José Alberto Sánchez Nava
1.- En México y en gran parte del mundo se transita bajo condiciones de un peligro latente, con mayor o menor grado de posibilidades de contagio de Covid-19, un virus que generó la necesidad del aislamiento de casi toda la humanidad y que en México los ciudadanos, en estos momentos, se encuentran en un estado de shock producto de la vulnerabilidad psicosocial ante la pandemia, la población se encuentra inmersa en un caldo de cultivo cuyos ingredientes, con alto grado de tensión social, son el encierro, la incertidumbre en el aspecto laboral y los efectos negativos en lo económico en casi todas las actividades, lo que se conjuga con el miedo a un virus que sin más trámite nos puede matar bajo ciertas condiciones de compromiso a la salud, que nos hace vulnerables ante la posibilidad de una muerte por contagio o por el espectro de una muerte por inanición ocasionada por la inactividad laboral y económica que nos conduce a una penuria por una causa de fuerza mayor, sin pasar por alto, que en el fondo del pensamiento de un importante sector de la población, ésta percibe erróneamente a la pandemia como un acto de dominación estatal en perjuicio de su subsistencia; es por ello que la psicosis colectiva cuya reacción se comporta como un mecanismo de defensa social con protestas violentas, es porque no puede aceptar más, ningún otro acto de abuso cuyo origen devenga de la fuerza del Estado.
2.- Las manifestaciones apoteósicas en marchas y manifestaciones como consecuencia de actos relacionados con el abuso policiaco, ataviado por la discriminación racial en el mundo, o como principalmente ocurre en México, por la falta de formación policiaca, cuyos elementos en la mayoría de los casos de sucesos violentos en los que intervienen, se conducen como delincuentes por falta de protocolos u oficios de comisión de autoridades ordenadoras y/o responsables, que provocan la discrecionalidad en que desempeñan sus funciones, afectando los derechos humanos de los ciudadanos, porque juegan con esa flexibilidad de acción que fácilmente puede dar la manipulación policiaca, con discrecionalidad mal encauzada a las órdenes de la delincuencia organizada, teniendo como consecuencia el aumento exponencial de ejecuciones extrajudiciales y/o desapariciones forzadas cometidos por policías en contra de la ciudadanía.
3.- En México el menoscabo al estado de derecho por parte del poder ejecutivo, por conducirse en contra de aspectos Constitucionales, vulnerando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley General de Salud, así como la trasgresión al Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, lo cual quedó develado de forma anticipada a otros futuros efectos, con el desafortunado suceso en el que, como resultado, Giovanni López perdió la vida el lunes 4 de mayo de 2020 en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, “Por no traer puesto un cubrebocas”, sin que en la autopsia se haya determinado su situación frente al Covid-19, porque en México, desde que se declaró la emergencia sanitaria, las pruebas han dejado de ser prioridad para nuestro sistema de salud, por determinación de los “científicos” sanitarios, los cuales aún no encuadran en el organigrama del Consejo de Salubridad General, puesto que dicho consejo fue desdeñado por Presidente de la República para posicionar con indicaciones personales y directas a López Gatell, quien como un ordinario vocero y solo con un cargo de subdirector del sector salud, y sin personalidad reconocida ante dicho consejo, el cual a su vez es un órgano colegiado superior a la propia Secretaría de Salud por determinación de la Constitución, no del Presidente, y no obstante que el Consejo de Salubridad General depende directamente del poder ejecutivo, fue la anuencia de éste, para que López Gatell se convirtiera en el mensajero del ejecutivo en materia sanitaria frente a la pandemia por conducto de la Secretaría de Salud, la cual ante el Consejo cuenta solo con un voto representado por el secretario de salud para aprobar acuerdos y determinaciones obligatorias en el País, ante eventos que pueden considerarse de riesgo para la seguridad nacional como la epidemia que nos ocupa. Eso implica que se quebrante el estado de derecho en México, y que tiene los efectos de una reacción en cadena a todos los Estados y la Ciudad de México.
4.- Por tanto, no es extraño que sea la corrupción la que lleva la voz cantante en todo el País, pues solo en el tema relacionado con la emisión de las actas de defunción, estas se están otorgando al gusto y necesidad del comprador en turno, al ser manipuladas por personal del sector salud, lo cual tiene precio para determinar si la causa de muerte de alguna persona fue o no según el interés del cliente, plasmarla como consecuencia del Covid-19, o en su caso, desvincular la causa de muerte por la pandemia, aunque así haya sucedido; lo que es sumamente grave, porque en la Ciudad de México se dio a conocer, este 5 de junio del año en curso, por parte de la Fiscalía General de Justicia, que se investiga la alteración de al menos 500 actas de defunción que se tienen ubicadas, y el extravío o pérdida de otras 500 actas, listas para ser utilizadas.
5.- La ausencia de legalidad por falta de legitimación de los actores gubernamentales para hacer frente a la pandemia como un evento excepcional y ante la falta de protocolos emergentes que debió haber emitido el Consejo de Salubridad General, con efectos obligatorios en la Ciudad de México y todos los demás Estados, nos lleva a reflexionar que es de vital importancia marcar, que el Doctor Gatell no es el Consejo de Salubridad General, el solo es un narrador de lo que el poder ejecutivo determina en materia de salud y como vocero oficial del ejecutivo para emitir resultados sobre la pandemia, aunque ello implique en ciertos momentos, conatos de contradicciones con el ejecutivo y de éste a su vez con los Gobernadores de los Estados, los cuales ya detectaron que someterse como gobernadores a las determinaciones del Dr. Gatell en aspectos de salubridad nacional se equipara no solo a un absurdo inconstitucional, sino además porque resulta ridículo que el Dr. Gatell, aborde temas exclusivos del Consejo de Salubridad General, por la complejidad, no solo en materia de salud sino del impacto catastrófico en lo económico y los inminentes efectos sociales que una pandemia puede generar en nuestro país; es por esa razón que, constitucionalmente se dio estructura a un Consejo de Salubridad General, el cual se conforma por Secretarías de Estado e instituciones de investigación y académicas en la rama de la medicina, así como en materia fiscal y económica y de seguridad nacional. Sin embargo en México se determinó, por instrucciones de presidencia, que fuese la Secretaría de Salud, la institución que emitiera bajo su discrecionalidad acciones como la oposición a la Organización Mundial de Salud en cuanto a la instrucción de realizar pruebas de detección masivas, como detección de rastreo de Covid-19; en respuesta el gobierno federal, por conducto de Gatell instrumentó el extemporáneo modelo centinela como referencial para la medición de contagios epidemiológicos, porque la fantasía del Dr. Gatell fue y siempre ha sido, que se dé la inmunidad de rebaño, la cual ha sido un desastre que ha causado muertes en el mundo y que han sido clasificadas como imprudenciales, es por ello que la publicidad gubernamental en México se centró solo en la sana distancia, sin que al efecto se haya emitido un protocolo emergente frente a la pandemia cuyas bases científicas, para el manejo, prevención y atención de enfermos se hubiesen puesto a consideración del Consejo de Salubridad General, para que este, a su vez, determinara acciones ante gastos catastróficos conforme a la ley, sin embargo lo que se hizo en México fue lo que la humanidad en el orbe hizo con un llamado oficial de “quédate en casa”, con lo cual se empoderó a Gatell como un “científico” y con cuya definición ante los medios, el presidente de la república demandó la aprobación de la ciudadanía para que el Dr. Gatell, emitiera determinaciones solo con efectos de ánimo social y de contenido moral, inclusive para que el presidente no use cubrebocas y pueda salir en el pico más alto de la pandemia a dar “banderazos” no esenciales en este momento, porque la sociedad no percibe un buen ejemplo del ejecutivo ante la gravedad del riesgo de contagio, lo cual hace que se baje la guardia ante la posibilidad de un contagio de mayores dimensiones, y con un porcentaje de los más altos en el mundo, en términos de mortalidad.
6.- Bajo esa perspectiva, en Jalisco y en todo el país, se empieza a manifestar un hartazgo y desesperanza social, por los efectos de la suspensión de actividades no esenciales en materia sanitaria “por causa de fuerza mayor”, pero trascendentales en términos de subsistencia económica, para millones de mexicanos vulnerables ante una situación que se agudiza ante los altos índices de criminalidad la cual no descansa en México, es por ello que ante las deficiencias con la que se conduce el Gobierno del Estado de Jalisco respecto a la defensa de los derechos humanos y el sometimiento de la población con gravámenes que se han incrementado, tanto en el rubro de derechos, impuestos y servicios hacia la población en tiempos de pandemia, tiene como consecuencia que la población se haya convertido para los gobiernos estatales en el país, en un campo fértil de deficiencias constitucionales en materia de contención sanitaria por parte del gobierno federal frente a la pandemia, es decir, los gobernadores del bloque opositor al Presidente de la Republica, entre ellos el Gobernador del Estado de Jalisco (no confundir con el BOA imaginario cuyo distractor del mítico huevo de la serpiente solo tiene efectos calenturientos hacia los futuros procesos electorales de presidencia, pero a la vez se lanza un dardo envenenado para semblantear las posibles reacciones ante la posibilidad de disponer de las afores, en las narices de una oposición mayoritariamente rechazada por el descredito), esto es, los gobernadores no alineados han detectado los cabos sueltos constitucionales que en ejercicio de la soberanía constitucional y que el pacto federal les concede para tomar determinaciones por su cuenta, precisamente porque el gobierno federal les ha delegado facultades a los estados en materia de salud con un consentimiento aparente por omisión del Consejo de Salubridad General, las que en situaciones de pandemia implican un riesgo de seguridad nacional, en trasgresión a disposiciones constitucionales y en perjuicio de la población, porque las determinaciones de ejecución en materia de prevención sanitaria se derivaron del Gobierno del Estado de Jalisco, de lo cual surge, ante la omisión de dicho Consejo, lo que ocurrió con Giovanni López y que le costó la vida, independientemente que se haya tratado de una ejecución extrajudicial, esta surge a partir del motivo base de una supuesta falta administrativa establecida en un decreto estatal sancionador por no traer cubre bocas, lo cual tiene el efecto en Jalisco de un acto de sanción recaudatorio y de paso como un mecanismo de represión social por la configuración de sanciones infundadas por inconstitucionales, esto es, un acto de corrupción perfecto ante las omisiones del Consejo de Salubridad General, el cual tiene la facultad de emitir medidas y determinaciones con el carácter de ejecutivas y obligatorias para todo el país, como el uso ineludible del cubrebocas y otras medidas preventivas sanitarias. En esa tesitura es necesario analizar desde el punto de vista legal, hasta dónde se encuentra debidamente fundamentada y motivada, en el ámbito constitucional dicha determinación administrativa en la que el Estado de Jalisco establece la obligatoriedad de portar cubrebocas a los ciudadanos, al margen de las determinaciones del Consejo de Salubridad General, el cual a su vez se encuentra autosecuestrado por el decreto en el que se llevó a cabo en la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y en cuyo documento, en el acuerdo segundo, se estableció que todas las determinaciones para hacer frente a la pandemia se llevarían a cabo por la Secretaría de Salud, es por esa razón que la voz autorizada por el presidente no es la del secretario de dicho Consejo, sino del subsecretario López Gatell, lo cual es una locura, puesto que este habla como vocero del presidente sin que se defina realmente en que parte del organigrama del Consejo de Salubridad General, realmente se desempeña el subsecretario López Gatell, al emitir todas sus determinaciones reservadas al Consejo, y el cual empieza a ser relegado, ante el riesgo que se está generando por las proyecciones inexactas del control de la epidemia y que tienen los focos rojos de la pandemia en todo el país con tintes de catástrofe sanitaria.
7.- Por consiguiente, si la muerte de Giovanni López en manos de policías, cuyo grado de corrupción puede tener niveles alarmantes de infiltración por el crimen organizado hacia los cuerpos de policíacos, y cuyo motivo fue la falta de un cubrebocas, que constituye en Jalisco una falta administrativa, con efectos represivos, amén del efecto recaudatorio no formal, es decir, no de una sanción formal y con recibo por concepto de multa, sino de la declarada y profusa extorsión que está asfixiando a la ciudadanía no solo en Jalisco, sino en todo el País, lo que es de llamar la atención, es que las protestas ante la injusta muerte de Giovanni López, se constituyeron como un parámetro cuya medición del grado de inconformidad social frente a los actos del estado no justificables, deben ser visualizados por el gobierno federal y todos los estados, en estos tiempos en los que los efectos económicos por el desempleo, el cierre de negocios, el aumento alarmante de pobreza que se tiene proyectado en el corto plazo, el aumento de los delitos de robo en todas sus modalidades, el incremento exponencial de muertes violentas a manos del crimen organizado, etc., deben encenderse los focos rojos ante el riesgo de movimientos sociales, porque México se está convirtiendo en un polvorín, cuya detonación se va a potencializar por el grado de división que el presidente de la república ha estado llevando a cabo, como una estrategia eternamente electoral, en defensa del proyecto de la 4T, en plena curva que nos conduce a una tragedia que se encuentra en ciernes por el estancamiento económico, por una causa de fuerza mayor que no estaba invitada, como lo es la pandemia, y que despertará, tarde o temprano, el hambre no solo de los 30 millones de votos que optaron por un cambio, sino de casi 60 millones de mexicanos que ingresarán a las filas de pobreza frente al acceso de una canasta básica, de los cuales casi 20 millones enfrentaran pobreza extrema, que la “nueva realidad” nos ira develando poco a poco como un gran monumento en memoria de nuestros muertos en tiempos de pandemia.
8.- La constante confrontación del Presidente de la Republica con medios y grupos de presión política, está dejando de ser divertida y de festejo a la caída de los conservadores como una ofrenda para esa sociedad inconforme, que fue víctima del neoliberalismo, porque éste no percibe que es él, quien detenta el entorno del poder bajo su investidura con actos de imperio, lo cual es incompatible con el “estás conmigo o estás en mi contra en referencia a un proyecto político de nación cuyo emblema es la 4T”; un mensaje trillado, cuyos destinatarios son individuos que han sido condenados oficialmente por el actual gobierno como beneficiarios de los abusos del pasado, pero que sin embargo transitan libres, incluso algunos en el propio gabinete de López Obrador. Es por ello que en ese tenor, no existe nadie en su gabinete que precise al Presidente, que la gravedad de los rubros sociales que México debe enfrentar en los próximos meses por los efectos secundarios de la pandemia, la cual en el ámbito económico y de seguridad social nos reserva un panorama desolador, que en materia de crecimiento tendremos un bache de pesadilla con efectos generales negativos que serán graves, que es momento de despojarnos de prejuicios que deben ser superados en el ámbito político y que se reflejan en actos de gobernantes que continúan en campaña de forma permanente en “modo confrontación”, modo que dejó de ser negocio político como un fin que justificó los medios, que el exceso de confrontación podrá enrarecer aún más el ambiente y convertirlo en toxico para los más desprotegidos, lo cual tarde o temprano les podrá pasar factura; que es preciso hacer un alto a la confrontación con medios o grupos políticos, la cual no puede tener otro efecto que ventajas en los procesos electorales que se avecinan, pero que ante la gravedad de los efectos de la pandemia, incluso las elecciones próximas, no tienen en estos momentos el estatus de esenciales, si no se privilegia toda la fuerza del estado para superar los efectos sociales de la pandemia y por respeto luctuoso a quienes no solo ya perdieron la vida sino de quienes la van a perder, porque el terror del gobierno mexicano el cual también es de casi todos los gobiernos del mundo, acaba de flexibilizar la movilidad ante la pandemia en casi todo México en un momento crítico de contagio según la Organización Mundial de Salud (OMS), lo cual inspira un sacrificio en un intento de normalizar a la muerte con fines económicos y de subsistencia política, al que se sumaran gente que aún no sabe que los comicios en los que ganó Andrés Manuel López Obrador, sería su última visita a las urnas, ni que dejarían tanta incertidumbre para sus familias, a causa de una pandemia que nadie esperaba.
Es por ello que la confrontación en el aspecto político con fines electorales dejo de ser prioritario como un medio para justificar el fin de conservar el poder, porque de por medio, el ejecutivo se encuentra ante una disyuntiva, entre establecer un Ingreso Básico de Emergencia para que una gran parte de la población subsista, a cambio del replanteamiento de los programas sociales vigentes y la inversión de recursos para megaproyectos, los cuales se encuentran emergentemente desvinculados ante la “nueva realidad” en México.
