Por Aurelio Contreras Moreno
Aunque ya a nadie le sorprende que aquello de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” se haya quedado en el nivel de la simple retórica de campaña, lo que sí es de llamar la atención es que en gobiernos como el del estado de Veracruz haya incrustados tantos personajes cuyas malas prácticas, asociadas a presuntos actos de corrupción, son no solamente conocidas, sino recurrentes y persistentes.
Es el caso, por ejemplo, del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), dirigido en el membrete por David Fernando Pérez Medellín, pero en donde el que hace y deshace es un mediocre ex futbolista de los Tiburones Rojos del Veracruz, Francisco Bravo Bravo, quien funge como subdirector administrativo del organismo.
Entre otras cosas, este sujeto ha sido señalado por retener los recursos para el pago de becas para atletas que desde mediados del pasado mes de enero fueron transferidos al Instituto Veracruzano del Deporte por la Secretaría de Finanzas y Planeación, colocando a los beneficiarios en una situación de indefensión. A pesar de las protestas, no hubo explicación alguna por parte del organismo para justificar esta omisión.
Pero no es ésta la única “hazaña” de “Paco” Bravo, como es conocido en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde tiene un largo historial. Durante su gestión como director de Fomento Deportivo del Ayuntamiento de Veracruz en el cuatrienio de Ramón Poo Gil, fue acusado de invertir recursos federales de manera irregular en dos unidades deportivas cuyos terrenos no pertenecen al gobierno municipal.
Además, el actual regidor tercero del mismo ayuntamiento porteño, Miguel Hermida Copado, señaló en el pasado mes de febrero que durante los primeros diez meses de 2018, la Dirección de Fomento Deportivo recaudó la misma cantidad recursos que lo que la anterior administración ingresó a las arcas municipales en cuatro años, revelando, por lo menos, una pésima gestión y la sospecha de actos de corrupción.
La más reciente jugarreta de Bravo Bravo sucedió durante la Olimpiada y Paralimpiada Estatal Juvenil Veracruz 2019. De acuerdo con información hecha llegar a quien esto escribe por los afectados, dos días antes de su inauguración, el pasado 15 de marzo, la empresa que se encargaría de la organización y producción del evento fue despojada del mismo, el cual le fue asignado directamente por el subdirector administrativo y por el titular del órgano interno de control del IVD, Luis Antonio Hernández Reyes, a una compañía de Fortín de las Flores, denominada “Multiservicios”, que, según esto, no mencionó a nadie como representante legal ni firmó el contrato entregado al Instituto Veracruzano del Deporte.
La razón del cambio fue que la empresa escogida originalmente por el director del IVD, David Fernando Pérez Medellín, se negó a pagarle a Francisco Bravo un presunto “moche” del 30 por ciento del total del monto a facturar, por lo cual el ex futbolista prefirió buscar a alguien más “razonable”. “Ése es el pase de autorización de los servicios para entrar a la corrupción que sigue generando Paco Bravo y su grupo”, afirman los afectados, que se quedaron al garete, sin que el IVD les pague lo que ya habían invertido en la producción del evento inaugural.
Poco después de haber asumido el cargo, el propio director del IVD, David Fernando Pérez Medellín, admitió que tenía tres días de haber conocido a Francisco Bravo, revelando con ello que su nombramiento provenía de otra parte. ¿Quién será el “protector”?
Estas prácticas de innegable corrupción eran comunes y corrientes durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa. Incluso, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares también hubo señalamientos de este tipo. Entre sus consecuencias están la bancarrota de varias empresas y proveedores gubernamentales, obras y servicios no prestados ni construidos pero sí pagados, y una rapacidad que terminó por colapsar al estado. El IVD fue uno de los múltiples “pozos sin fondo”.
¿Será que con Cuitláhuac García los “moches” también serán requisito sine qua non para “trabajar” con el gobierno estatal?
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