Más de 1,000 ciudadanos de la Unión Europea se han unido a una acción legal contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por presuntas violaciones cometidas durante la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
La denuncia fue presentada por el activista belga Frederic Baldan, quien afirmó que entre los demandantes se encuentran miembros de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y funcionarios húngaros y polacos.
Acusaciones y Pruebas
Baldan declaró a los medios que hay evidencias que sugieren que las vacunas aprobadas para su uso en la UE «no fueron suficientemente probadas» en cuanto a su eficacia. A pesar de ello, Bruselas implementó medidas restrictivas contra quienes se oponían a la vacunación obligatoria. «Esto demuestra que la Comisión Europea violó los derechos de los ciudadanos desde el principio», afirmó Baldan.
El tribunal belga de Lieja no pudo examinar el caso el pasado 6 de diciembre y tuvo que aplazar indefinidamente las audiencias. La Fiscalía Europea ha protestado, argumentando que von der Leyen goza de inmunidad debido a sus funciones oficiales.
El Escándalo del Pfizergate
En julio pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la Comisión, bajo el liderazgo de von der Leyen, había cometido infracciones al adquirir las vacunas. Se constató que, tras firmar contratos por 2,700 millones de euros, von der Leyen negó el acceso a documentos relevantes sobre estas compras a los diputados del Parlamento Europeo.
El escándalo conocido como Pfizergate surgió cuando se reveló que von der Leyen mantuvo conversaciones por SMS con Albert Bourla, director de Pfizer, mientras se negociaban los términos para la compra de vacunas. Este hecho generó sospechas sobre su «influencia personal» en los contratos.
La Respuesta de la Comisión
La Comisión ha defendido su posición al afirmar que las comunicaciones eran temporales y no estaban sujetas a almacenamiento. Sin embargo, este argumento ha sido impugnado por eurodiputados que exigen mayor transparencia en las negociaciones.
La situación ha llevado a un creciente escepticismo entre los ciudadanos europeos respecto a la gestión de las vacunas. La falta de acceso a información clave sobre los contratos ha sido criticada como un obstáculo para la confianza pública en las instituciones.
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