Como lo demuestran los índices de delincuencia y violencia en México, el crimen organizado no está en cuarentena y la estrategia de seguridad del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha tenido los resultados positivos que se esperan y que ofreció a su llegada.
Hoy, los grupos criminales que operan y controlan drogas, armas, gasolina, tabaco y fármacos, entre otros productos-servicios, a través de diversos delitos, aprovechan la distracción e incapacidad de las autoridades para seguir delinquiendo con total impunidad. Así, la amenaza de un aumento de la delincuencia en 2021 es inminente, como lo alerta la organización no gubernamental International Crisis Group.
Esta tendencia de criminalidad en el país se mantiene desde hace tiempo. Incluso, de cara al último trimestre del 2020, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, manifestó su preocupación por el alza en delitos de delincuencia organizada, los cuales tuvieron un incremento del 53.8% al pasar de 80 en 2019 a 123 el año anterior, con delitos como homicidios, feminicidios y delincuencia organizada.
Asimismo, ante un Estado que concentra sus recursos en la emergencia sanitaria y la crisis económica que conlleva, las redes delictivas se han fortalecido y se han ido alejando de la dependencia del narcotráfico durante los últimos años, utilizando nuevas modalidades de negocios ilícitos para reproducirse, como la extorsión y el secuestro.
Estos delitos se han convertido en medios cruciales para generar ingresos en lugares -hasta los más turísticos o de mayor plusvalía-, donde la protección y seguridad pública es deficiente o inexistente, y son permitidos por los altos niveles de impunidad y colusión que existen en la autoridad.
Ejemplo de ello es la operación de grandes organizaciones del narco, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”; el Cártel de Sinaloa de Israel “El Mayo” Zambada y La Unión Tepito de Raúl Rojas Molina “Mi Jefe”, que han expandido su presencia y poderío en gran parte del país, a pesar de que en entidades como la Ciudad de México se llegó a negar que en su extensión hubiera presencia del crimen organizado, habitual en otros estados del país.
Otro caso conocido y denunciado públicamente, y del que las autoridades han hecho caso omiso, es el de la familia Filippini, liderada por Carlos Cedano Filippini, alias “El Rambo”, que busca con engaños y violencia, monopolizar el mercado de los cigarros en varios estados de la República; inclusive, ya se tiene registro de sus actividades en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Tabasco.
A través de falsos operativos y la impunidad que les otorgan sus nexos con la Procuraduría General de la República, este “Cartel del Tabaco” amenaza y secuestra a comerciantes, distribuidores y empresarios.
Carlos -otrora comandante de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia y otras instituciones federales- encabeza dichos “operativos”, junto con sus hermanos Hugo y Genaro (también elementos policiales); “El Rambo” ya ha estado en la cárcel por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Otros integrantes de la familia, como Ana Lilia Cedano Filippini (hermana) y Carlos Antonio Cedano Guzmán (sobrino) participan activamente en el negocio.
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), ha reconocido que el crimen organizado está mutando en México a medida que las bandas que trafican drogas y armas incursionan en nuevos y lucrativos negocios, como la trata de personas, el robo de combustibles o la extorsión. Sin embargo, hasta hoy, los esfuerzos de la justicia mexicana para contrarrestar estos delitos han sido escasos.
