Durante la inauguración del Taller “Desafíos y Oportunidades del Gobierno Abierto para la Incidencia Política en Derechos Humanos”, la senadora Angélica de la Peña Gómez sostuvo que un gobierno abierto debe garantizar en concreto, espacios de interlocución efectivos con las organizaciones, de no ser así, es “simplemente una demagogia el decir que somos parlamento o gobierno abierto”.
En México, agregó la legisladora del PRD, es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno no sientan “una especie de urticaria” cuando se trata de escuchar a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
Aseguró que un gobierno abierto se funda en las tareas de quienes están al frente de éstas en cualquier orden de gobierno; con ello, apuntó, se garantiza que la encomienda cumpla con la normatividad derivada de las leyes y con la conciliación armónica de la legislación del marco jurídico mexicano con los tratados internacionales.
“No hay manera de que no haya incidencia política si no se toman las medidas para garantizar la implementación armónica e integral de los tratados. En el caso de las leyes, se establecen las autoridades y herramientas, para garantizar que el objeto de la creación tenga plena vigencia y ejercicio”. La Ley contra la Desaparición Forzada, es un ejemplo de una muy buena práctica de parlamento abierto, dijo la senadora De la Peña.
Claudia Alonso Pesado, coordinadora operativa del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, apuntó que se debe transitar a una organización administrativa por sectores que cuente con medidas articuladoras que garanticen la protección integral de derechos.
Señaló que el reto es construir una política pública bajo el principio de transparencia, la cual implica el gobierno abierto, y en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, el reto es acceder a la información, es decir, generar registros administrativos que desagreguen la información, lo cual se suma al diseño de la política que planteó la ley.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), expuso que el desafío es que con el gobierno abierto se tomen decisiones y se cambien las lógicas de poder, donde el gran reto es la profesionalización, que es lo que se busca con la organización de estos talleres.
El taller tiene el objeto de definir la política pública que tiene que derivar a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y de la Convención Internacional sobre Derechos de la Niñez.
Con ello, se busca que los preceptos se apliquen y estén presentes en su cotidianeidad, que tengan una vida distinta, de ejercicio y garantía de los derechos humanos, y que puedan tener condiciones óptimas para desarrollarse integralmente, su personalidad y proyecto de vida.
