Por Alejandra del Río Ávila ·
La devastación en Veracruz, Hidalgo y Puebla revela una verdad que ningún discurso oficial puede ocultar: México enfrenta los desastres naturales desarmado.
La desaparición del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) no solo fue un error administrativo, sino una tragedia anunciada.
El agua no espera. Cuando los ríos desbordan y los cerros ceden, la naturaleza exhibe la fragilidad de nuestras estructuras, la lentitud de los gobiernos y la profundidad del abandono.
En Veracruz, Hidalgo y Puebla —donde más de 60 personas han perdido la vida y miles han quedado sin hogar— el desastre no comenzó con la tormenta.
Comenzó el día que el Estado mexicano decidió eliminar el FONDEN, el mecanismo que por décadas dio respuesta inmediata a los desastres naturales.
Hoy, el país llora víctimas, pero también paga el costo de haber desmontado su propio escudo de emergencia. Los municipios esperan apoyo, los refugios carecen de suministros y la reconstrucción se posterga entre declaraciones, retórica y promesas.
El Fondo de Desastres Naturales nació en los años noventa en tiempos del ex Presidente Ernesto Zedillo, con un propósito claro: garantizar que ningún estado enfrentara solo una tragedia. Tenía reglas, presupuestos pluri-anuales y auditorías que obligaban a rendir cuentas, seguramente hubo en sus muchos años de existencia algún desvío, no lo dudaría ni un segundo, pero era un mecanismo efectivo, un dinero reservado a los desastres naturales que en tiempos de temblores y huracanes, no son raros en nuestro país.
En 2020, bajo la bandera de la “austeridad republicana”, de López Obrador, fue desmantelado junto a más de un centenar de fideicomisos. El argumento: corrupción y burocracia. La consecuencia: vulnerabilidad e improvisación.
Desde entonces, la ayuda ante desastres depende del presupuesto anual o de decisiones discrecionales. Ya no hay fondo autónomo, sino una bolsa incierta. El resultado lo vimos después del huracán Otis en Acapulco, un desastre tras otro, y lo vemos hoy a raíz de las inundaciones: comunidades aisladas, carreteras destruidas y familias esperando una respuesta que no llega. Decenas de desaparecidos y la autoridad ausente.
En Poza Rica, Veracruz, el río Cazones se tragó calles enteras. En Hidalgo, los deslaves sepultaron viviendas completas. En la Sierra Norte de Puebla, pueblos enteros quedaron incomunicados, los tres estados son el epicentro del abandono.
Los testimonios se repiten: alertas tardías, rescates insuficientes, apoyos que nunca llegan. En un país donde el cambio climático intensifica cada tormenta, la ausencia de una estrategia federal sólida convierte cada temporal en una catástrofe evitable y el miedo de los mexicanos a quedar desamparados, va creciendo igual que el rechazo a gobiernos Morenistas como el de Rocío Nahle.
La desaparición del FONDEN no fue solo una decisión técnica: fue la renuncia del Estado a su obligación de proteger.
El fideicomiso no era perfecto, pero era un instrumento con dientes, con recursos inmediatos y reglas de operación verificables.
Hoy, sin ese blindaje, la atención depende de la voluntad política, no del deber institucional. Y mientras el gobierno asegura que existen “mecanismos alternos”, la realidad contradice la retórica: los refugios carecen de alimentos, las comunidades de medicinas y los caminos de acceso permanecen bloqueados.
En términos económicos, cada día de demora multiplica las pérdidas. En términos humanos, cada hora cuesta vidas.
La sociedad civil, esa misma que tomo nuestra ciudad debastada bajo su regazo en 1985 y en 2017 y la sacó adelante a base de altruismo, responsabilidad y empatía, hoy decidió en muchos lugares ya no acudir al llamado a donaciones a través del gobierno, que sin empatía alguna toma las donaciones, acapara para vender mas tarde o simplemente reetiqueta y entrega en guinda a conveniencia política, sin patriotismo y sin honradez.
México no puede seguir reaccionando con discursos ante fenómenos previsibles. La emergencia climática es una certeza, no una sorpresa.
Mientras otros países refuerzan fondos de resiliencia y prevención, aquí desmantelamos los pocos que funcionaban.
No se trata de nostalgia por un fideicomiso: se trata de responsabilidad.
El país necesita un marco legal que asegure respuestas rápidas, transparentes y federales ante desastres naturales, sin depender del humor político de turno.
En lugar de ponerse a trabajar y reestructurar mecanismos efectivos, lo que la 4T ha hecho es lo que le sale mejor, salir a mentir en las mañaneras, satanizar los mecanismos del pasado, por que no saben hacer nada mejor y seguir polarizando a un país que ya no les cree, por que vive las concecuencias de sus ocurrencias y su insensatez.
El agua se llevó más que hogares: arrastró la credibilidad de un sistema que presume estar del lado del pueblo, pero que en la práctica lo deja solo cuando más lo necesita.
La reconstrucción no debe limitarse a las casas: debe incluir la confianza, la previsión y la dignidad, la misma dignidad que la gobernadora de Veracruz les arrebato a los veracruzanos minimizando la catastrofe y queriendo tapar el sol con un dedo y que la presidenta le nego a los estudientes, callándolos en su peor momento de desesperación al realizar que habían desaparecido sus compañeros, por la falta de alertas oportunas.
En México, cuando el agua sube, la gente no se ahoga solo en lodo… sino en la indiferencia.
