Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
¿Qué sigue después de que por unanimidad el pleno de la Suprema Corte votó por la no criminalización de las mujeres que aborten voluntariamente, a partir de declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila que castigaban hasta con tres años de prisión el aborto voluntario?
En palabras del presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, crear por disposición del Consejo de la Judicatura Federal –órgano que también preside sin que nadie se escandalice porque es juez y parte–, de un grupo especial de defensores públicos para representar legalmente a las mujeres que en la actualidad están presas o sujetas a proceso por abortar.
Transcurrida la fase de los adjetivos ditirámbicos para calificar la decisión judicial del martes 7 –de temblores e inundaciones, de pandemia con la terca variante Delta–, se trata siguiendo a Zaldívar Lelo de Larrea, de hacer realidad el sentido de la resolución tomada por 10 ministros, de que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se queden sólo en “los medio ni en los libros, sino que se hagan realidad”. Es decir, sigue la fase más difícil, que los derechos estampados en la resolución sean norma y vida cotidiana, para lo cual es indispensable que se ejerzan y para que esto suceda que las beneficiarias conozcan su alcance y no el que colegas y medios le atribuyen aquí y en el extranjero.
Básico en un país en el que la interrupción voluntaria del embarazo se paga con cárcel en 28 estados de la república, ya que sólo está permitida en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.
Para los expertos Leticia Bonifaz Alfonzo, Karla Salas Ramírez, Yolanda Molina Reyes y Alex Alí Méndez, estamos ante una decisión histórica, porque la Corte envió un mensaje a los congresos para no criminalizar a las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado, mas no despenalizó el aborto, pero ya no se podrá castigar con cárcel a las mujeres que abortan.
Dicho de otro modo: La Corte sentó un precedente que obliga a los tribunales de México a no criminalizar a quienes toman esta decisión. Sin embargo, para despenalizar el aborto todavía se requiere la modificación de todos los códigos penales estatales. (Angélica Soto Espinosa y Anayeli García Martínez, en CIMAC Noticias).
Con todo, es un gran paso en la dirección más que correcta, insoslayable, si el polémico tema es analizado desde la perspectiva de un problema de salud pública y que en México generó hasta 2019 que fuera la cuarta causa de mortalidad materna. Y a partir de 2020, con el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad covid-19, se sumó a las causas de defunción asociadas al embarazo, el parto y el puerperio. De hecho, se ubicó en el primer sitio.
Tan polémica es la cuestión que la más reciente encuesta realizada por El Financiero arrojó que 45% de los consultados se pronunció a favor del aborto y 53% en contra. Esto en un país que, según la asesoría financiera Bloomberg, la sentencia es “sorprendente en una nación conservadora y católica”.
De allí la muy pertinente actitud presidencial de dejar en manos del Poder Judicial una decisión derivada del análisis de una acción de inconstitucionalidad que en 2017 interpuso la Procuraduría General de la República, entonces dependiente del Ejecutivo federal. Pero otros colegas, como Carmen Aristegui, lo leen como “escurrirle al bulto”, reivindicando así la añeja cultura del tlatoani, el jefe del poder de poderes. Un día después justificó al pillo Juan Francisco Ealy Ortiz.
Acuse de recibo
El periodista Témoris Grecko defiende, por fortuna, la transparencia y la equidad en la publicidad de Palacio Nacional para los medios, un pendiente del gobierno de la 4T. Para ello pone como ejemplo que “un diario (La Jornada) recibe más publicidad que los tres canales de Televisa” –son cuatro nacionales– y de Televisión Azteca. Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Benjamín Salinas Pliego ya cuentan con un buen aliado y además independiente… Concluye el editor Moisés Edwin Barreda sobre: https://insurgentepress.com.mx/dos-hechos-represivos-injustificables/: “La liosa (Lía) Limón introdujo a su entonces novio (Luis) Carlos Ugalde a la antesala de los narcalderón, es decir que metió baza en el fraude con que le arrebataron la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador en 2006. Lo que sí es censurable y muy de lamentar es la represión a migrantes por parte de ‘un funcionario’ (¿policía?) y agentes del Instituto Nacional de Migración. Cabe preguntar si se sanciona a ciudadanos que golpean o se resisten a policías, ¿por qué no sancionar con la debida energía a policías que golpean a ciudadanos?”… Para leer en el antepenúltimo número de la revista http://www.forumenlinea.com/: Trastornos del sueño; Miomatosis o fibromas uterinos; La infección de las vías urinarias; Otitis; Sangrado uterino anormal… Para depositar su aportación: BBVA 04 44 05 27 81. En Oxxo, Walmart y otras: 4152 3135 0925 7205, a nombre del redactor.
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