Lilia Arellano.
“Demorar la justicia es injusticia”: Walter Savage Landor
• Mafias nacionales
• En México prevalece el reinado de la inseguridad
• Costo de la violencia en 2016: hasta 18% del PIB
• 2018: Videgaray, Meade y Osorio, ¿descartados?
• De $25 mil, el impuesto a la seguridad en el país
• Arma de fuego en 60% de homicidios: IPM 2017
• En Chihuahua, “Estamos solos”, se queja J. Corral
• Miles de secuestradores libres: Plataforma México
• Instalan SNA… sin fiscal ni magistrados: Peschard
• Moreno Valle, asesor ¿honorario? en Quintana Roo
Ciudad de México, 4 de marzo de 2017.- Lamentablemente debe reconocerse la inexistencia de algún punto, aunque sea perdido, dentro de la geografía nacional, en donde la mafia, la delincuencia organizada, carezca de presencia. Los reportes sobre muertos ya de por sí graves, carecen de exactitud. Son otros tantos miles los no reportados por las autoridades estatales y federales con el fin de lograr no ser ubicados con una alta peligrosidad, de aparecer como punteros del crimen. Sin embargo, el constante hallazgo de fosas clandestinas hace ver como también se ocultan las desapariciones y no sólo de nacionales sino de extranjeros. Se cuenta con un gabinete de seguridad federal tan rimbombante y publicitado como inútil, soportado solamente por los discursos y un mediocre impacto mediático.
El hecho de constituir la inseguridad la queja permanente de la totalidad de mexicanos, han decidido integrarla como elemento de campaña, la usan de eje central de promesas de solución y de ataques entre partidos políticos, organizaciones forjadoras de un gran descontento, de rechazo, de críticas ciudadanas multiplicadas en los últimos tiempos. Enrique Ochoa, líder del tricolor, advirtió públicamente es con los mandatos panistas cuando se recrudece la violencia. Al parecer no tomó en cuenta las denuncias de complicidades entre autoridades y mafiosos presentadas desde hace varias décadas y en las cuales aparecen los mandatarios estatales encabezando muchas listas, inclusive en los Estados Unidos. Y no se trata necesariamente de colores y sabores partidistas, la relación entre estas mafias, las oficiales y las ligadas a todo tipo de delitos, están presentes en mandatos tricolores, blanquiazules y amarillos.
Esta relación se ha registrado, inclusive, a nivel presidencial. Con los priístas se dieron gusto capos del nivel de Amado Carrillo, de Rafael Caro Quintero, de Ernesto Fonseca, se desarrollaron los Arellano, los Beltrán Leyva. Con los panistas tuvo lugar la fuga de El Chapo y la extensión de su cártel a todo el país bajo la más completa protección de los federales. El sexenio de Felipe Calderón exhibió muy claramente sus inclinaciones de mantener a Guzmán Loera al frente al atacar y recluir a los de su competencia. Salvo quienes se acercaron a negociar con el entonces capo de capos, los demás fueron casi eliminados. El retorno del PRI a la titularidad del Ejecutivo no mereció cambios. Se han seguido las mismas líneas y la captura, otra fuga y la recaptura, se asemejan a esos guiones preferidos del Canal de las Estrellas, del lugar en donde se formó quien hoy ostenta el cargo de Presidente honoraria del DIF, o primera dama, o La Gaviota.
Junto con el rubro económico, en donde están dejando un verdadero tiradero con un crecimiento anual del PIB sin superar el 2 por ciento y con un millón de pobres más cada año, el problema de la seguridad se ha convertido en el más urgente de resolver en México. La estrategia aplicada a lo largo de esta administración federal fue sólo la continuación de las tácticas fallidas ejecutadas durante el calderonato, con los mismos resultados: prácticamente ningún avance y si muchos retrocesos. La violencia ya le costó a México el equivalente al 18 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, cuando el aumento de los homicidios contribuyó en gran medida al retroceso de los niveles de paz en territorio nacional, de acuerdo con el Índice de Paz México 2017 en el cual se ocupa la posición 140 de 163 países evaluados.
Si al igual que los sesudos analistas políticos del país especulamos quién podría ser el próximo candidato a la Presidencia de la República del PRI y sus aliados, sustentando la tesis la cual indica debería ser el más capacitado para enfrentar el principal problema nacional, tanto el ex secretario de Hacienda y actual canciller, Luis Videgaray, y el actual titular de esa dependencia, José Antonio Meade, serían descartados de inmediato. Su trabajo en los terrenos: económico y de relaciones exteriores, ha sido deplorable. En cuanto al aspecto de seguridad, también Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, sería retirado de inmediato, ante la falta de resultados y el desarrollo de la inseguridad repercutida también en otros renglones. Los resultados hasta el momento en esa área de su total competencia, son de lamentarse, por lo cual urge su corrección, la cual, dicho sea de paso, se relaciona con la resolución del tema económico ante la falta de inversiones y por ende la creación de empleo en el país.
El costo de la violencia en México supone aproximadamente 25 mil pesos por persona, sostiene la coordinadora del centro de investigación del Instituto de Economía y Paz en México, Patricia Obeso. Se trata, dice, de “un impuesto a la seguridad en el país”, el cual pagan todos los ciudadanos y cuya cuantía supera la de un mes de ingresos del trabajador mexicano promedio, especialmente en estados como Colima, donde el costo de la violencia per cápita es de 66 mil 500 pesos, o Guerrero, donde es de 53 mil 600 pesos. La medición toma en cuenta los costos directos empleados para contener la violencia –como cuánto gasta el Estado en las fuerzas armadas o las empresas en protegerse- y los indirectos, en los cuales entran en juego conceptos como la percepción de la inseguridad o de qué supone para una familia quedarse sin la cabeza.
Al poner estos datos sobre la mesa, De Obeso cuestiona: “¿Si la inversión que hemos hecho en los últimos diez años en el combate directo al narcotráfico (…) en la contención de la violencia, realmente han tenido impacto?” o más bien debe preguntase: “¿en qué deberíamos estar invirtiendo para mejorar los niveles de paz?”. El hecho concreto es que los niveles de paz cayeron el año pasado un 4.3 por ciento, cuando en los dos años anteriores se registró un estancamiento, sin avances ni retroceso. En ese descenso pegó el incremento en la tasa de homicidios en 18 por ciento -16.7 por cada cien mil habitantes-. Esto arrastra los niveles de paz hacia abajo.
El 60 por ciento de los homicidios reportados se cometieron con un arma de fuego, adquiridas principalmente en el mercado negro de Estados Unidos. Los gobiernos estatales y municipales no reportan correctamente estos delitos. Por ejemplo, en Nayarit y Veracruz hay una discrepancia del 60 por ciento entre las víctimas de homicidios registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en comparación con las cifras oficiales de ambas entidades.
Prácticamente igual se mantuvo la tasa de crímenes de la delincuencia organizada, la cual examina el número de extorsiones, delitos relacionados con el tráfico de drogas y secuestros. Pero un problema complejo es que en nuestro país no hay “manera de saber a ciencia cierta o con estadísticas oficiales” qué porcentaje de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado, destaca De Obeso, quien agrega: “aún hay mucho que hacer” para que los ciudadanos vean la justicia como una institución en la que puedan confiar y para mejorar el trabajo de los policías locales, en momentos en que el Legislativo debate una polémica Ley de Seguridad Interior que busca regular la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Insiste en que ahora “hay que voltear a nivel local”, para ver “qué pueden hacer” los policías, las fiscalías estatales y los ministerios públicos. Todo parece indicar que a nivel federal ya agotaron su arsenal intelectual por lo que hay que trabajar a otros niveles. Lo anterior representa un simil de salir de pesca en aguas en donde las especies de escamas ya se esfumaron o tratar de localizar a la primera un mamey listo para ser digerido. Encontrar en el actual sistema de justicia del Poder Judicial elementos capacitados y portadores de la camiseta con respeto a la ley es un reto tanto o más grande que encontrar una aguja dentro del pajar.
ESTAMOS SOLOS: CORRAL
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, sostiene: en la entidad, como en todo el país, “se acabó el famoso milagro en materia de seguridad de la estrategia nacional. Desde febrero del año pasado en distintos estados del país se volvieron a disparar las cifras, sobre todo de delitos vinculados con el narcotráfico”. En Chihuahua, se incrementaron los homicidios dolosos, “tuvimos un repunte muy fuerte en octubre y otro muy delicado en febrero”.
Acusa a la Federación de haber “bajado los brazos” en el tema de seguridad. Como prueba señala el retiro de mil 200 agentes de la Policía Federal que estaban en esa entidad, primero, haciendo labores de vigilancia, y luego en la custodia del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, durante su reclusión en un penal de Ciudad Juárez. Para Corral, el gobierno federal debe asumir la responsabilidad que tiene en Chihuahua respecto al combate al crimen organizado y los delitos que atañen a su competencia.
El mandatario panista sostiene: “estamos haciendo en el estado, en muchos sentidos, una labor que corresponde en primer lugar a la Federación, estamos enfrentando solos al crimen organizado, al mismo tiempo que combatimos la corrupción política”. Y muestra cifras: de la incidencia delictiva en la entidad, el 80 por ciento está relacionada con el crimen organizado, drogas y armas, todo ello de competencia federal, y pese a esto sólo están desplegados solamente150 agentes federales en el territorio chihuahuense.
Tras su llegada a la gubernatura en octubre pasado, Corral señaló descubrieron que en la anterior administración, encabezada por el ahora prófugo de la justicia, César Duarte, del PRI, hubo un subregistro de los homicidios dolosos; esto permitió maquillar las cifras. “Desarmaron al estado, antes de que llegáramos, le devolvieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un arsenal muy importante, todas las armas de alto calibre que había, todas, ahora la fuerza de los narcotraficantes es superior en armamento y elementos a la de los estados”.
La violencia registrada en Chihuahua responde al mismo fenómeno imperante a nivel nacional: la diversificación de los grupos criminales y la disputa por un mercado emergente de cristal. En tanto advierten algunos conocedores, existe otra estrategia puesta en marcha desde el centro del país consistente en activar las acciones de la mafia a fin de desestabilizar los mandatos de quienes renunciaron a las filas priistas y participaron en los comicios anteriores bajo el cobijo de otros partidos, dejando ver la gran osadía de retarlos y ganar.
MÁS DE 5 MIL SECUESTRADORES LIBRES
De acuerdo a Plataforma México –“sistema de información de inteligencia para la operación policial”-, en el país hay 15 mil 380 secuestradores presos, de los cuales, 5 mil 675 han declarado contaron con cómplices. De esos, 2 mil 223 han sido mencionados en averiguaciones previas. Y de este grupo, 247 personas tienen un mandamiento judicial en su contra por delitos que no se relacionan con privaciones ilegales de la libertad; 158 sí cuentan con “al menos una orden de aprehensión por secuestro”, pero no han sido capturados, y lo más grave es que en el caso de mil 976 están libres y sin haber sido sujetos de órdenes de aprehensión, destacó Ricardo Márquez, titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
El 72 por ciento de los secuestradores detenidos declararon haber requerido el apoyo de uno a tres delincuentes más; 11 por ciento reconoció que su grupo estaba formado por cuatro personas más, en tanto que el 17 por ciento restante lo hacía en bandas integradas de cinco a ocho miembros, según las datos de Plataforma México, en donde se ha registrado información conteniendo nombres y alias, huellas dactilares, voz, registros genéticos, fotografías, centros de reclusión, averiguaciones previas por tema, casos documentados o en proceso.
La mayor parte de los secuestradores iniciaron sus grupos delictivos en Ciudad Nezahualcóyotl, en el estado de México, y la delegación Iztapalapa, en la capital del país, y se han convertido en “exportadores y maestros en secuestros” al resto de los estados, según las autoridades.
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, SIN FISCAL NI MAGISTRADOS
Este martes se instaló formalmente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Inició de manera incompleta pues no han sido designados ni el Fiscal que perseguirá los delitos, ni los magistrados que sancionarán los actos de corrupción. “El Sistema Nacional Anticorrupción está todavía incompleto, no está nombrado el Fiscal Especial Anticorrupción ni los magistrados de la sala especializada ni las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y que tendrá a su cargo imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos”, advirtió Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Coordinador del SNA.
Si este nuevo sistema no da resultados, el riesgo de una anemia social será muy grande, pues los ciudadanos verán en él una nueva mascarada, avisó ante el titular de la PGR, Raúl Cervantes, quien ocupó la silla correspondiente al Fiscal Anticorrupción. Y subrayó: las denuncias que ha interpuesto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la PGR no han derivado en sanciones a los responsables. Tampoco, añadió, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha logrado hacer efectivos los procedimientos resarcitorios para lograr que los funcionarios públicos que desviaron recursos, los devuelvan al erario.
Peschard resaltó: “el escándalo de corrupción de alcance global, de la empresa brasileña Odebrecht, es un ejemplo de lo anterior, en particular porque se trata de un delito confeso, estamos en espera de que se cumpla el plazo de reserva de información de este caso en mayo próximo, para que nuestras autoridades den a conocer los nombres de los funcionarios responsables de un pago indebido de 10 millones de dólares, para que proceda su detención”.
El Comité Coordinador del SNA quedó integrado por Peschard, presidenta del Comité Ciudadano; el Auditor Juan Manuel Portal; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), Carlos Chaurand; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez; Alfonso Pérez Daza, miembro de la Judicatura Federal; Ximena Puente, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI); y Raúl Cervantes, quien como titular de la PGR acudió en sustitución del Fiscal Anticorrupción.
FISCAL ANTICORRUPCIÓN, ATORADO
En un intento por destrabar los desacuerdos y definir al candidato a ocupar la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado se reunirá este miércoles. El Senado no ha logrado ponerse de acuerdo sobre este cargo. El coordinador del PRI en la Cámara alta, Emilio Gamboa Patrón, admitió no hay garantías de que se logren consensos para cumplir con esta obligación legislativa. Menos las habrá si el yucateco y muchos de sus alumnos y protegidos encuentran un peligro en este nombramiento. Les vienen pesando todos los negocios hechos, ejecutados y financiados con el poder y los recursos públicos y, aunque dicen los pájaros gordos no vuelan alto, la excepción que confirma la regla se encuentra en la figura del colmilludo legislador tricolor.
El contexto en que se instala es complejo: no sólo la politización en torno al nombramiento del fiscal anticorrupción, sino también el debate sobre los alcances de su autonomía y la necesidad de hacer más transparente la selección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, encargado de sancionar faltas graves.
Fernando Herrera, presidente de la Jucopo, advirtió: el PAN no se prestará a simulaciones. Se trata, dijo, de elegir a un fiscal funcional y no sólo llenar un espacio.
Tanto los coordinadores del PRI y del PAN, aseguraron que no están en falta por no haber nombrado al Fiscal Anticorrupción. En tanto no se nombre a este funcionario, explicaron, el procurador general de la República, Raúl Cervantes, tiene todas las atribuciones para realizar esta tarea. Solamente que, no las lleva a cabo porque su interés es servir a su amigo el presidente y, estando tan cercana la conclusión de su sexenio, tampoco quiere andar arrastrando enemigos.
MANO POBLANA MECE LA CUNA EN Q.ROO
Los temas en la agenda gubernamental en la perla del Caribe mexicano van acumulándose sin lograr percibir la existencia de un cambio o de avances en los renglones reclamados por los ciudadanos de manera casi permanente. En contraposición, van confirmándose señalamientos hechos desde hace medio año, justo cuando a los burócratas despedidos y radicados en Chetumal se les fue sustituyendo por mexicanos venidos de tierras en donde el mole y los camotes son tan conocidos como la cochinita pibil y el chicozapote en Quintana Roo. Cuando se habló de la invasión poblana se levantaron muchas voces, se hicieron y difundieron todo tipo de desmentidos, sin embargo la presencia constante del ex gobernador de Puebla ha revelado que, en su momento, solamente se dijo la verdad, una de tantas verdades que, automáticamente, molestan.
Sin embargo, el fin de semana anterior se derribaron todas las barreras, se saltaron las gradas, se descubrieron los telones y dejaron ver existencias de influencia, y mucha, en las decisiones que solamente, se suponía, corresponden a una sola persona, a la electa por el pueblo, al gobernador. Sin ningún rubor y ahora con el pretexto de dictar una conferencia -antes fue la presentación de un libro por cierto promocionado en decenas de espectaculares, en un franco y abierto desafío a las inservibles autoridades electorales-, Rafael Moreno Valle se dijo asesor de Carlos Manuel Joaquín González en los temas más delicados: finanzas y seguridad. No se ha dicho si el ex mandatario poblano cobra tanto por sus pláticas como por sus consejos o lineamientos, lo sabido son sus ambiciones de convertirse en el candidato del PAN a la Presidencia de la República, las cuales se antojan muy remotas al estar ubicado, según todas las encuestas realizadas hasta el momento, en el lugar más bajo, con un porcentaje de un solo dígito. La tan traída y llevada transparencia brilla por su ausencia. Tampoco está claro quién paga la renta de semejantes exhibidores callejeros.
Mucho se rumoró con respecto a compromisos contraídos entre quienes, en el pasado reciente, se encontraban: uno, ejerciendo el mandato; otro, aspirando a él a más de 2,300 kilómetros de distancia. Esos mismos dichos van en aumento y nada parece detenerlos sino todo lo contrario, van agregándose datos y presencias confirmando que, como dice uno de los refranes más viejos: piensa mal y acertarás. En esas andanzas se encontraban enviándose mensajes los ciudadanos a través de las redes cuando de pronto llegó a sus receptores otro evento sangriento, terrible, de esos cuyas posibilidades de ser incluidos entre los llevados a cabo por terroristas, crecen día con día. De nueva cuenta se cometieron asesinatos múltiples en las principales avenidas de Cancún, en la que sale directamente a la zona hotelera y aquella en la cual se ubica el Palacio Municipal. Agregándose un asalto a casa-habitación ante el cual hizo la policía sonar sirenas anunciándoles a los maleantes cercanía y posibilidades de atraparlos.
Apenas unas horas antes se había llevado a cabo la recepción de 600 elementos del Ejército mexicano en la cual estuvieron presentes el gobernador y la alcaldesa de Solidaridad. Se fueron, dicen los de la Gendarmería, terminó su periodo vacacional, suponemos, sin lograr se viera un solo punto sobre el cual sustentar la más mínima esperanza de recuperar esa tranquilidad y seguridad insertadas en el esquema de venta turística del lugar. A partir de la consideración de asentarse en la Riviera Maya y en Cancún, las mejores plazas para la venta de estupefacientes, comenzó la debacle. Hoy, se dice, pelear por el lugar es la raíz de la inseguridad reinante, pero los estudiosos en este tema, los expertos y no los consejeros, señalan las complicidades hechas dentro de las cadenas de mando tanto de la mafia como de las policías, como las hacedoras reales de la pesadilla del presente.
Serán peras o manzanas pero no aparece quien, con seriedad, contemple el daño provocado en estas fechas y mucho menos prevea el oscuro futuro que se aproxima, no por lo menos en las filas gubernamentales en las cuales, tomarse las fotos, hablar mucho y dizque lograr grandes apoyos federales se asemejan más a otra parte de la campaña que a buscar la solución real para semejante problema. Paul Carrillo, Cristina Torres, aparecen más ocupados y preocupados por conseguir o la reelección o la postulación para la candidatura a las diputaciones a resolverse al término de su administración, que a ver seriamente la posibilidad de hundimiento del destino reconocido nacional e internacionalmente por la captación turística.
En ambos casos se registra un alejamiento notorio de la autoridad estatal. Se ven solamente para captar las lentes pero nada se hace para plantear estrategias conjuntas. Cada quien jala por su lado, tal y cual ha sucedido en sexenios anteriores. Habrá que agregar el coqueteo de quienes no se han registrado en las filas panistas, tienen uno y mil problemas con los perredistas y piensan en Morena como tabla de salvación. Para este cambio, Solidaridad lleva mano.
Por cierto en estas intentonas de pegarle al violón más de uno se pregunta si le pegarán al violín en clara referencia a la venta de tierras. En muchos de los casos denunciados aparecen como primeros negociadores ex gobernadores por cierto ligados al triunfo obtenido por Carlos Joaquín González. En otras tierras no mencionadas en las listas ya conocidas se encuentran ex presidentes de la República y en esas operaciones no estaría de más revisar los avalúos, conocer cuánto pagaron por metro, por hectárea, si es que realmente pagaron. Si se revisan los adquiridos por la familia Calderón ¿cuál sería el resultado y la cantidad liquidada por toda una franja cozumeleña? ¿Esa la guardan para favorecer a Moreno Valle? ¿Para limpiarle el camino y eliminar a doña Margarita? Ya se verá y sabrá.
DE LOS PASILLOS
Violencia incontenible: cuatro presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada murieron y otros dos más fueron detenidos en dos enfrentamientos registrados en el municipio de Miguel Alemán, reportó el Grupo de Coordinación Tamaulipas (CGT). Los enfrentamientos ocurrieron cuando personas armadas dispararon contra elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas… Policías estatales fueron recibidos a balazos por varios sujetos que iban a bordo de una camioneta tipo Hummer… Después de una persecución, en el lugar murió uno de los presuntos delincuentes y se aseguraron armas… En otra de las confrontaciones, se decomisaron 137 paquetes de mariguana, con un peso superior a una tonelada, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal…
A una cuadra de la Fiscalía del Estado de Guerrero, al sur de Chilpancingo, fueron localizados dos cuerpos envueltos en bolsas de plástico. Personal de la Fiscalía y peritos forenses acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos. Ocho cadáveres han sido tirados por la delincuencia en ese lugar. Entre lunes y martes, seis personas han sido ejecutadas en la capital guerrerense…
Tras oponerse a un asalto dentro de una tienda de conveniencia sobre calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, una mujer resultó lesionada por arma de fuego. La encargada del negocio, de aproximadamente 48 años, se negó a entregar el dinero, producto de la venta del día a un delincuente. Por eso, el sujeto accionó el arma y disparó contra la mujer, provocándole una herida en el brazo. No se reportó la detención del delincuente… Y de más feminicidios le platicamos mañana.
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