Luis Farías Mackey
Lo que hoy se discute en Estados Unidos es un tema zanjado, antes que nada, por la legislación vigente: las Fuerzas Armadas no están obligadas a acatar ordenes ilegales.
No es un problema de poder presidencial ni cadena de mando, es un problema aún más grave: es la negación del pensamiento crítico.
Arendt lo estudió en el caso Eichmann, este exnazi alegó a su favor solo haber cumplido órdenes superiores, seguro de que eso le eximía de toda responsabilidad. No fue así, fue hallado culpable.
La disciplina militar no responde acríticamente al mando ni a toda clase de mandato, responde únicamente a la Constitución. No sólo en Estados Unidos, también aquí y prácticamente en todo Estado-Nación después del Juicio de Núremberg. Si un comandante ordena masacrar civiles indefensos, menores de edad o mujeres, o cualquier acto ilegal, la tropa no sólo está autorizada a desobedecerlo, sino que está obligada a no hacerlo y denunciarlo.
Nadie puede escudarse tras órdenes criminales, porque como persona, como alguien y no algo, no es una maquina o robot sin capacidad de juicio y entendimiento. Negarse a juzgar y a entender los alcances y consecuencias del cumplimiento de órdenes contrarias a la ley es en sí mismo un gran delito, el de negarse a ser responsable de sus actos, el de acallar su consciencia.
No, no es un problema del poder de un gobernante o del mando, es abdicar del juicio y del entendimiento de la persona.
El poder, el cargo o el rango no legitima por sí solo ninguna orden, sólo el contenido de la misma lo puede hacer.
Traigamos esto ahora a México, tanto en lo militar como en lo policial.
La próxima vez que un jefe político o mando ordene proteger criminales, desaparecer evidencias, atacar a inocentes, recibir agresiones a costa del orden público e incluso de su integridad y vida; a ser omisos en flagrancia, ante violencia contra terceros y destrozos al patrimonio nacional o propiedad privada, o bien atacar violentamente y sin razón a manifestantes pacíficos, dejando ir a los verdaderos agresores a sueldo y bajo oscuro mando, no están obligados a obedecer y sí a desacatar y denunciar tales órdenes.
Algún día saldrá a la luz quién está detrás del Bloque Negro, cómo se financia, quiénes los comandan y protegen, a quiénes han agredido y para qué suelen ser utilizados. Ello, sin embargo, no libera a los encargados de la seguridad pública y nacional de responsabilidad alguna, porque sus órdenes fueron ilegales y sus acciones delictivas. Lo mismo va para quienes han sido inmersos en los intereses y tentáculos del crimen organizado, del huachicol fiscal, del contrabando institucional, del terrorismo de Estado, del fraude electoral, de la violencia política.
