Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
El “abatimiento” –eufemismo para evitar decirle ejecución- de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, este domingo en Jalisco, obligará a un reacomodo en todos los niveles del poder en México.
Durante más de una década bajo su férula, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas del continente. Y de acuerdo con analistas de seguridad, en la más grande y poderosa del mundo. Más incluso que el Cártel de Sinaloa en los tiempos de “El Chapo” Guzmán.
Su caída, confirmada por los gobiernos de México y Estados Unidos, va más allá de la mera eliminación física de un capo. Es la ratificación de que cuando se decide a hacerlo, el Estado puede capturar y/o eliminar a cualquier delincuente, por poderoso que sea. Y que si no se hizo antes, fue simplemente porque no se quiso actuar.
Obviamente, el contexto importa. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa, reconoció que en el operativo participaron militares estadounidenses de un grupo especializado en la recopilación de inteligencia sobre cárteles de la droga, con lo que también queda expuesto que el operativo no fue a iniciativa, por lo menos no en exclusiva, de la administración de Claudia Sheinbaum, sino más bien se trató de una respuesta a las presiones de Washington para actuar de manera efectiva y patente contra las bandas de narcotraficantes que operan en México. Pero eso sí, muy “soberanamente”.
Empero, muerto “El Mencho” no se acabó la rabia. La virulenta respuesta de su organización ante su ejecución, con 252 narcobloqueos y hechos de violencia en 20 estados de la República, Veracruz incluido, solo este domingo, dejó en claro la amplitud del poder territorial y de fuego del cártel, así como su capacidad para poner en jaque a las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno, que solo miraban impávidas la escalada.
Lo que esto significa es que, como ha ocurrido en el pasado con otros grupos criminales, la muerte de su líder no significa la desaparición automática de la organización. Ahora las autoridades enfrentan un colosal reto: contener la violencia derivada de la disputa interna por el liderazgo y evitar que otras organizaciones aprovechen el vacío.
Habría que recordar episodios como las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva e Ignacio “Nacho” Coronel, o las mismas capturas de “El Chapo” Guzmán, en especial la última. En todos los casos, la violencia no solo no se contuvo, sino que el poder se redistribuyó, los cárteles se fragmentaron y aparecieron de inmediato nuevas figuras dispuestas a tomar el relevo.
Pero quizás lo más significativo de lo acontecido este agitado domingo haya sido precisamente que Nemesio Oseguera está muerto. A diferencia de lo que había ocurrido en los últimos años con los capos del narco capturados con vida y que, en la mayoría de los casos, terminaron en los Estados Unidos, extraditados o de plano expulsados de México.
La ejecución de “El Mencho” evita “convenientemente” que sea llevado ante la justicia en Estados Unidos. O sea, nunca podrá testificar, negociar ni revelar las redes de complicidad que inevitablemente lo protegieron. Un líder criminal vivo es un riesgo: puede hablar, exhibir nombres y buscar beneficios procesales. Uno muerto es simplemente un expediente cerrado.
La muerte de “El Mencho” elimina la posibilidad de que se ventilen vínculos políticos, financieros y militares que podrían comprometer al gobierno de México, sobre todo en los últimos años, en los que el poder del CJNG creció exponencialmente mientras se combatía a su competencia.
El silenciamiento del capo es un alivio para quienes sus declaraciones pudieran incriminarlos en las redes de protección, impunidad, lavado de dinero y hasta de operación político-electoral a cargo del cártel, ya fuesen funcionarios, empresarios, militares o dirigentes políticos. Los muertos no hablan.
Algo es innegable: por la buena o por la mala, la criminal política de “abrazos, no balazos”, se terminó.
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