Por Mouris Salloum George*
Desde Filomeno Mata 8
Tenemos un perverso contrapunto en la profunda grieta en la que está atrapado el Estado mexicano -reino blindado para la delincuencia de cuello blanco. A la dinámica fraudulenta de los agentes económicos privados, los poderes Ejecutivo y Legislativo ceden con una histórica inercia, que no es otra cosa que falta de energía moral y política para actuar en defensa de la República. Es una impotencia asumida a valores entendidos entre las partes.
Si de Estado fallido se trata, seguramente la expresión más monstruosa se oculta en la proverbial opacidad de los tratos y contratos entre los integrantes del establishment, en reuniones en lo oscurito con los pastores del Congreso de la Unión para planchar reformas y contrarreformas a la Constitución, y modificar leyes o crear otras a sabor de los presuntos implicados.
Lo más grave de esa mecánica, son los compromisos concertados con las agencias financieras multinacionales y los sindicatos de acreedores privados foráneos, de lo que resulta nuevos grilletes, haciendo de México un rehén perpetuo.
La deuda pública: Un insaciable barril sin fondo
La quiebra financiera del Estado, con demoledores impactos en todo el proceso económico, tiene como detonante la deuda pública, con su componente externo, un barril sin fondo en incesante exigencia de nuevos e improvisados menús.
La primera presidencia neoliberal -la de Carlos Salinas de Gortari- casi reclamó medalla de oro, de mucho oro, por la salida que se dio a la deuda externa, arreglo por el que se dijo estaría garantizado el bienestar de las generaciones por venir.
Llegó el torbellino del error de diciembre de 1994 y nos alevantó
Poco duró el blasón; 1994 cerró con el maquinado error de diciembre, que obligó a Ernesto Zedillo Ponce de León a aceptar un descomunal salvataje de la Casa Blanca a cambio -se sabría después- de embargar la factura petrolera como garantía de pago. (Salinas de Gortari pretendió defenderse: Dejé un problema; lo convirtieron en una crisis)
Menos públicos fueron otros compromisos cumplidos posteriormente: La privatización de los fondos de los trabajadores para su retiro y lo que podría alcanzar el rango de joya de la corona: El cambio de siglas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, pero no de objetivos: Brindar una acerada protección a aquellos que desfondaron las finanzas de los entes privatizados, pagados muchos de ellos con papeles chatarra.
De deuda contingente a pública, con cargo a contribuyentes
Al rescate, al que se asignarían unos cuantos miles de millones de pesos se le puso una máscara: Apoyo a los ahorradores. La bolsa, sin embargo, fue a parar a las cuentas de los banqueros, ya en tesitura de vender las instituciones obsequiadas, corporativos de la industria de la construcción, negocios inmobiliarios, carreteros, etcétera.
Los unos cuantos miles de millones se multiplicaron (1999), hasta alcanzar, de entrada, la suma de 521 mil millones de pesos (1999). Al darse al Fobaproa nueva tarjeta de presentación como Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab), la llamada técnicamente deuda contingente se convirtió en deuda pública, con cargo a los contribuyentes que sí cumplen.
Por servicios a esos pasivos se han gastado más de 600 mil millones de pesos del erario público. No obstante, para el cierre de 2017, los números rojos rebasaban el billón de pesos. Todavía, para el ejercicio fiscal 2019, se le etiquetaron más de 50 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Gozosa experiencia, sirve a los inconstitucionales Pidiregas
El “modelito” -probada su diabólica eficacia- se reprodujo: Hacia 2008-2009 -periodo de la crisis financiera desencadenada por y en los Estados Unidos-, la Secretaría de Hacienda cabildeo en la Cámara de Diputados parches y remiendos a las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la específica Ley de Presupuesto correspondiente a 2009.
Ahora, el rescate se dio en beneficio de la parte privada suscriptora de los Proyectos de Inversión en Infraestructura con Impacto Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), rebautizados elegantemente como Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva de Largo Plazo o Programas de Asociación Público-Privada.
Mismos actores, mismos usufructuarios: Corporativos favoritos que reclamaron compensaciones públicas por los costos de la devaluación del peso. Dado el secretismo de esos arreglos, ni los especialistas en Economía y Finanzas logran cuantificar los montos d los beneficios otorgados a los contrista. Sólo en el caso de Pemex se aventura que el alcance fue de unos 896 mil millones de pesos.
Deuda Pública, 11 billones de pesos; refinanciables
Arribamos así al puerto de la amargura. Cautivo en el círculo vicioso de endeudarse para pagar deuda vieja (el eufemismo es, refinanciación– el Estado mexicano carga con una deuda pública (entre interna y externa) de casi 11 billones de pesos, a cuyo servicio para 2020 se reservan más de 500 mil millones en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
No más endeudamiento dice el spot puesto en cartelera a lo largo de 2019. Ayer, la Secretaría de Hacienda dio la amable noticia de que se lanzan nuevos papeles al mercado por unos 2 mil 300 millones denominados en dólares. Obvio, una parte está destinada a la refinanciación de deuda acumulada históricamente.
En 2019, la contratación de deuda, ya para el primer semestre era del orden de 9 mil 519 millones de dólares. Dado que se pagan intereses (más que a principal) casi de anatocismo, queda la impresión de que el gasto va a fondo perdido.
Seguimos, pues, anclados en una incurable inercia impuesta por la mano, más que visible, del mercado. El neoliberalismo tiene como santo y seña la contumacia. Grave asunto.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
