homopolíticus
pavesoberanes
Violencia y Reforma Judicial, Causas
Los tres semestres con que contará el nuevo gobierno de México a partir del próximo otoño para convencer a la Casa Blanca —y a 48 países del mundo— de la factibilidad para ser sede del Mundial de Futbol 2026, parecen poco tiempo.
Dieciocho meses contra 18 años. El jefe Harfuch tendrá ese tiempo perentorio para amansar de algún modo a los que corren adelante y procurar pacificar al país. En 18 años no pudieron Calderón, Peña ni López —ni podrían juntos, coordinados—, bajar la incidencia delictiva común, menos la violencia en cantidades industriales de los últimos tiempos. La violencia de México amenaza como nunca al globo azul.
Si desde 2020 la Federación Internacional de Futbol Asociación y particularmente el Gran Soldado del mundo que es el gobierno estadounidense —preguntárselo a la FIFA sería un sinsentido—, pensó en voz alta de que México debía quedar fuera como sede política, después de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá —la final será en Nueva York, no en México, por razones de seguridad—, pues la carga delictuosa es del tamaño de los índices de impunidad. De entre los vecinos de América del Norte, el del sur podría no ser subsede.
Además, la corrupción de partidos amañados en México, las ayudas arbitrales, las denuncias penales contra jugadores y directivos, los señalamientos de actos delincuenciales, el grito homofóbico, la violencia del Querétaro-Atlas que no se olvida —con muertos escondidos—, hacen un coctel molotov de fabricación casera gobierno-federación de futbol.
El Gran Soldado, empero, tiene un tema de mayor envergadura que ir tras el balón para ganar dinero y prestigio político, no deportivo: el T-MEC, el acuerdo comercial de origen salinista. Ante las inversiones de fuera, la llegada de divisas frescas, la generación de empleos directos y bien remunerados, y en general un crecimiento económico que permita el desarrollo del país, que supone y en realidad es el T-MEC, el gobierno de México aceptaría quedar fuera de los juegos a desarrollarse en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, si también no garantiza seguridad pública y protección ciudadana, antes de la justa futbolera. El modelo a seguir, en materia de seguridad, es el de la Copa América.
La sola insinuación de la Reforma Judicial —una venganza política del inquilino de Palacio Nacional contra la Corte—, comprometió la permanencia de México en sus acuerdos de libre comercio, cuyo refrendo o no refrendo, está programado para julio de 2026, siete días después de coronar al campeón del mundo. Si no hay estabilidad política, estabilidad económica ni seguridad, México podría quedar fuera del Mundial de Futbol. El último cuatrimestre del año corriente sería demostración de querer y poder, contra el crimen, y de voluntad política y gubernamental por salvar la sociedad de México con el Gran Soldado y Canadá.
Si Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, así como Omar García, de Seguridad, ponen esos dos temas sobre la mesa de urgencias —al gobierno le preocupa la seguridad pública, pero no le ocupa—México seguirá teniendo libre comercio, un Poder Judicial maquillado y una liza mundialista en la que EEUU seguirá metiendo goles de todo tipo a México. Un año después de tantos goles, habrá consulta ciudadana para refrendar o revocar el mandato presidencial.
letraschiquitas
Alessandra Rojo de la Vega ganó dos veces a Catalina Monreal, en la cancha y en la mesa, por lo que Palacio Nacional, Plaza de la Constitución y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, estarán bajo poder administrativo y político de la alcaldía Cuauhtémoc, como lo logró Ricardo Monreal con Sandra Cuevas en 2021***. Por los despojos del RIP y sus mesadas millonarias, Alejandro The Undertaker Moreno podrá seguir siendo dirigente de lo que queda de ese partido, hasta 2032, si antes no termina por sepultarlo***. La gobernadora de Morelos, Margarita González, se desayunó en la CDMX con sus amigas Bertha Luján, madre de Luisa María Alcalde, Fabiola Alanís y la inminente consejera jurídica de Presidencia —¿y fiscal general de la República?—, Ernestina Godoy.
