Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La crisis migrante que se vive en la frontera sur de la República Mexicana no tiene precedente… pero en cuanto a la inhumana y criminal reacción del gobierno federal y sus cuerpos de seguridad.
Las caravanas migrantes que han ingresado a México por la frontera entre Guatemala y Chiapas han sido brutalmente agredidas por elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Las imágenes de los agentes pateando a personas en el suelo, indefensas, más parecen las de un régimen militar de ultraderecha fascista que la de uno que se asume, de dientes para afuera claramente, como “progresista” y “defensor” de la libertad y los derechos humanos.
Llama la atención que a pesar del cambio de gobierno en los Estados Unidos, la actuación de las autoridades en México se mantiene igual que cuando era presidente Donald Trump. Las fuerzas de seguridad mexicanas siguen siendo en los hechos el muro prometido por el ex mandatario a su base dura de seguidores.
Y si bien es cierto la política migratoria de la administración de Joe Biden tampoco se ha modificado demasiado respecto de la de su antecesor –si acaso, solamente es más “light”-, no se sabe de presiones o amenazas como aquellas a las que tan afecto era el republicano como para que el gobierno de López Obrador mantenga esa actitud de sumisión frente a los intereses norteamericanos y de represión contra quienes todavía llama en el discurso los “hermanos” migrantes.
Nada hay que pueda justificar decisiones aberrantes como la de separar a niños de sus padres como se ha denunciado está ocurriendo en la frontera sur. La violación reiterada de derechos humanos prohijada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra los migrantes dejará sin duda un estigma imborrable sobre lo que significó en realidad el gobierno de la mal llamada “cuarta transformación”, pues estos hechos incluso podrían calificar como crímenes de lesa humanidad.
Esa marca vergonzosa no la podrán borrar ni los millones de pesos que por decisión de López Obrador se han enviado a regímenes de países como El Salvador, donde gobierna otro populista autoritario que nada ha hecho con ese dinero para mejorar las condiciones de vida en su nación y por lo cual, sigue expulsando personas que prefieren exponerse a morir en manos de un agente policiaco, un “coyote” o la delincuencia organizada al cruzar por México, que quedarse a morir de hambre o en manos de las pandillas centroamericanas.
Por supuesto, el maltrato y persecución de los migrantes en territorio mexicano ya ha recibido condenas internacionales por parte de organismos como la propia Organización de las Naciones Unidas, que exigió al gobierno de López Obrador “respetar los derechos humanos” de las personas en tránsito tras los violentos operativos para disolver las caravanas que, con todo y eso, no cesan en su intento por llegar a Estados Unidos, el destino final que todos tienen fijado. El mismo que tuvieron los mexicanos que a día de hoy mantienen a flote al país gracias a las remesas que envían y que el régimen “presume” como logros propios.
Es por ello que resultan absolutamente grotescas las justificaciones del régimen en voz de quienes alguna vez fueron referentes respetados de la defensa de los derechos humanos de los migrantes y que, con la llegada del lopezobradorismo al poder, se volvieron vulgares paleros del régimen.
Es sin duda el caso del sacerdote Alejandro Solalinde, quien dejó en el olvido la causa migrante para justificar lo injustificable con absurdos tales como que “se está mandando a migrantes y niños a provocar”, porque según él “Estados Unidos no puede aceptar un gobierno como el que tenemos” y, en su extravío moral y ético, ahora dice que detrás de la migración masiva –como la que defendía hace tan solo una década- hay “mano negra” para “golpear” a López Obrador.
Solo le faltó decir que antes no había migración y que se “inventó” para “desprestigiar” a la “4t” que, huelga decir, no necesita ayuda para eso. Su verdadero rostro quedó a la luz.
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