Por José Alberto Sánchez Nava
…Y como lo escribió Montesquieu: “No hay libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo.” En México, ese equilibrio ha sido dinamitado. Y los escombros están cayendo sobre nosotros.
1.- Introducción
En la historia de los pueblos que se han desviado del cauce constitucional y del marco de legalidad, el derrumbe institucional no comienza con tanques ni con balas: comienza con la captura de los órganos autónomos, con elecciones amañadas, y con la paulatina renuncia del Estado a su papel de garante de la ley. México, hoy, transita peligrosamente por esa ruta. El reciente proceso de elección judicial —dirigido por un Instituto Nacional Electoral secuestrado y sin criterio— ha detonado una cadena de efectos que erosionan, con brutalidad, los pilares de nuestro Estado de Derecho.
2.-La simulación del voto y la degradación del Poder Judicial
Lo que presenciamos no fue una elección democrática de juzgadores constitucionales, sino un simulacro legal vestido de legitimidad formal. El INE, que por mandato del artículo 41 constitucional debe regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, ha violado estos principios al validar candidaturas judiciales que no cumplen ni siquiera con los requisitos mínimos establecidos en la Constitución, como el promedio académico requerido, experiencia jurisdiccional, o conocimientos doctrinales sólidos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una decisión que debería avergonzar a cualquier juez que se precie de conocer el artículo 17 de la Constitución (que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales imparciales), optó por validar estas designaciones invocando una absurda priorización de la forma sobre el fondo. Se ha creado así un nuevo principio: la inelegibilidad formal puede ser subsumida si políticamente conviene.
3.-Colusión, narcotráfico y un país sin ley
El impacto de esta descomposición institucional no se limita a los libros de derecho; se vive y se sufre en las calles. Las entidades federativas como Tabasco, Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato y Zacatecas —por mencionar algunas— ya no distinguen dónde termina el gobierno y dónde empieza el crimen organizado. Esta homogeneización entre los malos y los funcionarios públicos ha dejado a la ciudadanía sin brújula ni refugio. La Guardia Nacional, otrora esperanza de seguridad nacional, ha quedado bajo sospecha por su presunta colusión con las mafias locales y transnacionales. Los puertos marítimos están paralizados por una mezcla tóxica de corrupción e ineficiencia, y Estados Unidos, sin empacho diplomático, ya nos cataloga como un narcoestado funcional.
El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios. Pero la autoridad ha claudicado. Y ante esta abdicación, la delincuencia organizada ha llenado los vacíos con un nuevo orden: el suyo.
4.-Cultura del dinero sin respaldo y riesgo de estanflación
El régimen actual parece profesar una peligrosa cultura del dinero espontáneo. Como si de generación milagrosa se tratara, circulan miles de millones de pesos en programas sociales financiados con deuda, desvío de recursos públicos y una economía sumergida en prácticas ilícitas —huachicol fiscal, narcodólares, mochadas institucionales—. La sociedad, cautiva ante este espejismo monetario, no percibe que cada peso en circulación representa una deuda, no una riqueza.
El Banco de México, conforme al artículo 28 constitucional, tiene el mandato exclusivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Pero en un país donde el circulante se multiplica sin respaldo en bienes y servicios, el riesgo de una estanflación estructural —es decir, inflación sin crecimiento económico— es cada vez más real. La inflación es el impuesto de los pobres; y ese impuesto, hoy, lo paga el adulto mayor sin medicamentos, lo paga el productor agrícola sin apoyos, lo paga el ciudadano sin justicia.
5.-El nuevo Poder Judicial: sin doctrina, sin brújula, sin legitimidad
La elección de jueces por voto popular, sin requisitos académicos ni experiencia jurisdiccional, traerá consecuencias devastadoras. Se rompe así con el principio de carrera judicial previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se pone en riesgo la interpretación uniforme de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido reiteradamente que los jueces deben ser independientes, imparciales y estar debidamente capacitados. En el caso “Reverón Trujillo vs. Venezuela”, la Corte precisó que la designación de jueces sin criterios objetivos, transparentes y técnicos, mina la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y puede generar una justicia dependiente del poder político o de intereses fácticos.
Hoy, esa advertencia se materializa en México.
6.-Lecciones de la historia: del Weimar al Narcoestado
El colapso del Estado de Derecho en Alemania de Weimar comenzó con la manipulación judicial y la sumisión de los tribunales al poder político. En Venezuela, la designación de jueces leales al régimen acabó por sepultar el acceso efectivo a la justicia. En Colombia, la captura del sistema judicial por el narcotráfico desató una guerra civil no declarada.
México, tristemente, combina los tres modelos: manipulación institucional, colusión criminal y vacío de autoridad.
7.-Epílogo: la república en llamas
México enfrenta un punto de no retorno. La legitimación de jueces inelegibles, la colusión gubernamental con la delincuencia, la parálisis económica, y la generación artificial de dinero, están configurando una tormenta perfecta.
Este no es un artículo para sembrar el miedo, sino para levantar la voz antes de que sea tarde. La sociedad debe reaccionar. Porque en un país donde el ciudadano no puede distinguir entre un delincuente y un gobernante, donde los jueces son elegidos como si fueran influencers, y donde el dinero circula sin sustento, la justicia muere, y con ella, la nación entera.
-No se trata de defender instituciones por nostalgia, sino por supervivencia.-
