Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lanzó una advertencia contundente al inicio de la sesión del jueves 3 de octubre de 2024: la posibilidad de que la SCJN incurra en un “golpe de estado” al aceptar a trámite las consultas que buscan detener la reforma constitucional al Poder Judicial, promulgada recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Durante la sesión, Batres Guadarrama, junto a las ministras Loretta Ortíz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, se pronunció en contra de que la SCJN revise dicha reforma.
La ministra argumentó que aceptar esas consultas sería una usurpación de facultades que no corresponden al organismo. “Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes», advirtió.
El debate surge tras la promulgación de una controvertida reforma al Poder Judicial, que ha generado protestas y amparos por parte de jueces y magistrados, quienes alegan que las modificaciones atentan contra la independencia judicial.
La SCJN, con ocho votos a favor y tres en contra, decidió dar paso a la revisión de la constitucionalidad de la reforma, a pesar de las advertencias de Batres y otras ministras. Esta decisión permite que el tribunal evalúe si las enmiendas violan la Carta Magna.
Una división en la SCJN
Batres fue categórica en su crítica al proceder del tribunal: “La Suprema Corte estaría dando un auténtico golpe de estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder reformador», señaló. A su juicio, la SCJN no tiene la facultad de intervenir en una reforma ya aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. Argumentó que, de hacerlo, la Corte se colocaría por encima de los otros poderes, algo que “ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX” sucedió.
Sin embargo, otros ministros no compartieron su postura. Entre los que votaron a favor de someter la reforma a revisión constitucional destacan Javier Laynez Potisek, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, y la propia presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, quien jugará un rol clave en la suspensión o no de las modificaciones mientras se analiza su legalidad. Ellos consideran que la Corte tiene el deber de analizar cualquier reforma que pueda vulnerar la independencia del Poder Judicial.
Contexto político y elecciones judiciales
Este debate se desarrolla en un momento crucial para el sistema judicial mexicano. Mientras la SCJN discute la constitucionalidad de la reforma, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado inicio al proceso electoral extraordinario para elegir nuevos jueces, magistrados y ministros.
Las elecciones están programadas para el 1 de junio de 2025 y serán un evento histórico en el país, ya que permitirán que estos altos cargos del Poder Judicial sean elegidos por votación popular, una de las medidas más polémicas de la reforma.
Paralelamente, la Cámara de Senadores trabaja en los procedimientos para registrar a los candidatos que competirán en estas elecciones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que la convocatoria se publicará el 15 de octubre de 2024. Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, ha denunciado que la SCJN ha puesto obstáculos en la entrega de información necesaria para el proceso electoral, lo que ha generado tensiones adicionales entre los poderes.
La reforma judicial bajo escrutinio
La reforma judicial ha sido objeto de intenso debate desde que fue propuesta. Sus críticos, como los jueces y magistrados que presentaron amparos, temen que la independencia judicial esté en riesgo, particularmente con la medida que permite la elección de jueces por voto popular. Argumentan que esta medida puede politizar el sistema judicial y debilitar su capacidad para actuar de manera imparcial.
La SCJN, al aceptar revisar la constitucionalidad de esta reforma, tendrá que sopesar estas preocupaciones junto con las expectativas de un gobierno que ha defendido la medida como un paso hacia la democratización del Poder Judicial. Mientras tanto, el país espera los resultados de este proceso, que podría tener consecuencias profundas para el futuro del sistema legal y la relación entre los poderes en México.
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