Francisco Rodríguez
“Es rico, no necesita robar”, reza la conseja popular cuando algún personaje acaudalado llega a ocupar cargos públicos. Pero no siempre il popolo tiene la razón, porque muchos de ellos, la mayoría, llegan a esos puestos y se dedican al saqueo y la desviación de recursos públicos.
El del coahuilense Enrique Martínez y Martínez parece ser uno de esos condenables casos. De acuerdo a alguno de sus exégetas, en 2013 reportó tener “propiedades en Mission, Texas, y un rancho en Zacatecas. Ha registrado ser dueño de 16 terrenos de entre 45 y 90 hectáreas, más ganado y una buena cantidad de cuentas bancarias e inversiones bursátiles. Es presidente de Grupo Empresarial Martínez, poderoso en el ramo de las agencias funerarias. Pero la realidad es que prácticamente no ha dejado el sector público desde que tenía 25 años. Trabajó en el gobierno de Coahuila entre 1976 y 1987. De 1988 a 1991 fue diputado federal. Regresó a la Cámara en 1997. De 1999 a 2005 fue gobernador. En 2010, asumió como delegado del PRI en el Estado de México de Enrique Peña Nieto y se sumó a la campaña. Poco tiempo habría tenido para hacer fortuna en la iniciativa privada.”
Y luego, como se recuerda, fue titular de la entonces llamada Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), al asumir la Presidencia de la República su presunto socio y cómplice Enrique Peña Nieto. Duró ahí hasta el 27 de agosto de 2015. Y desde 2016 a 2018 se fue de vacaciones a La Habana, tras ser nombrado embajador de EPN ante el gobierno cubano.
Rico, muy rico, pero según resultados de la ASF, durante la gestión del coahuilense frente a la Secretaría de Agricultura, en el sexenio de Peña, no comprobó el uso de dos mil 035 millones de pesos… más lo que se le acumule, claro está.
¿Para las campañas del PRI? ¿Cuánto para los bolsillos de la pandilla criminal formalmente encabezada por Peña Nieto, pero en la realidad manejada por il consiglieri Luis Videgaray?
Y en esa pandilla, but of course, también asaltaron al erario los sucesores de Martínez y Martínez, el queretano también ex gobernador e hijo de ex gobernador José Calzada Rovirosa, y el fallido candidato a mandatario estatal de Tamaulipas –-protegé de Videgaray– Baltazar Hinojosa Ochoa.
Millones que nunca llegaron a manos de sus destinatarios
Dice la Biblia (Proverbios 22:16) que “el rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria”. Puede ser, pero no en un sistema político como el mexicano donde reina la impunidad.
Porque, mire usted, “… se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la Sagarpa, con motivo de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016, en donde se han observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos por los beneficiarios”.
En 2017 la ASF advirtió sobre las malas prácticas de la Sagarpa, auditoria 1594 de la Cuenta Pública, en la que identificaron desvíos por 574 millones 600 mil pesos en perjuicio del Programa de Fomento a la Agricultura.
De acuerdo a sus dos últimos informes correspondientes al análisis de las cuentas públicas de 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación también detectó que la Sagarpa hizo pagos por al menos 10 millones 391 mil 600 pesos a productores que no se comprobó que vivieran o que ya habían fallecido. De acuerdo al Informe, se desconoce quién cobró el dinero que se supone va a programas productivos.
Estos análisis en cuestión corresponden al 2013 y el 2014, cuando fue secretario Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador de Coahuila
Los muertos votan… ¡y cobraban en Sagarpa!
La revisión de la cuenta pública del 2013, primer año de la gestión de Martínez y Martínez, señala que en el entonces Procampo Productivo había 15 mil 544 productores registrados con edades de 75 a 113 años. Mucha vitalidad en la tercera edad, ¿a poco no?
Se pidió comprobar la supervivencia de sólo 200 y Sagarpa no pudo demostrar si vivían o estaban muertos 101, mismos que recibieron 424 mil 600 pesos.
Bajo el mismo programa, en la revisión se identificó que se otorgó un millón de pesos a 362 productores de Chihuahua, Durango, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas en el 2013, pero se comprobó que estaban muertos para el 2011, dos años antes de recibir “la lana”, según el Registro Nacional de Población.
En la cuenta 2014 se detectó que Proagro Productivo –antes Procampo– destinó 7 millones 742 mil pesos a mil 850 personas de 28 Estados. Según Renapo, todos fallecieron antes de la fecha de pago.
Incluso se han tramitado apoyos cuando el beneficiario ya falleció. Es el caso del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, donde se registraron apoyos a 271 productores por un millón 225 mil pesos.
“(Dichos productores) fallecieron entre enero del 2011 y enero del 2014, es decir, antes de la apertura de ventanillas para la recepción de solicitudes del programa, cuyo periodo fue del 15 de enero al 17 de marzo del 2014”, señala la ASF.
¿Qué clase de milagros hacen las funerarias propiedad de Martínez y Martínez –sobre cuyas pistas delincuenciales ya anda la Fiscalía General de la República– que los muertos no sólo votaban a favor del PRI, también cobraban sus respectivos cheques?
Ya tendrá tiempo de explicarlo el que segurámente será uno de los próximos indiciados de la 4T.
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