Javier Peñalosa Castro
Cuando parecería que ya habíamos visto todo, y que los actores políticos mexicanos podrían ser capaces de aprender de sus errores, nos han vuelto a pasar la misma película. ¿Quién no recuerda aquellos años en que el procurador carnal de Fox, el militar Rafael Macedo de la Concha, se propuso hacer a un lado, contra viento y marea, y con un manejo faccioso de su cargo, a quien por aquella época —como ahora— punteaba en las preferencias del electorado mexicano?
Pues a dos sexenios de distancia —el del espurio Calderón, que con esas triquiñuelas se hizo de la silla y el de Peña Nieto, que con similares ardides logró ser entronizado—, la historia parece repetirse, pero ahora la víctima aparente de este retorcimiento de las “instituciones” es Ricardo, Ricky Ricón Anaya —a quien la PGR ha investigado con celeridad inaudita e impropia de su naturaleza—, y su defensor es el inefable barbón Diego Fernández de Cevallos, quien hoy se refiere —y aclara que se dirige a la institución— a la Procuraduría General de la República como “hijo de puta”.
Por supuesto, la memoria de los políticos es más flaca que una modelo de pasarela, y Diego no recuerda ya cómo se confabuló con Carlos Salinas de Gortari, con su socio Carlos Ahumada y con el remedo de sí mismo, Federico Döring, para contribuir a desacreditar a Andrés Manuel López Obrador con videos fabricados en los que se exhibía a personas del entorno del tabasqueño recibiendo dinero, y que se repitieron hasta la náusea para, al más puro estilo de la propaganda nazi, tratar de contagiar parte de esta imagen a la honestidad del Peje, contra la que, a lo largo de más de una década, nada han podido fabricar.
A diferencia de lo ocurrido en las dos últimas campañas presidenciales, el grado de popularidad del abanderado priista es tan bajo, que los genios que lo asesoran buscan tirar primero al panista para después intentar dar alcance al morenista.
De acuerdo con la lógica —que no es lo que suele prevalecer en la vida política mexicana— la intentona de la PGR de quitar a la mala el nombre de Anaya de la boleta para la elección presidencial, debería fracasar, por burda y atípica, especialmente por la agilidad con que se estaría atendiendo un caso de presunta corrupción como los que no dejan de acumularse en el escritorio del encargado del despacho de la PGR, y entre los que deberían destacar en primerísimo lugar la investigación del escándalo Odebrecht, por el que se ha sentenciado a más de un presidente latinoamericano, y que aquí parece no tener un solo responsable (aunque la firma brasileña ha dicho hasta el cansancio que entregó 10 millones de dólares en “mordidas”).
López Obrador, en el tono conciliador que lo ha caracterizado durante el proceso en curso, ha hecho un llamado a aclarar los señalamientos de presuntas irregularidades, tanto de Anaya, acusado de lavado de dinero en una operación comercial, como de José Antonio Meade, señalado como cómplice o copartícipe de los desvíos de fondos atribuidos a Rosario Robles a su paso por Sedesol y de la trama conocida como la Estafa Maestra, denunciada en el portal de noticias Animal Político, mediante la cual se utilizó a universidades públicas para lavar dinero del presupuesto federal, a cambio de algunas migajas, y para fines ignotos —pero seguramente aviesos— sin que hasta la fecha se tenga noticia de que exista alguna investigación en curso por parte de los sabuesos que regentea el sucedáneo de procurador que con tanta frecuencia hemos podido ver durante los últimos días en los espacios más destacados de los medios a modo y a quien incluso los más fieles textoservidores del gobierno titubean en respaldar.
Todo apunta a que el grupo de políticos régimen que está por dejar el poder está verdaderamente empavorecido ante la perspectiva de que llegue al poder un grupo que combata la corrupción que ha campeado en todos los ámbitos y que difícilmente podrá ocultarse, incluso si ganara el mismo partido.
Desgraciadamente para los Nuño, los Robles, los Ruiz Esparza y un interminable etcétera, por más que lograra mantenerse en el poder el PRI, pese al descrédito y el rechazo popular, será indispensable que quien encabece el nuevo gobierno ofrezca algún sacrificio en aras de ganar credibilidad y tiempo para establecer un marco mínimo de gobernabilidad.
Seguramente los “operadores” (mapaches, compradores de votos, corruptores) priistas ya preparan su entrada en escena para intentar una actuación similar a la que permitió entronizar a Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México —plagada de irregularidades como las tarjetas rosas, el manejo faccioso de la información y la “inflación” de uno de los candidatos—, que a la postre permitieron un margen mínimo de maniobra.
Sin embargo, hoy “el horno no está para bollos”, ni parece posible un triunfo por margen escaso y sospechoso. Habrá que ver hasta dónde están dispuestos a llegar quienes están de salida en su desesperación por tratar de mantener la impunidad, pero con toda certeza, llegado el momento, no tendrán que preocuparse por desacreditar al adversario, sino de salvar el propio pellejo.
