LOS CAPITALES
Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
La banca, los servicios financieros, el gobierno, el sector salud y el comercio electrónico, son las áreas más atacadas por los ciberdelincuentes. Nadie puede dudar que México es el país más atacado por estos delincuentes de cuello blanco, y lo peor es que México aún carece de una ley nacional integral de ciberseguridad pese a que hay avances en las discusiones para crear una agencia nacional y proteger la infraestructura crítica. Ante esta situación el consorcio de investigación TripleTen señala que las empresas deberían adoptar modelos híbridos de reclutamiento (in-house + partners) e invertir en formación continua y retención de talento clave, mientras que las instituciones educativas, necesitan diseñar programas enfocados en ciberseguridad, IA y Cloud.
“La ciberseguridad es una de las áreas con mayor demanda y mejor remuneración actualmente, pero requiere habilidades que la educación tradicional no está ofreciendo. Es ahí donde entran plataformas como TripleTen. Formar un profesional en ciberseguridad hoy, equivale a blindar el futuro digital del país, ya que no solo reduce riesgos sino que fortalece la infraestructura económica del país.”, afirmó Natalia Barragán, Experta en Perspectivas, Investigación de Mercado y Consumidor y Estrategia Empresarial de TripleTen. La ciberseguridad gana cada vez más relevancia debido al aumento de amenazas, requisitos regulatorios, así como el efecto cascada de la adopción de la IA.
TripleTen revela que el talento en ciberseguridad será uno de los mayores diferenciales competitivos en los próximos años y que apostar por su desarrollo no solo aminora riesgos, sino que impulsa la productividad, innovación y confianza en el ecosistema empresarial. En un país como México, donde los ciberataques aumentan considerablemente cada día, formar expertos en la materia es la mejor inversión, concluyeron los especialistas.
Deterioro del sistema judicial en México, señala la Universidad Iberoamericana.
Al respecto, en la Ciudad de México los asuntos concluidos en materia familiar cayeron más del 50% respecto al mismo periodo del año pasado. Además, los casos presentados en juzgados civiles disminuyeron 45%, lo que evidencia una pérdida masiva de confianza en la justicia local. La Coordinadora del Observatorio, Dra. Ana Laura Magaloni, afirmó que el país vive “el colapso de una arquitectura que ya no funcionaba”, y que la reforma judicial profundizó la parálisis, la incertidumbre y el desamparo de usuarios, especialmente en los tribunales locales, donde se reproducen viejas prácticas con nuevos actores. “Es momento de reconstruir el sistema desde abajo, desde la primera instancia, donde se vive el mayor dolor y la mayor desigualdad”, y llamó a aprovechar las “ventanas de oportunidad” que se abren en el proceso rumbo a las elecciones de 2027.
A su vez, el Rector, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, destacó la responsabilidad de documentar y denunciar retrocesos que afectan el derecho de acceso a la justicia: “La justicia mexicana se ensaña con los más pobres, con las mujeres y con los pueblos indígenas. Contar estas historias importa, porque lo que nos importa es la vida de las personas”.
El Rector presentó cuatro líneas de trabajo del Observatorio:
1. Repensar la enseñanza del derecho ante un sistema jurídico en transformación.
2. Generar estudios cuantitativos que permitan entender la relación entre pobreza y acceso a la justicia.
3. Desarrollar investigación cualitativa que recupere las voces de los usuarios reales de quienes viven la justicia en primera persona.
4. Impulsar periodismo narrativo y de investigación en alianza con actores en materia de comunicación como se ha realizado con W Radio, Animal Político y medios locales.
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