Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
“Un hombre se mide por lo que hace cuando tiene poder”: Platón
- Militarización inútil; sexenio sangriento
- Captura del Estado por el crimen organizado
- Víctimas: niños, mujeres, políticos, periodistas
- Huachicoleo persiste; AMLO presume ahorros
Ciudad de México, 14 de julio de 2024.- La violenta ejecución de dos hombres en el casino Big Bola ubicado en la plaza de Sinfonía Distrito Sonata, en Lomas de la Angelópolis II, en Puebla, quienes fueron asesinados con múltiples balazos por dos sicarios y se dieron a la fuga en un vehículo Kia rojo, es sólo otro número más en una estadística sexenal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a cuyo cierre las víctimas mortales en este tipo de hechos superarán las 200 mil y las autoridades de los tres niveles sólo toman conocimiento de los hechos y recogen los cadáveres, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos, políticos, candidatos y funcionarios, más de 12 mil niños y más de 15 mil mujeres, además de criminales e integrantes de las Fuerzas Armadas y policías, sin contar las más de 114 mil personas desaparecidas. La impunidad persiste y las masacres siguen sucediendo en territorio mexicano donde cada 19 horas ocurre una.
“Preferiste la traición y la complicidad con la muerte”, le recriminó a AMLO en su séptima carta abierta el poeta Javier Sicilia, conocido por su participación en el movimiento por la paz, tras el asesinato de su hijo en 2011. Con desilusión y enojo le reprochó el abandono de los compromisos hacia las víctimas de la violencia en México. El activista denunció el abandono de promesas clave, como la creación de políticas efectivas orientadas a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la violencia y violaciones de derechos humanos, acciones que nunca se concretaron dentro del programa de gobierno lanzado en diciembre de 2018.
Señaló el establecimiento de una Comisión de la Verdad para Ayotzinapa como un esfuerzo aislado que no reflejaba un verdadero compromiso con la justicia transicional, caso que sigue sin resolverse en medio de promesas al finalizar el sexenio. Además, abordó la militarización de la seguridad pública, una medida que, argumenta, ha profundizado la crisis humanitaria al entregar el control de instituciones civiles a las Fuerzas Armadas y socavar los esfuerzos de las víctimas y sus familias por construir instituciones de apoyo y justicia. “Si no eres un dictador, tu megalomanía se asemeja bastante a la de ellos”, escribió refiriéndose a López Obrador y su administración.
Sicilia rememoró los momentos de resistencia y búsqueda de justicia por parte de las víctimas de la violencia, como la marcha de enero de 2020 de Cuernavaca a Palacio Nacional tras la masacre de la familia LeBarón, que terminó en desprecio por parte del gobierno. El autor concluyó advirtiendo que la actual trayectoria del país no sólo es el resultado de la administración actual sino también de un sistema político corroído cuyos problemas de fondo requieren una “refundación” que enfrente la captura del Estado por el crimen organizado y busque la restauración de justicia a través de principios de justicia transicional.
López Obrador privilegió en su gestión la militarización, el desmantelamiento de la política de prevención y rehabilitación y la criminalización de la población consumidora de drogas.
En el ocaso de su administración, deja un país militarizado y violento, políticas públicas insuficientes y a los consumidores como el eslabón más vulnerable y castigado, de acuerdo con el informe Radiografía de la prohibición, política de drogas en México 2018-2024, elaborado por Elementa. Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa, concluye esos resultados están altamente relacionados con la estrategia del mandatario y su visión de la problemática de las drogas. La visión moralista del presidente legitimó y fortaleció el rumbo de sus antecesores en materia de política de drogas y desdibujó casi todas las medidas. Para diciembre de 2023, entre Guardia Nacional y fuerzas armadas había 286 mil 449 elementos desplegados en todo el país, un aumento de más del 400 por ciento respecto al inicio del sexenio, cuando la cifra era de 54 mil 980. Las cifras de la letalidad militar son altas: entre 2019 y 2024 por cada militar fallecido en algún enfrentamiento hay 12 agresores fallecidos.
A la par de esos números están los cambios legislativos que dieron más poder, dinero y legitimidad a las fuerzas armadas; las ejecuciones extrajudiciales, las 61 masacres de jóvenes registradas durante lo que va del sexenio y las más de 114 mil personas desaparecidas. La profunda militarización de la seguridad llevada a cabo por el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) no resolvió el problema de la violencia, al contrario, lo agudizó.
Sobresale la matanza del municipio de Salvatierra, Guanajuato, donde la madrugada del 17 de diciembre de 2023, once jóvenes fueron asesinados durante una posada realizada en una exhacienda de la comunidad de San José del Carmen. Fue sólo un número, la masacre 61 en esta administración federal, en la cual el crimen organizado también mató a menores de edad.
Al día siguiente, desde su templete mañanero, López Obrador declaró: la matanza de los jóvenes estaría relacionada con los altos niveles de consumo de drogas en la zona. “Ya son varios casos así y es un problema –yo consideró- estructural, de fondo, algo que se dejó crecer”, señaló. No obstante, legisladores de la oposición responsabilizaron al gobierno federal y culparon al mandatario de quitarle a los criminales el miedo a las autoridades, principalmente al Ejército mexicano.
“Traen de fiesta a los criminales porque les dan abrazos”, señaló el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares.
Una constante en el gobierno federal actual son las cifras de violencia. De acuerdo con el recuento de Causa en Común, los medios de comunicación reportaron dos mil 130 multihomicidios entre el 1 de enero de 2020 y el 16 de diciembre de 2023. Trágicamente destaca el caso de la mencionada masacre de Salvatierra, Guanajuato, donde sujetos desconocidos asesinaron a 11 jóvenes de 16 a 36 años y dejaron heridas a otras 14 . “Todos eran amigos, todos eran conocidos.
Es una generación a la que lastiman”, dijo Angélica Zamudio, tía de uno de los asesinados. AMLO no quedó conforme con la investigación de la Fiscalía de Guanajuato y afirmó: “falta trabajar más, no es suficiente la versión de los hechos a cerca de que porque no los dejaron estar en la fiesta fueron a buscar gente armada y como venganza asesinaron a los participantes en la fiesta, muy lamentable esto”.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, sostiene que el asesinato de niños, como Dante Emiliano, quien recibió tres impactos de bala en el abdomen, en Paraíso, Tabasco, el pasado 21 de mayo, responde a que “la violencia armada se ha generalizado en todo el país”, y ha cobrado la vida de más de 12 mil personas entre 0 y 17 años en esta gestión federal, “en el contexto de la militarización del país y obviamente la circulación de más de 16 millones de armas ilegales que han tenido entre sus víctimas a la infancia mexicana por la llamada “guerra contra el crimen organizado”, lanzada en 2007 por el expresidente Felipe Calderón, la cual fue seguida en la administración de Enrique Peña Nieto y agudizada en el de Andrés Manuel López Obrador.
“Llevamos 17 años de entregar la vida y la sangre de niñas, niños y personas jóvenes, cada día hay 7 homicidios de esta población, y se han acumulado 22 mil personas de cero a 17 años asesinados, y sólo en esta administración más de 12 mil”, dijo Pérez García, quien fundamentó sus cifras en la sistematización que hizo la Red por los Derechos Humanos de la Infancia en México (REDIM) con información recabada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESSP) desde 2015. En el gobierno de la 4T se cometen “el equivalente a 6.7 homicidios de niñas, niños y adolescentes al día”, precisó REDIM.
Los estados en los que mayor prevalencia de homicidios de personas de cero a 17 años han ocurrido en esta administración son Guanajuato, Michoacán y Estado de México. Para Pérez García, los datos oficiales arrojan que la política de seguridad “cómo se está haciendo, claramente es equivocada y está teniendo altos costos contra niñas, niños y adolescentes que tienen derecho a una vida libre de violencia”. Y puntualizó: “el negocio de la guerra es multimillonaria y beneficia a todas las partes; al ejército, a las autoridades –municipales, estatales y del gobierno federal- y por supuesto a los grupos criminales. El defensor resaltó: “de cada cien carpetas de investigación que se abren en las que los niños y niñas son víctimas, 97 quedan impunes y sólo 3 carpetas llegan a algún tipo de sentencia y casi siempre resoluciones favorables a los agresores”.
Asimismo, cada año son asesinadas en México más de 3 mil mujeres, sin embargo, sólo el 25 por ciento se investigan bajo protocolos de feminicidios; nuestro país se ubica como el segundo con más víctimas por razones de género en Latinoamérica y en lo que va de la administración de López Obrador ya superan las 5 mil víctimas. Hasta enero de 2024, la administración de AMLO sumaba 4 mil 817 carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio. El Estado de México es la entidad más violenta para las mujeres, seguido de Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Jalisco. 2021 fue el año con más casos documentados, el segundo de confinamiento por la pandemia de Covid-19 los feminicidios se elevaron hasta 981; el año menos violento fue 2023. Las fiscalías están haciendo pasar los feminicidos como homicidios para que las cifras “bajen”.
“Según el gobierno ya bajaron las cifras, según ellos; no es que hayan bajado, lo que pasa es que desde 2018 el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo en ese momento que los feminicidios ya se iban a investigar como homicidios dolosos porque a sus ministerios públicos les costaba mucho trabajo poder acreditar las razones de género”, explicó la activista Irinea Buendía. Otra estadística preocupante es la relacionada con el número de feminicidios infantiles documentados por la organización Aquí Estamos; según datos recogidos en los últimos cinco años, han sido asesinadas 341 niñas por razón de género, 45 de ellas en 2023. Entre los integrantes de sus familias suele estar el o las responsables, mientras que las causas de muerte van desde los golpes, apuñalamiento, degollamientos y disparos con arma de fuego; algunas niñas presentaron señales de violación y tortura. Los estados con más feminicidios infantiles son Estado de México, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Ciudad de México y Oaxaca. La mayoría de las víctimas tenía entre 10 y 17 años.
EJECUCIÓN DE PERIIODISTAS, POLÍTICOS Y CANDIDATOS
Durante el gobierno de López Obrador se han registrado 3 mil 408 agresiones contra la prensa, desde el primero de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, incluidos 44 asesinatos y cuatro desapariciones. Esto representa, en promedio, una agresión cada 14 horas y un incremento respecto al anterior sexenio, de 62%, documentó la organización Article-19 en Derechos Pendientes, informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México. El gobierno mexicano reconoció: en los últimos tres años se han registrado 20 asesinatos de periodistas, cifra que coincide con lo reportado por Artículo 19.
Las agresiones más comunes contra la prensa durante el actual sexenio son intimidación y hostigamiento: 25.82%; amenazas, 20%; uso ilegítimo del poder público, 12.68%.
Otro patrón es el acoso judicial, del cual se documentaron 158 casos, esto equivale a que cada mes se abrieron 2.4 procesos legales contra periodistas y medios de comunicación por sus publicaciones e investigaciones. Como parte de esas agresiones documentadas por la organización se desplegaron en el país 248 campañas de desprestigio contra la prensa, se documentaron 224 discursos estigmatizantes por medios de comunicación oficiales y se registraron 179 agresiones en las mañaneras. “El gobierno federal desplegó, principalmente mediante las llamadas mañaneras, una estrategia de desinformación, que acompañó de la cancelación efectiva de procesos legales de acceso a la información y del ataque a voces críticas a las que identifica como adversarias”, señaló Lepoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
Destaca en ese informe, en cuanto a los perpetradores de la violencia, el Estado mexicano, por intermedio de sus autoridades, y se mantiene como el principal agresor de la prensa, con mil 559 agresiones, equivalente a 45.7% del total. Después de las autoridades están los particulares, como individuos o empresas, que agredieron a la prensa en 673 ocasiones o 19.75% del total. Le siguen los integrantes de grupos de delincuencia organizada con el 8.22 por ciento y finalmente los partidos políticos con el 4.34%. “Las violencias contra la prensa son posibles por las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales, por ello es imperativo romper el pacto de impunidad y es urgente frenar el avance paulatino de las llamadas zonas de silencio”, alertó el directo de Artículo 19.
Adicionalmente, Maldonado informó: también se documentó el asesinato de al menos 16 personas buscadoras y la desaparición de una más. Se evidenció el ocultamiento de información a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a quienes se les han negado los archivos de inteligencia militar sobre la desaparición de sus hijos”.
El proceso electoral 2023-2024 ha sido el más violento en la historia moderna de México con 889 víctimas, incluyendo el asesinato de 39 aspirantes o candidatos a algún cargo de elección popular, reportó la firma Integralia Consultores en su balance final sobre violencia política en el país. El análisis de la firma comprende el periodo que va desde septiembre de 2023 hasta el 2 de junio, día de las elecciones generales, el cual registró mayores niveles de violencia que los procesos electorales de 2018 y 2021, con un incremento del 197.3% en comparación con 2021 y 132.7% frente a 2018. La violencia se concentró en las regiones del centro, occidente y sureste del país, principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas.
El balance de Integralia señala que el crimen organizado “sometió a muchos municipios para fortalecer sus redes de impunidad”. “75 por ciento de los ataques contra candidaturas se concentró en el ámbito municipal. Del mismo modo, 92% de los aspirantes asesinados buscaban un puesto de elección en dicho nivel de gobierno, principalmente presidencias”, añade el documento, el cual refiere: “los datos sugieren que la violencia política fue un factor determinante en algunos resultados de elecciones locales”.
DE LOS PASILLOS
Las tomas clandestinas para la ordeña de combustibles aumentaron en un 123 por ciento en los primeros cinco años del sexenio de López Obrador, con respecto al mismo periodo de la gestión de Enrique Peña Nieto. De 2019 a 2023, Pemex contabilizó 64 mil 32 piquetes en su sistema de distribución, la cifra más alta en la historia de la empresa. A plena luz del día es posible constatar la venta de combustible ilegal en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional. Tras darse a conocer la proliferación de piquetes en 2019, el presidente puso en marcha una estrategia contra el robo de combustible que implicó el cierre ductos y el transporte de combustible por pipas.
Sin embargo, los huachicoleros aceleraron esa práctica ilegal, principalmente en los ductos que van desde Tuxpan, Veracruz, a la refinería de Tula, Hidalgo. Lo mismo ocurre en las tuberías que van de Tula a la CDMX y a la Refinería de Salamanca, así como hacia el estado de Jalisco; también son afectados los ductos que atraviesan Tabasco, Veracruz y Puebla. Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jueves AMLO aseguró su gobierno ha logrado ahorrar 330 mil millones de pesos gracias a las medidas implementadas para combatir el huachicol. Pero nadie sabe dónde están esos recursos…
Para destacar en el deporte mexicano tal parece se requiere enfrentar los obstáculos de autoridades deportivas sin compromiso con el desempeño de nuestros atletas. Los casos de mexicanos en competencias extranjeras, quienes no han recibido apoyos de la Comisión Nacional del Deporte encabezada por la exvelocista Ana Guevara se multiplican, mientras se acumulan las denuncias en su contra por su negligente desempeño, desvío de recursos y a la fecha total impunidad.
Es el caso de la mexicana Sofía Reynoso, quien se clasificó a los juegos olímpicos de París 2024 en la especialidad de canotaje slalom, y lo hizo sin entrenador, gracias a su hermanos Antonio y Fernando, quienes se encargaban de revisar los videos de las competencias para hacer correcciones durante el ciclo olímpico francés. Los descensos por los ríos de Chile, Perú y Estados Unidos han sido desafiantes para Sofía, quien tiene 27 años, practica kayak desde los 10 y es doble medallista panamericana.
