Para los analistas, es increíble lo que está haciendo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Dicen que no es claro si para atacar los proyectos emblemáticos de esta administración como es el caso de la refinería en Dos Bocas, o solo para beneficiar a Emilio Lozoya Austin por el caso Odebrecht.
Y es que en varios proyectos en los que está involucrado, añaden los analistas, ha logrado liberar la cárcel, si bien con la ayuda de sus abogados, también con la de organismos como MCCI.
El pasado 21 de enero de 2022, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hizo públicas versiones “integras” de los documentos contenidos en los cinco tomos que la Fiscalía General de la República publicó, dónde se presentan las declaraciones de 20 funcionarios o exfuncionarios públicos adscritos a Petróleos Mexicanos en calidad de testigos.
En todos los casos, explican los analistas, los funcionarios y exfuncionarios que declararon como testigos sobre los contratos de Tula y Salamanca, refieren el debido cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para la adjudicación de los contratos. Destaca una de las declaraciones de los funcionarios de Procura y Abastecimiento, que detalla que, correspondió a un cuerpo de gobierno denominado Grupo de Autorización a la Excepción del Concurso Abierto autorizar la adjudicación directa, y comenta que, si alguno de los integrantes se hubiera manifestado en contra, no se hubieran podido realizar las contrataciones.
Este Grupo está integrado, entre otros, por representantes de las áreas de Procura y Abastecimiento, Jurídica, Finanzas, así como, la Unidad de Control Interno y la Auditoría Interna.
Las manifestaciones incluyen señalamientos indicando que los estudios de mercado (competencia del área de Procura y Abastecimiento), arrojaron que no existían muchas empresas calificadas para llevar a cabo las obras.
Finalmente, dijeron los especialistas, no se debe dejar de lado que si el MCCI cuenta con la información que ha hecho pública en su portal respecto a las carpetas de investigación del caso Odebrecht, primero, ha dejado de lado temas que sin duda la FGR hoy si debe estar investigando como es el caso del contrato de suministro de Etileno e incluso las actuaciones de la actual Administración en Petróleos Mexicanos que han beneficiado al consorcio en el que participa la empresa brasileña, pero también deja clara la falta de honestidad de MCCI al realizar “interpretaciones” sesgadas de documentos que, como arriba se señala, solo demuestran que ni en Tula ni en Salamanca los funcionarios de Pemex actuaron de manera distinta a lo que la normatividad interna les exigía, y en todo caso, actuaron en beneficio de Pemex, y en particular de una serie de Proyectos que los diversos órganos de autorización al interior de Pemex (Grupo del Trabajo de Inversiones, Comité de Estrategia de Inversión y Consejo de Administración entre otros) determinaron como benéficos para la empresa.
Es por demás deshonesto, comentaron los expertos, llamarse “contra la corrupción” cuando se anuncia con “bombo y platillo” que se cuenta con una información (la versión íntegra de los expedientes), que no se pudo haber obtenido si no a través de actos ilegales que sin duda fueron producto de la corrupción.
Así, expresaron, el tema de fondo es que se violó el debido proceso al revelar documentos de la carpeta de investigación.
Esos documentos no son concluyentes en el proceso de investigación, ya que la decisión siempre es colegiada por un consejo de administración y enjuiciar a una o dos personas es sesgar el proceso judicial y hacer un juicio sumario en la opinión pública con una orientación política que parece favorece a Emilio Lozoya, concluyeron los expertos.
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