POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN
¿Quiénes son los verdaderos enemigos de México, aquellos que operan desde los pasillos del poder en la capital norteamericana? Comenzamos.
El politólogo alemán Carl Schmitt escribió en 1932 que la categoría básica en política es la distinción “amigo / enemigo”. Lo novedoso del argumento de Schmitt es que la categoría prescinde de criterios éticos, ideológicos o, incluso nacionales. “Amigo” es simplemente quien te apoya y “enemigo” es quien te juega las contras, sea dentro de tu propio partido, gobierno o movimiento, dentro o fuera de tus fronteras.
Bajo esa lógica, consideramos que los “enemigos de México” en Washington son aquellos actores políticos que juegan, abierta o subrepticiamente, en contra de los intereses nacionales. A saber, jugarle las contras a México no implica una postura dura a la hora de negociar políticas comerciales u económicas. Toda vez que ello se da en un ambiente de igualdad jurídica.
Por el contrario, consideramos “enemigos” a los que activamente buscan acciones que deriven en una destrucción física de infraestructura o de vidas humanas en nombre de la “seguridad nacional” de EUA. Esto no implica negar la realidad de nuestro vecino del norte en materia militar y sus necesidades de salvaguardarse activamente ante los riesgos y amenazas por ellos identificados. Consideramos que el diálogo y a cooperación es la ruta a seguir. Pero no todo mundo con poder en Washington DC piensa así.
Los legisladores estadounidenses que destacan por su actividad de promover la idea de una intervención militar contra los cárteles de la droga en México, como respuesta a la crisis del fentanilo y la violencia criminal, son Dan Crenshaw y Mike Waltz, ambos legisladores del partido Republicano [1].
Estos son los perfiles han impulsado la aplicación de la “Autorización para el uso de la fuerza militar” (AUMF, por sus siglas en inglés) en contra de los cárteles mexicanos. Se trata de la ley que habilita a los presidentes de EUA, tras los atentados terroristas de 2001, para utilizar la fuerza militar en contra de grupos terroristas.
Como puede apreciarse a simple vista, el esfuerzo de estas figuras no se basa en alguna novedad legislativa o de política de seguridad. Hasta ahora esa legislación ha permitido la intervención militar norteamericana en 22 países, lo que también ha generado críticas dentro del propio Estados Unidos por sustentar “guerras eternas” (forever wars).
La primera petición pública por parte de Crenshaw y Waltz para implementar la AUMF fue en enero de 2023, es decir, previa a la elección presidencial norteamericana de 2024. La exposición de motivos permite valorar el juicio hacia México de cada uno de estos legisladores.
“Los cárteles están en guerra con nosotros: envenenan a más de 80,000 estadounidenses con fentanilo cada año, generan una crisis en nuestra frontera y convierten a México en un narcoestado fallido…Es hora de atacarlos directamente. Mi legislación nos pondrá en guerra contra los cárteles al autorizar el uso de la fuerza militar contra ellos. No podemos permitir que cárteles fuertemente armados y letales desestabilicen México e importen personas y drogas a Estados Unidos. Debemos empezar a tratarlos como al Estado Islámico, porque eso es lo que son”. Dan Crenshaw, 12 de enero 2023.
“Es hora de pasar a la ofensiva. Estas organizaciones criminales transnacionales paramilitares no solo son responsables de la muerte de un número sin precedentes de estadounidenses, sino que también están socavando activamente nuestra soberanía al desestabilizar nuestra frontera y librar una guerra contra las fuerzas del orden estadounidenses y el ejército mexicano. Una AUMF otorgaría al presidente sofisticados recursos militares de ciberseguridad, inteligencia y vigilancia para desmantelar las operaciones de los cárteles que ponen en peligro a los estadounidenses” Mike Waltz, 12 de enero 2023.
¿Pero quienes son estos súper halcones norteamericanos?
Daniel Reed Crenshaw es congresista por el 2° distrito Texas, zona de los suburbios al nororiente de Houston. Veterano de la guerra contra Al Qaeda fue miembro del SEAL Team 3, unidad élite de fuerzas especiales de la Marina de EUA. Su carrera militar tuvo una duración de 10 años con cinco despliegues, tres de ellos a zonas de combate. Perdió el ojo derecho en acción en 2012 en la provincia de Helmand en Afganistán.
Derivado de la actividad de su padre Jim Crenshaw como ingeniero petrolero, en su infancia vivió en Ecuador y Colombia por lo que sabe hablar bien el español. Dan, vía las conexiones de su padre, ha mantenido su vínculo con la industria del petróleo y el gas.
Como congresista, Crenshaw fue el noveno legislador que más dinero recibió, por concepto de donaciones de los cabilderos de la industria petrolera en 2022 con un monto de más de 270 mil dólares [2].
Mike Waltz fue electo como congresista por el 9° distrito en Florida en 2018. Es militar de carrera con servicio en los Rangers, fuerzas especiales del ejército de EUA, con múltiples despliegues a zonas de combate en África y Oriente Medio. Cuenta con diversas condecoraciones. Tiene experiencia burocrática habiendo trabajado en su momento en el Pentágono como director de política de seguridad en tiempos del Donald Rumsfeld y Robert Gates. Es decir, es un “insider” del aparato industrial – militar de los EUA.
Fue ex asesor de seguridad nacional de Trump, hasta mayo de 2025, cuando su postura bélica en contra de Irán chocó con la visión geopolítica del propio Trump. Waltz también promovió legislación para impedir que los servicios de salud de los estados atendieran a “migrantes ilegales”.
Se observa que se trata de perfiles políticos “duros” caracterizados por no ofrecer concesiones de ninguna especie a hacia quienes consideran “enemigos”. Si bien en el caso de Crenshaw es abierto el apoyo que ha recibido de la industria del gas y el petróleo, ello no necesariamente implica que su postura anticárteles conlleve una maniobra geopolítica de esa industria. Sin duda las petroleras norteamericanas no le harían el feo a integrarse a la explotación de yacimientos en el Golfo de México, lo cierto es que no se requiere de “sustituir” por la vía violenta al gobierno mexicano para lograrlo.
Mi hipótesis personal es que el interés de una intervención militar directa en México es una especie de “reflejo muscular” de ciertos sectores conservadores ante la elevada mortandad por la crisis del fentanilo. Se trata de una mentalidad de linchamiento propia del viejo oeste. Esta actitud está bastante propaga entre el pueblo americano. Una encuesta de Reuters /Ipsos de septiembre 2023 registra que:
“El 52% de los encuestados se mostró a favor de enviar personal militar estadounidense a México para combatir los cárteles de la droga, mientras que el 26% se opuso y el resto no estaba seguro. Los republicanos apoyaron la medida con un margen del 64% frente al 28%; los demócratas se opusieron por un estrecho margen, con un 47% frente al 44%. Sin embargo, al preguntarles si Estados Unidos debería hacerlo sin la autorización del gobierno mexicano, las cifras cambiaron drásticamente. El 59% de los encuestados se opuso a la acción unilateral, mientras que el 29% la apoyó. El 51% de los republicanos se opuso a la acción unilateral, en comparación con el 40% que la apoyó”. [3]
A pesar de la indignación del norteamericano promedio, a México le reconocen interlocución política. Es decir, se le considera, aún, una nación soberana y no un mero estado fallido sobre el cual pueden pisotear.
Esta situación abre la puerta a otro tipo de “soluciones” provenientes del sector privado. Tomemos como ejemplo la figura de Erick Prince, fundador de la empresa Blackwater (rebautizada como Xe Services, luego adquirida y renombrada nuevamente como Academi, para luego fusionarse con Triple Canopy y pasar a formar parte de Constellis Holdings), conocido contratista militar privado. Entre sus clientes ha estado la CIA y otras dependencias del gobierno norteamericano en diversas partes del mundo y dentro del propio EUA.
Prince no se ha pronunciado abiertamente sobre una intervención militar específica en contra de los cárteles mexicanos, designados por el gobierno de Donald Trump como organizaciones terroristas el pasado 20 de enero.
En todo caso, Prince ha estado en Ecuador y Perú ofreciendo sus servicios de capacitación para fuerzas especiales con énfasis en la lucha anticárteles. Empresas como Constellis, formalmente conocidas como contratistas militares privados (PMC, por sus siglas en inglés), están buscando hacer negocio en Latinoamérica ante las limitaciones políticas y burocráticas del gobierno de EUA [4]. Todo ello por una fracción del costo del despliegue militar convencional y con una supuesta mayor eficiencia de resultados.
El modelo desarrollado por Prince en el contexto de la intervención occidental en Afganistán 2001 – 2021 implica la “integración de contratistas en los batallones de primera línea”, “un servicio de apoyo aéreo”, en el que un oficial local es quien “jala del gatillo” y la “administración de paga, servicios de sanidad y logística” para evitar que la corrupción institucional de los gobiernos tercermundistas mine las capacidades operativas.
Es decir, existe una tendencia a “privatizar” la lucha en contra de los cárteles. Prince describió su modelo de operación en una conferencia en la universidad de Oxford en septiembre 2022 [5].
Como vemos hay dos tendencias en Washington DC sobre como ir a la ofensiva en contra de los cárteles mexicanos, una pública, en la que es el gobierno norteamericano quien lleva la batuta, con todas las implicaciones políticas y financieras que generan las “guerras eternas”. La segunda es una “privatización” del conflicto que promete resultados más eficaces.
Al corte, el presidente Trump autorizó a las fuerzas armadas norteamericanas desplegar fuerzas en contra de los cárteles designados como organizaciones terroristas. Si bien en dicha categoría encontramos a las principales organizaciones criminales mexicanas, el universo es mayor. Otras organizaciones criminales designados como terroristas son el “Tren de Aragua” de origen venezolano y la Mara Salvatrucha (MS – 13) de El Salvador [6].
Considerando la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por la cabeza del dictador Nicolás Maduro de Venezuela, su postura colonialista en contra de Guyana para anexarse la región de Esequiba, y los vínculos con Irán y Rusia, el país sudamericano podría ser el verdadero objetivo de una incursión militar norteamericana. Una demostración de fuerza para incentivar la cooperación con Washington de otros países latinoamericanos.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum necesita mejorar su inteligencia política referente a las dinámicas políticas en Washington DC a efecto de poder estructurar estrategias eficaces para defender los intereses de México. Mencionar sistemáticamente el término “soberanía” en las conferencias mañaneras no es una estrategia, debido a que no evita, modifica o neutraliza la percepción que da vida a la actividad de los súper halcones. México necesita con urgencia aplicar técnicas de inteligencia a la relación bilateral con EUA.
SAGRADAS ESCRITURAS. Isaías 10: 5-6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles.
Fuentes:
[1] https://crenshaw.house.gov/2023/1/reps-crenshaw-and-waltz-introduce-aumf-targeting-mexican-drug-cartels
[2] https://www.eenews.net/articles/meet-the-top-house-recipients-of-oil-and-gas-money/
[3] https://www.reuters.com/world/americans-broadly-support-military-strikes-mexico-reutersipsos-poll-finds-2023-09-14/
[4] https://insightcrime.org/news/erik-prince-privatizing-latin-america-war-crime/
[5] Erik Prince: Founder of Blackwater USA | Full Address and Q&A | Oxford Union minutos 4:50 – 6:37
[6] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists/
