Por Aurelio Contreras Moreno
El crecimiento de los índices de inseguridad suele estar asociado, entre otros factores, al desplome de las condiciones de vida de la población, puesto que genera la búsqueda de satisfactores de las necesidades económicas por las vías que sean, lícitas o no.
La generación de empleos es un indicador puntual de cómo se comporta la economía de una determinada región y los efectos que puede tener en la calidad de vida de sus habitantes. Por ello, el fomento del trabajo es una de las políticas a la que los gobiernos debieran poner mayor atención.
Si bien no es responsabilidad gubernamental la creación de fuentes de trabajo que no sean las burocráticas, sí forma parte de sus obligaciones otorgar y preservar las condiciones de certeza jurídica y de seguridad para que la iniciativa privada decida invertir y generar trabajo, que a su vez dinamice la circulación de dinero y propicie el consumo, dando como resultado un mayor bienestar, al menos en términos generales.
Sirva este preámbulo para señalar que en los primeros meses del año, en Veracruz ha sucedido exactamente todo lo que podría considerarse negativo en esta ecuación. El empleo ha sufrido una drástica contracción, lo cual puede servir para explicar en alguna medida el aumento en los índices de violencia, reconocidos –a regañadientes- por el mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
De acuerdo con el indicador de generación de empleos de la asociación civil “México ¿Cómo Vamos?”, al primer trimestre de 2019 Veracruz ocupa el lugar 27 de los 32 estados de la República en creación de fuentes laborales, solo por arriba de Tabasco, Estado de México, Chiapas, Morelos y Guerrero.
Según estos datos, Veracruz es una de las 15 entidades federativas que generaron menos de 75 por ciento de su meta de fuentes de trabajo, pues durante los primeros tres meses de este año se crearon solamente tres mil 985 empleos formales, cuando el objetivo estimado era de 18 mil 675.
Asimismo, “México ¿Cómo Vamos?” reporta que si bien se registró en Veracruz un decremento en el índice de pobreza laboral –que se refiere a la proporción de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso proveniente de su trabajo-, al pasar de 51.5 por ciento a 49.9 por ciento, sigue siendo mayor al promedio nacional, que asciende a 38.7 por ciento.
La tasa de informalidad en el empleo también creció en la entidad de enero a marzo de 2019, al pasar de 60.7 a 61.3 por ciento, en comparación con el primer trimestre de 2018. Aunque lo que sí se logró, de acuerdo con estas mediciones, fue reducir la desigualdad laboral.
Lo que también se registró en estas estadísticas fue un aumento en el porcentaje de la población ocupada en el gobierno de Veracruz, que pasó de 3.6 a 4 por ciento en la comparación de los primeros trimestres de 2018 y 2019.
“México ¿Cómo Vamos?” elabora sus estudios a partir de los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Valga agregar que el crecimiento económico de Veracruz durante el año pasado fue de 3.3 por ciento, cuando la meta anual era de 4.5 por ciento. Y que la productividad -entendida como el número de pesos por hora trabajada- pasó de 124 a 123 pesos de 2017 a 2018. Ambos indicadores todavía no han sido medidos en la administración de Cuitláhuac García Jiménez.
La mediocridad del desempeño laboral de Veracruz en los primeros meses del gobierno de la “4T” es evidente y preocupante, pues no se ve que exista alguna política real de fomento al empleo en el estado.
Claro, salvo el empleo de la nueva burocracia de la “cuarta”. Ésa sí creció. Pero no parece servir para mucho.
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