CIUDAD DE MÉXICO, 8 de diciembre (AlmomentoMX/SemMéxico).- Impunidad significa que una acción criminal quede sin castigo. México es el cuarto país con mayor impunidad en el mundo. Aquí el 98% de los delitos contra las mujeres queda impune. ¿Por qué? Porque los delitos en su contra se siguen cometiendo “porque se puede”; porque hay muy poca credibilidad en el sistema de justicia y porque existen serias deficiencias en las instancias encargadas de garantizar a las mujeres un efectivo acceso a la justicia.
En México se asesinan siete mujeres al día y 66.1%, -cerca de 30 millones- han enfrentado violencia alguna vez en su vida de acuerdo a cifras oficiales publicadas por el INEGI.
De acuerdo a la campaña #YoNoCierroLosOjos lanzada recientemente por un grupo de organizaciones, 88.4% de las mujeres que ha sido víctima por parte de un agresor distinto a su pareja no solicita apoyo a ninguna institución ni presenta ninguna denuncia. Cuando la violencia viene de la pareja, el 78.6% tampoco denuncia ni pide ayuda.
De acuerdo a Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres, sólo se presentan unas 150 mil denuncias al año y de ellas, el 11% resulta en averiguaciones previas y sólo el 2.4% de éstas reciben sentencias condenatorias.
Ana explica en su artículo Derechos de Papel que “uno de los principales motivos detrás de las pocas denuncias es la desconfianza en las instituciones. Desconfianza, por supuesto, que se justifica cuando se analiza cómo opera el sistema de justicia actual. Antes de exigirle a las mujeres denunciar cuando tienen todo en su contra, lo fundamental es cambiar al sistema para que eso ya no les resulte tan costoso”.
Si bien el Estado ha realizado algunos esfuerzos para disminuir la impunidad y facilitar el acceso de las mujeres a la justicia, existen serias deficiencias.
Un ejemplo son los Centros de Justicia para las Mujeres, la única política pública para combatir la violencia familiar. De acuerdo al portal de la CONAVIM, operan 30 Centros en el país. Estos Centros ni siquiera están contemplados en la ley a nivel federal, lo que genera que adolezcan de certeza jurídica, fortaleza institucional y garantías de continuidad. Desde 2010 el CONAVIM ha destinado 153 millones 655 mil pesos para su creación y funcionamiento y de 2010 a 2016 han dado atención a 427 mil 583 mujeres-víctimas.
De acuerdo a un informe sobre su funcionamiento publicado en 2017, 11 Centros no cuentan con lineamientos para elegir a su titular, es decir, puede llegar alguien sin experiencia en atención a mujeres-víctimas; y sólo 11 Centros cuentan con un Plan Operativo Anual. Esto limita la posibilidad de conocer y evaluar sus acciones.
Aunado a esto, existe una deficiencia en cuanto a la difusión de sus servicios, hay mujeres que no saben de su existencia, ni dónde se localizan.Una vez que las mujeres han decidido denunciar, se enfrentan entonces a proceso muy largos y costosos, y a que algunas juezas y jueces puedan emitir sentencias basadas en estereotipos.
En todos los poderes judiciales deberían existir Unidades de Género que vigilen que las sentencias no sean discriminatorias y que las personas juzgadoras incorporen la perspectiva de género.
Hoy en día sólo existen 27 Unidades en los poderes judiciales estatales, más las unidades en el Poder Judicial federal. Lamentablemente, de acuerdo al informe “Unidades de Género, Informe de estructura y funcionamiento a nivel nacional” publicado en noviembre pasado, muchos no cumplen con las acciones para las que fueron creados porque se encargan del comedor institucional, de la organización de actividades deportivas, de la aplicación de vacunas, de verificar que las y los empleados cumplan con sus horarios laborales o de comprar estuches de maquillaje para celebrar el “10 de mayo”.
Poniéndole rostro a la impunidad
Lucía Melgar, en un artículo publicado en Nexos en 2014 titulado “Nuestra violencia, nuestra impunidad”, explica que a las mujeres en este país nos matan “porque se puede”. “Porque se puede, apunta, en el caso de México, a uno de los nudos de la tragedia del feminicidio, definido no sólo como asesinato de mujer por el hecho de ser mujer, sino también como asesinato o conjunto de asesinatos crueles, que quedan impunes, factor que traslada parte de la responsabilidad al Estado y que ha llevado a considerar este conjunto de actos como crimen de Estado (Marcela Lagarde) y a compararlo con el genocidio, como plantea Rita Laura Segato con el concepto de femi(geno)cidio”.
A continuación algunos casos en los que se asesinó o se lastimó a una mujer y la justicia no ha llegado aún o en los que si llegó, ha sido a fuerza de insistir, de no parar la lucha durante años, poniendo en evidencia la ineptitud de las autoridades mexicanas.
Oídos sordos ante recomendaciones internacionales
Pilar Argüello Trujillo era una joven de 20 años de edad que vivía en el municipio de Coscomatepec, Veracruz, cuyo caso llegó hasta la Cedaw ante la falta de justicia y errores de las autoridades veracruzanas.
El 3 de septiembre 2012 fue encontrada asesinada en un sembradío; su cuerpo presentaba signos de violencia sexual. Tras una investigación, quien fuera su novio (de 16 años) confesó haberla asesinado. En ese entonces declaró haberla asfixiado cuando ella no quiso un encuentro sexual y después violarla.
Desde el inicio el acusado no iba a ser juzgado por el delito de feminicidio ya que no está contemplado en el juzgado de responsabilidad juvenil; luego se contradijo y la Jueza de Sala consideró que no había elementos suficientes para procesarlo. Lo dejó en libertad.
Su mamá Reyna Trujillo Reyes, y su papá Pedro Argüello Morales, llevan cinco años en búsqueda de justicia (acompañadas por las abogadas del Colectivo Equifonía). Su caso llegó al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Después de agotar todas las instancias en México, el Comité determinó que desde que el acusado fue absuelto el Estado mexicano no ha realizado ningún trabajo para aclarar el feminicidio por lo que recomendó reanudar la investigación. Sin embargo, hasta el momento nada ha pasado, según denunció Equifonía, ni siquiera la difusión de las medidas solicitadas.
Periodista asesinada y fabricación de culpables
Regina Martínez Pérez fue una reportera veracruzana asesinada el 28 de abril de 2012. Su asesinato no ha sido esclarecido. Ella, como corresponsal de Proceso, denunció la corrupción, el derroche y el gasto de la administración del ahora ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y los grupos criminales en la entidad.
Su cuerpo fue encontrado con señales de tortura y asfixia en el baño de su casa, y desde del inicio la administración duardista se negó a seguir una línea de investigación sobre su trabajo periodístico.
El asesinato fue “esclarecido” rápidamente por los gobernantes, diciendo que fue un robo por parte de su pareja sentimental. Inclusive dijeron que la misma Regina permitió el ingreso de los asaltantes a su casa.
Hasta ahora no hay pruebas contundentes, pues sus colegas han manifestado que nunca se investigó sobre su trabajo. La administración de Duarte presentó a Jorge Antonio Hernández Silva como “culpable” y fue sentenciado a 38 años de prisión. Él siempre alegó tortura e incomunicación por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), obtuvo un amparo, pero meses después ordenaron su reaprehensión. La única huella encontrada en la tina del baño no era suya.
Agresión a defensora sigue impune
Yndira Sandoval Sánchez fue abusada sexualmente por una policía en la población de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y sigue en espera de la justicia. Los hechos que ocurrieron en la segunda quincena de septiembre pasado, cuando un grupo de policías de ese municipio la detuvieron y en las celdas de la corporación la policía Claudia Juárez la agredió físicamente y, tras ser sometida, le introdujo los dedos en la vagina provocando lesiones que fueron certificadas.
Ella no pudo interponer de inmediato la denuncia, en la agencia del MP le cerraron las puertas y vivió, entre tanto, intimidación por parte de elementos de la corporación. Sufrió escarnio público provocado por funcionarios de Guerrero y de esa municipalidad ubicada en la región de la Montaña y hasta donde la defensora de Derechos Humanos acudió para reunirse con mujeres de esa población.
Oaxaca, responsabilidad estatal sin castigo
Erika Ramírez Cabrera murió hace más de un mes por embarazo mal atendido; no se ha dado ninguna audiencia de debate por el caso y el personal de la clínica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) pretende desvirtuar los hechos, denunció la mamá de la joven, quien tenía 18 años al fallecer, Felícitas Cabrera. De acuerdo al expediente 35/11 de la Fiscalía General de Oaxaca, la información que la clínica ofreció a la autoridad, está tergiversada, “ya que Erika se golpeó varias veces la cabeza en la pared y no sufrió preeclampsia como se refiere en el dictamen del Hospital Civil donde perdió la vida”.
Haciendo historia
Desde el 28 de junio de 2010, día en que Julio César Hernández Ballinas terminó con la vida de Mariana Lima, Irinea Buendía no ha parado de interponer largos trámites judiciales, trabajar, estudiar y movilizarse para exigir justicia, hasta lograr, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual emitió un fallo histórico el 25 de marzo de 2015 para que las autoridades mexiquenses volviesen a investigar como feminicidio el asesinato de Mariana Lima.
El pasado mes de julio, al cumplirse siete años del feminicidio de Mariana Lima, Irinea Buendía denunció que aún no se dicta una sentencia condenatoria por el asesinato de su hija, pese a que Julio César Hernández, esposo de Mariana y quien se desempeñaba como comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, se encuentra preso desde el 23 de junio de 2016, como responsable de este feminicidio; por lo que continúa la exigencia para que este feminicidio no quede impune.
La sentencia de la SCJN sentó las bases de cómo deben investigarse las muertes violentas de mujeres o casos de feminicidio en México, además dictaminó una violación de los derechos humanos y perspectiva de género por parte de los funcionarios públicos, ya que afectaron tanto a la víctima Mariana Lima, como a Irinea Buendía.
Pero el acceso a la justicia para la familia de Irinea Buendía aún no se materializa y durante estos siete años han vivido innumerables violaciones a sus derechos humanos, hostigamientos y amenazas contra su integridad. Actualmente, existe una petición para que las autoridades federales, concretamente la Secretaría de Gobernación, salvaguarde y realice “las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de las agresiones contra Irinea Buendía y los integrantes de su familia”.
#SiMeMatan, el caso en la UNAM
Araceli Osorio Martínez, desde el 3 de mayo de este año, día en que asesinaron a su hija Lesvy Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria, UNAM, ha sufrido la negligencia de las autoridades de la Ciudad de México, ya que en los primeros días le negaron y obstaculizaron “el acceso a la información y a la justicia a la familia y a sus representantes legales en repetidas ocasiones”.
Junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Araceli Osorio tuvo que enfrentar y denunciar “las declaraciones infundadas, estigmatizantes y revictimizantes” que hizo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) contra la vida de Lesvy Berlín.
Después tuvo que vivir la negación de las autoridades judiciales a investigar el caso como feminicidio, pues la primera resolución del juez de control Cristian Ricardo Franco Reyes, del pasado 10 de julio, determinó que el delito se seguiría como homicidio simple cometido por omisión, en contra del imputado Jorge Luis González, quien era pareja de Lesvy, por no impedir el supuesto suicidio de la joven universitaria. Esto pese a que la defensa legal de la familia de Lesvy entregó “elementos suficientes para juzgar por feminicidio”, que demuestran que Jorge Luis González ejerció violencia contra Lesvy, y que ella no cometió suicidio.
El pasado 18 de octubre la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió que se reclasifique el asesinato de Lesvy Berlín como feminicidio agravado. El caso sigue en la etapa de investigación, que cerrará el 11 de enero de 2018; después el proceso continuará en su etapa de audiencia intermedia, en la cual se revisarán todas las pruebas y posteriormente comenzará la audiencia de juicio.
AM.MX/fm
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