Palabra de Antígona
Sara Lovera*
La primera vez que el gobierno mexicano debió legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo fue en 1936, pero las primeras demandas se hicieron en los años 20 del siglo pasado. Ya se cumplieron más de 100 años.
Este derecho, siempre polémico, convertido en prohibición por el control patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres, se reconoce hace tiempo. Se ha documentado que el Estado mexicano, desde el código penal de 1931, en actitud liberal admitió que no es delito por violación. Así hoy, el aborto no es delito por varias razones, pero una es fundamental cuando hay embarazos no deseados, producto de la violación.
La atenuante de violación es un motivo ético para no criminalizar a las mujeres, pero hay restricciones y negativas sistemáticas. Las excepciones son muchas y son importantes, desde la “imprudencia de la mujer”, cuando su vida peligra, por probable infección del VIH, por razones de salud, por malformaciones del feto, por razones económicas entre otras. Muchas se fueron introduciendo en distintos sexenios, la mayoría en el de José López Portillo. Lo grave es la resistencia.
La demanda, desde las mujeres, tiene esos más de 100 años. Los intentos desde el Estado coinciden que las muertes por aborto son un asunto de salud pública; además, se prueba que la violencia sexual afecta a las más pobres y a las niñas. Nadie puede estar en favor del aborto, pero es claro que es un último recurso y un derecho.
Con la promulgación de la Ley de Población en 1976, se admitió el uso de anticonceptivos; las feministas son incansables, no han dejado de luchar. Hoy se habla de realizar abortos seguros y evitar la muerte de miles de mujeres. Las feministas hicieron en 1979 la primera iniciativa al Congreso.
Fue hasta 2007 cuando que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México. No obstante, hoy el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna.
Por eso ha sido tan importante la despenalización del aborto en Oaxaca, exactamente el 25 de septiembre de 2019, y apenas hace unas semanas en Hidalgo, y como en la Ciudad de México desde 2007, que se permite el aborto hasta la 12 semana de gestación. Y, aunque puede y debe realizarse por violación, los gobiernos le dan la vuelta; lo impiden, sin argumentos. Es una batalla que hace algunos años se da en todos los frentes.
Es tiempo de asumir que la interrupción legal del embarazo (ILE) es reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las diputadas de esta legislatura han insistido. Y las investigaciones evidencian que no hay, como dicen, una gran oposición.
Una inexplicable y aguda es la de Veracruz, a pesar de que el 21 de agosto de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre un amparo para que en esa entidad se permita la ILE, resolución que está en revisión. Lo cierto es que la entidad podría convertirse en la cuarta del país en liberalizar el aborto. Hay un halo festivo en la Marea Verde, expresada en todo el país. Las diputadas locales tienen la palabra.
Veracruz se apresta a una resolución a favor de la ILE, si es que en esa entidad no ganan las argumentaciones de los grupos evangélicos y de la Iglesia Católica. El dictamen de la iniciativa está listo. La resolución podremos conocerla en las próximas horas. No hay argumentos que puedan evitarlo. Sólo de enero a mayo de 2021 se denunciaron 226 violaciones y Veracruz tiene el primer lugar en muerte materna por aborto, situación criminal. Veremos.
*Periodista, directora del portal informativo SemMéxico.mx
