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Los retos del nuevo Sistema de Salud Nacional

Redacción Por Redacción
8 octubre, 2025
en Ricardo Del Muro
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Ricardo Del Muro / Austral

 

A partir de enero de 2026 se iniciará el registro al Sistema de Salud Nacional con el objetivo de que en 2027 se establezcla un esquema que permita atender a todos los mexicanos en cualquier institución de salud pública, sea del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina del lunes en Palacio Nacional.

“Todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional”, afirmó Sheinbaum al presentar un adelanto del nuevo esquema de atención médica – cuyas características y objetivos se presentarán en los próximos días – pero que, de acuerdo al discurso presidencial, tendría el enorme reto de incorporar a casi 50 millones de mexicanos que actualmente no tienen acceso a los servicios de salud.

El anuncio significa el intento más serio en décadas para integrar la atención médica pública en México, históricamente fragmentada entre instituciones federales y estatales donde se observa una desigualdad de recursos, equipos y personal.

En el fondo, la apuesta de la presidenta Sheinbaum busca recuperar el papel del Estado mexicano como garante de los derechos sociales, retomando el espíritu original del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, unificar las instituciones de salud no sólo implica voluntad política – para conjutar los intereses de múltiples organismos sindicales -, sino resolver cómo se financiará la expansión de los servicios y cómo se evitará la saturación de los hospitales urbanos.

El presupuesto actual de salud equivale al 2.8% del PIB, mientras que los países con sistemas universales – como el Reino Unido o España – destinan entre el 6% y 9% del PIB. Esto significa que México necesitaría duplicar la inversión pública en salud durante los próximos años, además de contratar y capacitar a miles de médicos y enfermeras. Incluso, podría significar un nuevo esquema de coordinación con las universidades para incorporar a miles de jóvenes médicos recién egresados que actualmente están mal pagados o desempleados.

Desde la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943, orientado a los trabajadores formales, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1959, destinado a los empleados públicos, la cobertura se ha ampliado, pero también se ha dividido.

A esta estructura se sumaron el Seguro Popular (2003 – 2019) y posteriormente el INSABI, reemplazado en 2023 por el IMSS – Bienestar, encargado de atender a la población sin seguridad social.

El resultado ha sido un sistema múltiple, con instituciones que operan bajo reglas diferentes, presupuesto separados y niveles de calidad dispares.

Sheinbaum busca romper con esa fragmentación y establecer un modelo similar al de algunos países europeos que garantizan atención médica como derecho universal, no como prestación laboral. El proyecto prevé integrar los servicios del IMSS, ISSSTE y Bienestar bajo una estructura nacional coordinada posiblemente por la Secretaría de Salud, con un registro único de pacientes, expedientes clínicos digitales y credencial nacional de salud que permita a cualquier ciudadano recibir atención en cualquier unidad pública de servicios médicos del país.

Aunque todavía no se dan a conocer los elementos del proyecto mexicano, el referente más claro es el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, considerado el paradigma de los sistemas públicos universales. Fundado en 1948 bajo el principio de que la atención médica debía ser gratuita en el punto de servicio, el NHS (por sus siglas en inglés) se financia con impuestos generales y cubre todos los niveles de atención, desde la medicina familiar hasta cirugías especializadas.

En el modelo británico, cada ciudadano tiene derecho pleno a la atención médica, y el Estado gestiona directamente hospitales, clínicas y personal sanitario. Su mayor virtud es la equidad: ricos y pobres acceden al mismo sistema, sin intermediarios. De igual manera, todos los médicos (incluyendo a lo que en México se concería como particulares) tienen la obligación de atender gratuitamemte a todo ciudadano registrado en el Servicio Nacional de Salud.

Otro referente es España, donde se construyó desde 1986 un Sistema Nacional de Salud (SNS) inspirado en el modelo británico, pero descentralziado. El gobierno central fija las políticas generales, mientras las comunidades autónomas administran los hospitales y centros de salud. El sistema español se financia también con impuestos y ofrece atención gratuita o con pagos mínimos.

Su fortaleza radica en la coordinación entre atención primaria y hospitales, lo que reduce costos y mejora la prevención. No obstante, existen diferencias de calidad entre regiones, y el gasto sanitario ha aumentado con el envejecimiento poblacional.

Un tercer referente es Colombia, que reformó su sistema de salud con la Ley 100 de 1993, instaurando un modelo mixto de aseguramiento universal. A diferencia de los sistemas centralizados (británico y español), la atención se basa en entidades aseguradoras (EPS), públicas y privadas, que gestionan los recursos y contratan servicios en hospitales y clínicas (IPS).

Existen dos regímenes: el contributivo, para trabajadores formales, y el subsidiado, financiado por el Estado para personas sin ingresos. Ambos ofrecen el mismo plan de beneficios, lo que ha permitido alcanzar una cobertura cercana al 98% de la población.

El modelo colombiano es valorado por su amplitud de cobertura y sostenibilidad financiera, pero también critucado por su burocracia, deudas hospitalarias y corrupción. Numerosas EPS han sido intervenidas o liquidadas por mal manejo de recursos, y persisten desigualdades entre regiones urbanas y rurales.

Ojalá que el proyecto mexicano del nuevo Sistema de Salud Nacional, anunciado por la presidenta Shienbaum, no se limite a un ajuste burocrático y logre dar pasos significativos hacia una verdadera integración de los servicios médicos públicos, rompiendo la inercia de origen en la que han trabajado de manera desarticulada atendiendo por separado a los trabajadores formales, los burocrátas y recientemente a los grupos sin seguridad social. RDM

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