México está saliendo lentamente del letargo tecnológico que durante años frenó su desarrollo, y ahora se empieza a perfilar como un jugador clave en América Latina. La llegada de gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Microsoft, con inversiones superiores a los 9 mil millones de dólares y la apertura de 166 centros de datos en el país, son señales bastante prometedoras. Sin embargo, esto no debe interpretarse simplemente como un logro económico, sino como una urgente necesidad estratégica para enfrentar un desafío mucho mayor: la delincuencia organizada y sus sofisticados métodos operativos.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México cerró 2024 con más de 28,000 homicidios dolosos y un incremento del 24% en delitos cibernéticos respecto al año anterior. Este escenario revela claramente que el crimen organizado está evolucionando tecnológicamente mucho más rápido que las respuestas institucionales tradicionales.
El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, ha sido contundente y preciso al señalar que sin tecnología avanzada, coordinación efectiva entre naciones y alianzas sólidas con el sector privado, la batalla contra el crimen está perdida desde el inicio. Johnson ha enfatizado repetidamente la importancia de anticiparse tecnológicamente a las organizaciones criminales, que hoy día utilizan herramientas tan sofisticadas como drones, inteligencia artificial y ciberataques, demandando respuestas ágiles e innovadoras por parte de las autoridades.
La experiencia internacional respalda este enfoque. Israel, por ejemplo, logró reducir considerablemente sus índices de criminalidad urbana y terrorismo gracias a una sólida inversión en tecnología de vigilancia avanzada, drones autónomos y sistemas antidrones. De acuerdo con el Institute for National Security Studies (INSS), el uso de tecnologías inteligentes ha permitido reducir hasta un 40% los incidentes terroristas en zonas críticas en los últimos cinco años.
En este contexto, tecnologías emergentes como sistemas antidrones, vigilancia inteligente y plataformas integradas de análisis de datos serán especialmente críticas para garantizar la seguridad en eventos internacionales masivos, como el Mundial 2026 que México compartirá con EE.UU. y Canadá. Se estima que el evento atraerá aproximadamente 5 millones de visitantes internacionales, lo que exigirá protocolos de seguridad sin precedentes respaldados por soluciones tecnológicas avanzadas.
Si bien Johnson ha calificado la cooperación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump como “muy positiva”, es indispensable mantener una vigilancia crítica sobre los resultados reales de esta colaboración. Las intenciones y los acuerdos diplomáticos son valiosos, pero deben traducirse en acciones concretas y medibles que mejoren la seguridad de los ciudadanos. El verdadero desafío radica en diseñar e implementar un marco normativo transparente, eficiente y suficientemente flexible para adaptarse a la rápida evolución tecnológica, evitando al mismo tiempo que el Estado se convierta en un obstáculo para la innovación.
Las empresas tecnológicas mexicanas, tanto grandes como pequeñas, estamos listas y dispuestas a asumir un papel activo en este reto. De hecho, México ocupa el segundo lugar en América Latina en inversión tecnológica privada, después de Brasil, con un crecimiento anual promedio del 8.5%, según cifras de IDC México. El sector privado tiene la capacidad para aportar innovación en inteligencia artificial, sistemas de vigilancia avanzados, ciberseguridad y telecomunicaciones. Pero el gobierno mexicano tiene la obligación de crear condiciones claras y justas que permitan una participación efectiva del sector privado, garantizando tanto la competencia como la privacidad y los derechos humanos de todos los ciudadanos.
México se encuentra en una encrucijada crítica: tiene la oportunidad histórica de transformarse en líder tecnológico regional, aprovechando alianzas internacionales y el auge tecnológico global. Pero para esto, debe pasar de la retórica a los hechos concretos. El embajador Johnson ha dado una señal clara y oportuna: México debe actuar ahora o arriesgarse a perder terreno frente a un crimen organizado cada vez más fortalecido y tecnológicamente avanzado.
El mensaje está claro y las decisiones son urgentes. La pregunta que queda por responder es: ¿Está listo nuestro gobierno para dar pasos decididos hacia la modernización tecnológica en la lucha contra el crimen, o seguiremos administrando crisis en lugar de resolverlas de fondo?
