CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el inicio de la pandemia, el COVID-19 ya provocó la muerte de más de 4,3 millones de personas y el contagio de otros 210 millones en todo el mundo. Esas cifras, analizadas por continentes, arrojan que el 47% de las víctimas fatales corresponden a América, el 28% a Europa, el 19,5% a Asia, el 4% a África y el 1,5% a Oceanía.
En términos absolutos, Estados Unidos no solo se ubicó como el país que más infectados tuvo sino también el que lidera, junto a Argentina y México, las demandas judiciales contra China y la OMS por no frenar a tiempo la propagación del virus. En Argentina, por ejemplo, hay más de 1.000.
Para Patricio Poplavsky, CEO y fundador de Poplavsky International Law Offices, las demandas están repartidas principalmente en esos tres países por dos cuestiones: la gran cantidad de víctimas en esos lugares y que el estudio de abogados tenga presencia física en cada uno de ellos.
“Del total de los casos presentados ante la justicia, el 70% pertenece a personas que padecieron COVID y se recuperaron totalmente, el 10% quedó con secuelas luego de transitar la enfermedad y el 20% a familiares de víctimas fatales”, detalló Poplavsky.
Hasta mediados de agosto, los reportes oficiales de cada país confirman que en Estados Unidos hubo 36.306.724 infectados y 619.093 muertos; mientras que Argentina registró 5.080.908 casos y 108.936 fallecidos, y México arrojó 3.101.266 positivos y 248.380 defunciones.
“Todos somos víctimas de la pandemia y juntos podemos hacer justicia. Nuestra firma de abogados lidera el reclamo Internacional de quienes tienen o han padecido la enfermedad. Buscamos que los responsables respondan por sus actos ante los Organismos Internacionales y reparen el dolor de las víctimas”, sostuvo Denisse Elena González Barbosa, quien se desempeña en la filial mexicana de Poplavsky International Law Offices.
La denuncia es contra la República Popular China, en cabeza de su presidente Xi Jinping y su Gabinete de Gobierno; y la Organización Mundial de la Salud, en cabeza de su Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos tercero, que se refiere al Derecho a la Vida, y quinto, al Derecho a la Integridad Personal.
Las demandas expresan “daños materiales”, como la pérdida de ingresos, gastos médicos y los gastos de la víctima ante el encubrimiento de las autoridades o la falta de investigación; y “daños morales”, como estar aislado y alejado de seres queridos, con el padecimiento de miedo, sufrimiento, ansiedad, angustia, humillación, degradación, y la inculcación de sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración e impotencia a raíz del contagio.
“La causa, que es colectiva, se encuentra en proceso previo a la apertura de prueba. Es decir, los próximos pasos son llamar a los testigos propuestos por las partes y requerir la documentación que solicitamos en la denuncia”, remarcó Poplavsky, quien tiene las “más altas expectativas” en alcanzar un fallo favorable para los damnificados.
Sin bien el abogado dijo que es difícil determinar los tiempos, y muchos menos en un caso de tal magnitud como este donde no hay antecedentes históricos de una denuncia de este tipo, estima que “en un plazo de cinco años pueden haber resultados finales”.
Desde Poplavsky International Law Offices afirman que los familiares de las víctimas fallecidas por coronavirus podrían cobrar aproximadamente US$ 1.000.000; entre USD 500.000 a USD 700.000 las personas que estuvieron internadas o con mayores complicaciones, y USD 200.000 los afectados que transcurrieron la enfermedad con síntomas más leves.
AM.MX/fm
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