En los últimos meses, las empresas perdedoras de licitaciones, han desatado una campaña de críticas en medios y redes sociales, cuestionando el proceso llevado a cabo por el gobierno estatal. Estas críticas, más allá de los intereses particulares, ponen en tela de juicio un procedimiento administrativo fundamental para la actividad estatal: las licitaciones públicas.
Las licitaciones públicas son procedimientos esenciales para que la Administración Pública elija a la persona o empresa más apta para celebrar contratos con el Estado, con el objetivo de prestar un servicio público o satisfacer sus necesidades. Una regulación adecuada de estos procedimientos no solo incentiva la inversión nacional y extranjera, sino que también garantiza una mejor prestación de servicios públicos. El principio de seguridad jurídica es clave en este contexto, ya que salvaguarda los intereses de los participantes y asegura que el Estado realice sus gastos de manera eficiente.
Las legislaciones que regulan las licitaciones públicas en México han evolucionado desde su emisión en el año 2000, adaptándose a los avances tecnológicos y otorgando mayor peso al principio de seguridad jurídica. Bajo este marco normativo, el Estado de México ha realizado procedimientos licitatorios transparentes, buscando obtener la mejor propuesta en términos de presupuesto y servicio para la ciudadanía.
Es evidente que los procesos licitatorios llevados a cabo por la Secretaría de Finanzas del Estado de México han sido hechos con la mayor claridad.
Sin embargo, las críticas que se han levantado en contra del gobierno, parecen más motivadas por intereses particulares de las empresas que no resultaron ganadoras, que por fallos reales en el procedimiento. Estas empresas, que buscan perpetuar prácticas opacas y obtener contratos sin ser las mejores propuestas, deben entender que la transparencia y la seguridad jurídica son ahora la norma.
No se trata de defender al gobierno, sino de reconocer que las licitaciones son una forma transparente y eficiente de realizar las compras gubernamentales.
Las campañas en contra de estos procesos o de los gobiernos que promueven la transparencia no tienen cabida en una sociedad que busca el progreso y la legalidad. En esta ocasión, el Estado de México ha demostrado que es posible realizar procedimientos licitatorios que beneficien a la ciudadanía y promuevan la seguridad y la eficiencia en el uso de recursos públicos.
