Eduardo Sadot
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no solo inauguró una nueva etapa política; también redefinió las prioridades del gasto público bajo el pretexto de austeridad republicana. Con un monto aprobado cercano a los 5.8 billones de pesos, el primer presupuesto del nuevo gobierno “reorientó” recursos hacia programas sociales y proyectos estratégicos – léase voto clientelar –. Sin embargo, uno de los ajustes menos visibles, pero de mayores implicaciones técnicas, se dio en el rubro de mantenimiento.
La reducción no apareció como un anuncio frontal ni como un programa cancelado. Se encuentra “escondido, embozado, disfrazado, encubierto en su origen perverso” (exactamente como lo hacían los cuatreros a finales del siglo XIX) en los detalles técnicos del presupuesto, específicamente en la Clasificación por Objeto del Gasto, dentro del Capítulo 3000 —Servicios Generales— que concentra los recursos destinados al funcionamiento cotidiano de las dependencias federales.
Ahí, en las partidas 351, 352, 353 y 355, correspondientes a conservación y mantenimiento de inmuebles, reparación de mobiliario y equipo, mantenimiento de equipo de cómputo y de transporte, se registraron disminuciones respecto al ejercicio 2018. El ajuste formó parte del recorte al gasto operativo en diversos Ramos Administrativos, donde el ahorro se concentró en servicios considerados no prioritarios.
La lógica política fue clara: adelgazar la burocracia, eliminar “gastos superfluos” y redirigir recursos a áreas de impacto social directo, de rentabilidad electoral.
En términos financieros, la medida contribuyó a liberar recursos sin incrementar impuestos ni endeudamiento. En términos administrativos, envió una señal contundente de disciplina presupuestal.
Pero el mantenimiento no es gasto suntuario; es inversión preventiva. Su reducción pudo no generar efectos inmediatos, pero sí consecuencias acumulativas.
Cuando se pospone la conservación de inmuebles públicos, la reparación de equipo o el mantenimiento vehicular, el deterioro se acelera. Lo que ayer representó “ahorro” hoy se convirtió en gasto mayor, frecuentemente registrado en el Capítulo 5000 como inversión física o rehabilitación estructural.
El debate no es ideológico, sino técnico. Toda política de austeridad requiere distinguir entre gasto improductivo y gasto estratégico. El mantenimiento pertenece a la segunda categoría. Sin él, la infraestructura pública pierde eficiencia, seguridad y vida útil como vemos hoy que ha sucedido.
El Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2019 marcó un cambio de rumbo en la política presupuestaria mexicana. Sin embargo, como toda decisión fiscal, sus efectos no solo se miden en el balance anual, sino en la sostenibilidad de los activos públicos a mediano plazo. La austeridad ordena; la prevención protege. El equilibrio entre ambas es el verdadero desafío de cualquier administración responsable.
Las consecuencias significan responsabilidad contra “Lesa patria” y contra “Lesa humanidad”, toda vez que durante seis años, hay muertos por inseguridad, por accidentes carreteros, deterioro de calles, deterioro del sistema de salud falta de abasto con sus consecuencias en pérdida de vidas humanas, corrupción en infraestructura y muertos por el deterioro de instalaciones – recuerden personas accidentadas en el metro, en ferrocarriles y carreteras – todo ello tienen nombre y apellido y responsable final el presidente acusado de narco, no puede pasar por la vida impunemente y protegido por su sucesión, deberá tener el mismo fin que Mussolini y Hitler.
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