CHIHUAHUA.- César Duarte Jáquez, quien fuera gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, fue extraditado a México donde acumula 21 órdenes de aprehensión; de acuerdo con la ficha que emitió la Interpol, los delitos de los que se le acusa son peculado, peculado agravado y delito electoral. Sin embargo, sobre su cabeza también debería de recaer el delito de negligencia que derivó en el asesinato de la activista contra los feminicidios, Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua en 2010.
De acuerdo con La Opinión de México, luego de permanecer dos años detenido en Florida, EU, el ex gobernador está de nuevo en tierra azteca, para responder por, supuestamente, haber transferido 96 millones 685 mil 253 pesos a dos compañías: Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, de las cuales era accionista mayoritario.
Pero, esta también podría ser una buena oportunidad para cuestionar al gobernador sobre su responsabilidad en el aumento catastrófico de feminicidios durante su gestión y es que la cifra de feminicidios se disparó en un 378% durante el sexenio de César Duarte, tal y como lo denunció en su momento, la entonces diputada, Blanca Gámez.
EL CASO MARISELA ESCOBEDO
A la llegada del priista al Palacio de Gobierno de Chihuahua, la señora Marisela Escobedo se había convertido en una férrea activista que protestaba por todo el país por el feminicidio de su hija, Rubí Fraire Escobedo, ocurrido en el año 2008.
Ante la negligencia de las autoridades que dejaron en libertad y que permitieron que el asesino confeso, en cuatro ocasiones, de su hija, escapara, Escobedo se dio a la tarea de resolver ella misma el caso y de atrapar al asesino y expareja de su hija, Sergio Rafael Barraza.
El 20 de junio del año 2009, Barraza fue imputado por el delito de “homicidio agravado contra una menor de edad”, ya que, en el Código Penal de Chihuahua, uno de los estados con más feminicidios de todo el país, la tipificación de feminicidio fue aprobada hasta 2017. No obstante, por un acto de negligencia de la Fiscalía de Chihuahua, el hombre fue absuelto, tras haber confesado el asesinato e incluso haber indicado el lugar exacto en donde tiró el cuerpo de Rubí.
La madre de la joven víctima no desistió y logró que se cambiará la sentencia, por fin lo encontraron culpable. Aunque en ese periodo le dieron oportunidad al feminicida de volverse a fugar.
A lo largo de dos años, Marisela Escobedo suplicó por el apoyo de la Fiscalía de Chihuahua y de Zacatecas, donde logró localizar a Barraza, quien volvió a escapar por causa de la negligencia de las autoridades. Más tarde, la afligida madre llegó en caravana hasta Los Pinos en la Ciudad de México donde acudió a solicitar el apoyo del presidente, que en ese entonces era el panista, Felipe Calderón. Sin embargo, el entonces primer mandatario se negó a recibirla.
Sin embargo, ese mismo día ella pudo hablar con otros funcionarios, quienes le prometieron que el gobierno federal iba a tomar el caso en sus manos e iba a poner a agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para lograr la captura de Sergio Barraza; promesas que no se cumplieron.
Tras realizar una exhaustiva investigación buscando pistas sobre el paradero de su ex yerno y asesino de Rubí, Marisela Escobedo se encontró de frente con la realidad del narcotráfico en México y del control que los criminales ejercen sobre algunas zonas y sobre los mismos cuerpos policiacos del país.
El asesino de su hija parecía haberse vuelto intocable para las autoridades mexicanas, una vez que el hombre se unió al grupo criminal de Los Zetas, que llegó a ser considerado como el cártel más poderoso y sanguinario de México.
Los Zetas surgieron de un núcleo original de entre 30 y 40 militares, desertores de las fuerzas especiales de México. En 2010, luego de la captura y extradición de Osiel Cárdenas a Estados Unidos, se constituyeron como organización independiente y empezaron a ganar terreno, en especial en el norte de México.
Esto se debió, en buena parte, a los crueles métodos que adoptaron; por ejemplo, fueron los primeros en usar la decapitación para ejecutar a sus enemigos.
De acuerdo con los testimonios de una de las parejas de Barraza, con quien Marisela y su hijo lograron entrevistarse, el asesino de la hija de Marisela efectivamente se había unido al cártel. Ahora se hacía llamar el ‘Comandante Bambino’ y presumía que trabajaba para el “Z-50”, un líder zeta identificado como Iván Velázquez Caballero, quien fue detenido más adelante, en 2012.
EL DESAFORTUNADO ENCUENTRO ENTRE DUARTE Y MARISELA ESCOBEDO
En diciembre de 2010, al ver que no obtenía respuesta ni del gobierno federal, ni del estatal de Chihuahua ni de Zacatecas, Marisela decidió hacer un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y no moverse de ahí hasta que se arrestara a Sergio Barraza.
Marisela se había enterado de que un sobrino del gobernador había sido secuestrado y los delincuentes habían sido arrestados y encarcelados en menos de un mes. También, sucedió que el hermano de la exprocuradora, Patricia González, fue secuestrado y asesinado, en este caso, los culpables también fueron arrestados en menos de dos semanas.
En este contexto, se dio el encuentro entre Duarte y la activista y madre de Rubí, Marisela Escobedo, durante un acto del recién estrenado mandatario estatal en la Universidad de Chihuahua, al otro lado de la plaza del Palacio.
Marisela y su hermano acudieron al evento y extendieron una manta en la cual se leía “Justicia, privilegio de gobernantes y ¿qué de Rubí?”. Entonces, al finalizar el evento, la activista se paró frente a Duarte con una manta amarrada al cuerpo, que la cubría hasta las rodillas, con la foto de Rubí. Al ver eso, la prensa le preguntó al gobernador qué respuesta tenía para ella.
El mandatario estatal, visiblemente molesto, ordenó que llevaran a Marisela con el fiscal, en ese entonces, Carlos Salas. Fue en ese momento cuando Marisela contó que el asesino de su hija se había unido al cártel de Los Zetas y que estos tenían controlado el estado de Zacatecas. La mujer que ya había dejado de compartir información con las autoridades tiempo atrás por desconfianza, decidió revelarle a Salas todo lo que sabía.
Para Gabino Gómez, quien fue representante legal de Marisela Escobedo, ese fue el día que la activista firmó su sentencia de muerte, pues el hecho de que el asesino de su hija formara parte de un cártel obligaba a las autoridades mexicanas a implementar un operativo importante para lograr su detención.
Marisela sabía que su vida corría peligro, pues incluso entabló una denuncia ante la Fiscalía de Chihuahua, pues el mismo hermano del asesino de su hija, Andy Barraza, la había amenazado de muerte.
De acuerdo con las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2013, dirigidas al entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, tras sufrir amenazas de muerte por parte del hermano del asesino de Rubí, Marisela denunció los hechos el 13 de septiembre de 2010, ante el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro, Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, por lo que se abrió la carpeta de investigación CI1, por la probable comisión de delito de amenazas en agravio de Marisela Escobedo.
Tras esta denuncia, tal y como lo especifica la CNDH, el gobierno de Chihuahua, específicamente el Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos de Peligro, Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública de Chihuahua cometió actos de indebida procuración de justicia hacia las víctimas u ofendidos, al no brindar protección y seguridad a Marisela Escobedo, en su calidad de víctima.
De acuerdo con la CNDH esta falta de sensibilidad y diligencia por parte de las autoridades chihuahuenses generó las condiciones idóneas para que 93 días después, esto es, el 16 de diciembre de 2010, al encontrarse sin protección institucional, un desconocido privara de la vida a Marisela Escobedo cuando realizaba una protesta pacífica en la plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
De esta manera, la CNDH denunció que la omisión de Procuraduría General de Justicia de Chihuahua de proporcionar de manera inmediata protección y auxilio a Marisela Escobedo, ante la amenaza de muerte que recibió, “implica la violación a los derechos a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica y a la debida procuración de justicia, previstos en los artículos 17, párrafo segundo, y 20, apartado C, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1, 1.2, 4, 5.1, 8.1, 17 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 1, 2 y 8, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.
DUARTE DA POR CERRADOS LOS CASOS DE MARISELA Y RUBÍ
Cinco años después del feminicidio de Marisela Escobedo, el asesino de su hija, Sergio Barraza murió acribillado durante un enfrentamiento entre Los Zetas y el Ejército mexicano.
Fue entonces, que el flamante gobernador, que ya encabezaba una entidad en la que los feminicidios se habían disparado más de 300%, señaló que, con la muerte de Barraza y la detención de un supuesto asesino de Marisela, quedaban cerrados los casos de feminicidio más dolorosos para la entidad.
“Con la reciente muerte de Sergio Barraza Bocanegra y con la captura de José Enrique Jiménez Zavala, el pasado 4 de octubre, se resuelven dos homicidios que han dolido a todos, el de la jovencita Rubí y el de Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí”, dijo.
Además, el entonces mandatario estatal aseguró que su gobierno jamás había dejado de buscar a Barraza e incluso había ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien lo entregara.
Sin embargo, de acuerdo con los testimonios del hijo y hermano de Marisela Escobedo, el gobernador no les ofreció jamás ni apoyo económico ni protección. Los familiares de Marisela perdieron sus casas y negocios por verse en la necesidad de invertir sus propios recursos en la búsqueda del asesino de Rubí y, más tarde, para escapar a los EU.
Asimismo, el hermano de Marisela, quien estuvo presente en el momento del asesinato de la activista y vio de frente al criminal que le disparó en la cabeza a su hermana, aseguró reiteradamente que el hombre que Duarte tenía detenido no era el que había asesinado a Marisela.
Según datos del INEGI, durante el 2014, en el estado de Chihuahua, se registraron 172 defunciones de mujeres a causa de agresiones intencionales y, para 2015, se registraron 142, lo que representa alrededor del 9.0% del total de los homicidios registrados para esos años: 1,758 en 2014 y 1,541 en 2015.
Además, se reportó que, en 2015, el 14% de las defunciones de mujeres jóvenes, de entre 15 a 29 años, fueron por homicidio, lo que representaba la primera causa de muerte en este grupo de edad.
DUARTE IGNORA LAS RECOMENDACIONES DE LA CNDH SOBRE EL CASO DE MARISELA ESCOBEDO
Tres años después de ocurrido el feminicidio de Marisela Escobedo y después de la resistencia de las autoridades chihuahuenses para proporcionarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la información requerida para analizar el caso, finalmente la institución emitió sus recomendaciones dirigidas al entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte.
La CNDH solicitaba que se instruyera al fiscal general del estado de Chihuahua para que les otorgara a los familiares de Marisela Escobedo la asistencia médica, psicológica, social y material necesario, hasta en tanto cesaran los padecimientos psíquicos y médicos generados por la pérdida de la activista, y que se enviaran a esta comisión nacional las constancias con que se acreditara su cumplimiento. Indicación que fue ignorada por el gobierno de Duarte.
Igualmente, la CNDH recomendó al entonces mandatario estatal de Chihuahua, que, tras lo ocurrido, se ofreciera una disculpa institucional a los familiares de Marisela Escobedo, la cual, además, debería de implicar el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de la Fiscalía General del estado de Chihuahua; dándose a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta investigación. Recomendación que también fue ignorada por Duarte.
A 22 años del viacrucis y el feminicidio de los que fue víctima Marisela Escobedo, su familia sigue esperando justicia. Para Juan Fraire, hijo de Marisela, no solo se trata de enjuiciar a Andy Barraza, que actualmente se encuentra detenido en EU por otros delitos, sino que es necesario que se realice una investigación completa para alcanzar a los autores intelectuales, en los que se pudieran encontrar el ex fiscal de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, y el ex gobernador, César Duarte.
“No es solo llevar a la justicia al que jaló el gatillo, es llevar a quien permitió desde adentro del gobierno, que filtraron información al crimen organizado, que se llevara el ataque. No es un secreto que, una semana antes de su asesinato, mi mamá declaró en la oficina del ex fiscal, y a la semana la mataron. Y el ex gobernador permitió que sucediera. Durante 15 a 20 minutos, el día del asesinato, no había ninguna autoridad alrededor de Palacio de Gobierno. Se permitió que se hiciera el ataque”, señaló el hijo de la activista en un reciente documental de Netflix.
El regreso de Duarte a México es un buen momento para que el ex gobernador de Chihuahua responda por los 96 millones 685 mil 253 pesos que desvió, pero también es un buen momento para que el ex funcionario responda por el feminicidio de Marisela Escobedo y por los de miles de mujeres mexicanas que fueron asesinadas y que siguen sin recibir justicia por la negligencia de su gobierno.
AM.MX/fm
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