Claudia Rodríguez
Fue tan gris la campaña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña, el candidato bautizado como ciudadano pero representante del PRI, que pasaron de noche muchas de sus propuestas para gobernar, ni siquiera las que de manera natural tenían que ser de gran impacto, son recordadas hoy como aportaciones al quehacer político. Aquéllas en contra de la corrupción, acciones reclamadas de forma imperativa por la mayoría de la sociedad, y por supuesto asociadas a los mismos partidos políticos en el poder no trascendieron de ninguna forma.
En enero del presente, Meade dejó claro que sus faenas contra la corrupción serían de gran peso en caso de ganar la Presidencia, pero apenas si la promesa dio para un boletín “de campaña”.
No obstante la propuesta fue de gran calado y claro, dirigida a muchos de sus pares sin nombrarlos, además de que se enviaba el mensaje de que tampoco tenía injerencia en la llamada Estafa Maestra con la que se desviaron 400 mil millones de pesos de recursos públicos, cuando él propio Meade se desempeñaba como titular de Hacienda.
Lo que quedaba de cada acto de campaña del candidato priista a la silla presidencial era medido en número de asistentes en lugares abiertos o con capacidad para grandes multitudes, sí bajaba de peso y cuántos kilos menos llevaba, e incluso la señal de ser un verdadero priista al portar una chamarra roja en los últimos meses de campaña electoral.
En realidad Meade no fue buen orador, ni asertivo en comunicar hasta propuestas de gran impacto cuando menos mediático.
Cuando habló de su propuesta de acción contra corruptos, los medios de comunicación no lo tomaron muy en serio, pues él mismo señaló que aún tenía que acordar con las dirigencia de los partidos otros dos partidos coaligados al PRI, en lo que se conoció como Todos por México — Nueva Alianza y el Partido Verde.
El hecho probado es que estas propuestas anticorrupción no tuvieron rango de alianza y ahí quedaron, sin embargo sí eran de gran sentido y necesidad por los intereses que en su caso trastocarían:
El candidato priista –entonces “ciudadano”– prometía ampliar y aplicar la suspensión e inhabilitación máxima a funcionarios públicos corruptos. Quienes cometieran actos de corrupción tendrían que reponer lo robado y quedarían inhabilitados para participar en procesos de contratación; no sólo quedarán inhabilitados de participar en el servicio público.
La primera parte de la propuesta era la confiscación de dinero, de propiedades y de bienes de funcionarios corruptos, incluso los que se ostentaran como suyos aunque estuvieran registrados a terceros.
El segundo punto señalaba cárcel con pena máxima ampliada para los corruptos y el tercero se refería creación de una instancia que certificara las declaraciones patrimoniales y de impuestos de funcionarios, a fin de encontrar consistencia y evolución lógica entre los cargos desempeñados, ingresos obtenidos, bienes y recursos con los que se cuente.
Para Meade y para cualquiera, el mecanismo sería muy sencillo: quien no pudiera explica el origen de sus bienes los perdería en beneficio de las obligaciones del Estado.
Vaya que la propuesta anticorrupción para los funcionarios públicos iba directo contra todos aquellos que abusaron de la confianza de su ejercicio y sonaba a reclamo del pueblo.
Pero hoy, pocos creen que Meade pudiera haber expresado tales líneas, porque los mismos ciudadanos y al final electores, lo asociaron al grupo de corrupción que por sexenios ha saqueado a los mexicanos. Hay quienes dicen que era una línea directa para castigarse él mismo.
Como el cuento de Pedro y el Lobo, aun hablando con la verdad, a Meade nadie lo tomó en serio.
Acta Divina… José Antonio Meade Kuribreña como candidato a la Presidencia de la alianza Todos por México, señaló que quien hubiera abusado del esfuerzo de la gente en el ejercicio de sus responsabilidades dentro del servicio público, se le aplicará todo el peso de la ley, ya que el tejido social se fragmenta con actos de corrupción.
Para advertir… Meade fue presa de la misma corrupción priista.
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