El presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó formalmente la validación de su reelección ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela el viernes pasado. Este movimiento se da en medio de creciente presión internacional y un contexto de fuerte controversia sobre el proceso electoral.
Maduro, representado por su procurador del Estado, Reinaldo Muñoz, y varios miembros de su gabinete, pidió al TSJ que certifique su reelección. Esta solicitud llega en un momento en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha enfrentado críticas por no publicar las actas completas de la votación del 28 de julio, a la que la oposición califica de fraudulenta. El CNE ha atribuido la falta de transparencia a un supuesto hackeo del sistema de votación, pero no ha presentado evidencia concreta al respecto.
La petición de Maduro ha sido calificada de “improcedente” por académicos y líderes políticos que cuestionan la legitimidad del proceso electoral. Mientras tanto, grupos de apoyo al presidente se han concentrado afuera del TSJ para mostrar su respaldo, contrastando con la presión internacional que exige una revisión exhaustiva y transparente del proceso.
Según los resultados oficiales, Maduro habría obtenido el 52% de los votos frente al 43% de su principal rival, Edmundo González Urrutia. Sin embargo, este resultado ha sido recibido con escepticismo tanto dentro como fuera de Venezuela, intensificando la presión sobre el gobierno para que garantice la transparencia en el proceso electoral.
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