Por Magdalena García de León
Según un documento de la Secretaría de Gobernación, publicado por Fabiola Martínez, en La Jornada, en nuestro país la mayoría de los agresores de periodistas y defensores de los derechos humanos son SERVIDORES PÚBLICOS, DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍACAS.
Le siguen los particulares y los agresores no identificados (podemos pensar que son miembros del crimen organizado).
Son constantes los levantones, los secuestros, las amenazas, los asesinatos y diversos tipos de ataques.
El lugar más peligroso para los periodistas mexicanos es sin duda el Estado de Veracruz, donde impera la impunidad y el gobernador ha sido señalado por su “supuesta” corrupción” y acusado, en más de una ocasión de amenazar y atacar a los periodistas.
De acuerdo al documento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de octubre de 2012 a febrero de 2016 se han presentado 369 solicitudes para quienes se hallaban en situación de riesgo o eran blanco de ataques debido a su actividad, de estas solo se aceptó a 299.
Que tan mal anda nuestra sociedad que quienes debían proteger a los ciudadanos son quienes los agreden, desaparecen y asesinan. ¿En quien podemos confiar?
Lo mas terrible es que quienes atentan contra los periodistas y su labor se sienten con derecho y razón para hacerlo, tenemos el reciente caso del INEpto que denunció a Joaquín López Dóriga y a dos conductores de TV Azteca por haber hecho comentarios en contra de su pauta de anuncios sobre la votación del 5 de junio para elegir a parte de los miembros del Congreso Constituyente que elaborará la Constitución de la Ciudad de México.
¿Desde cuando los periodistas no pueden opinar o simplemente comentar?
La hipersensibilidad y exceso de celo de Lorenzo Córdoba Vianello, Presidente del INE -y quien le da su característica de INEpto- son las razones por las que pretendía que se censurará y hasta castigara a los comunicadores que, solo avisaron al público que a transmisión de la misa del Papa Francisco se vería interrumpida por la pauta de comerciales del INE. Lo que inició la pelea legal contra los periodistas Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre, quienes fueron acusados de querer afectar la pauta electoral.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió contra las pretensiones del INEpto, en el sentido de que se les debía sancionar, al determinar que los periodistas no violaron la ley ni alteraron o manipularon los spots políticos. Los magistrados determinaron, por unanimidad, que Joaquín y Javier ejercieron la libertad de expresión.
Esto es una victoria sobre los personajes públicos de mínimo criterio y poder para fastidiar, pero afortunadamente imperó la razón y los ministros protegieron al oficio y a nuestro gremio. Todos ganamos con esta resolución y también la libertad de expresión.
