascista brazo civil conocido como “Sí Vida”, para que no aprueben la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que amplía la temporalidad en la que se permita un aborto sin que sea tipificado como delito, y que integra a las causales legales el peligro de la salud de la madre.
El Grupo Legislativo del PAN –salvo la diputada Maryjose Gamboa- se pronunció en contra de esta iniciativa a través de un comunicado, a pesar de que están establecidas estas reformas en el informe de la Alerta de Género por Agravio Comparado presentado por la Conavim y respaldado por la Secretaría de Gobernación.
El PAN ya se manifestó abiertamente en contra de los derechos de las mujeres veracruzanas. Ellas –y ellos también- lo tendrán en cuenta.
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