CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio (Al Momento Noticias).- La investigadora Elena Azaola Garrido, miembro del Consejo Nacional de Seguridad, considera que atender las necesidades de las cárceles federales puede representar un avance de cultura y concientización en la sociedad mexicana.
Afirma que contar con organismos e instalaciones dignos invitará a la población de las cárceles para que al salir sean mejores ciudadanos y respetuosos con las leyes.
Su formación como antropóloga y psicoanalista egresada de la Universidad Iberoamericana le han permitido incursionar en temas como criminalidad, violencia, instituciones de seguridad y justicia. Su interés por el sistema penitencial mexicano surgió después de haber colaborado con el doctor Sergio García Ramírez, quien trabajó en la Secretaría de Gobernación para implementar un proyecto sobre menores infractores.
Pese a ser una solicitud explícita, también recibió una “advertencia” al respecto: “el medio criminológico es una especie de virus y si te dejas inocular será difícil salir de ahí”, a lo que la doctora admite que así fue. Descubrió que son temas apasionantes e interesantes por lo que optó —desde la ciencia y el conocimiento—, aproximarse a estos fenómenos para aportar un mejor entendimiento y, desde ahí, contribuir al diseño de mejores políticas para hacer frente a estos fenómenos, afirma la investigadora.
La especialista habla acerca del perfil y los patrones de comportamiento que presentan mujeres y adolescentes al delinquir, entre los cuales destaca una situación marginal y falta de los derechos como educación, salud, vivienda, trabajo, etcétera.
Azaola Garrido enfatiza en que “tampoco existe una relación directa entre pobreza y delincuencia, como a veces podría creerse”. Sin embargo, comenta que de acuerdo a múltiples estudios realizados a nivel mundial, “los sectores que están más abajo perciben que las reglas no se aplican de manera justa a todos, que no existen reglas iguales para todos”.
“Particularmente, en el tema de los adolescentes ciertamente el tema familiar tiene un peso importante, tiene que ver con el abandono, la negligencia o diferentes dificultades de los padres para supervisar o hacerse cargo por completo de los hijos”, comenta.
Al cuestionarle por un modelo efectivo para las prisiones mexicanas, la doctora precisó: “Debería ser un modelo respetuoso de la legalidad, de los derechos. México tiene leyes que marcan cómo debe estar manejada la situación de las personas privadas de su libertad”.
“Pero de acuerdo con las leyes nacionales, tratados y estándares internacionales que son comunes a todos los países, marcan que esas personas tienen derecho a una vida digna; que están privadas de su libertad pero no están privadas de otros derechos, tienen derecho a estar en un espacio digno, a alimentación, salud y a tener oportunidades de educación, de empleo para que ellos también puedan contribuir a su propio sostenimiento y el de su familia”.
“No a un empleo en condiciones de explotación, porque es algo a lo que se está propenso cuando están privadas de libertad. Si bien es cierto que ellos deben contribuir con una parte de su sostenimiento para necesidades elementales, también tienen derecho a obtener algunos recursos porque hay bienes que la institución penitenciaria no les proporciona, como los de higiene personal, por ejemplo”.
AMN.MX/wh
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